Un crecimiento con rostro humano

El pasado noviembre expuse en estas páginas mis dudas sobre la gestión económica del Gobierno anterior y sostuve que había mucho que cambiar. El deterioro de las clases medias y los aumentos de desigualdad, pobreza y precariedad laboral, derivados principalmente del recorte de gastos y de la reducción salarial, habrían impedido la participación generalizada de la población en los beneficios del crecimiento.

El nuevo Gobierno, forzado por la amenaza populista y por su minoría parlamentaria, parece modificar algunas posturas. Así podrían interpretarse ciertas afirmaciones del Ministro de Economía sobre España y Europa en declaraciones a este periódico: “La desigualdad es lacerante y resurgen populismos… Los riesgos políticos hacen necesario un cambio de política económica… La política fiscal debe jugar un papel (más expansivo) tras el ajuste”.  Y, en la misma línea, dos decisiones del Gobierno: subir impuestos para disminuir el déficit tras años de hacerlo recortando gastos y aumentar el salario mínimo después de mucho tiempo reduciendo salarios para competir. ¿Una nueva política económica? Dudoso.

Porque no habrá cambio significativo mientras se siga identificando el éxito económico con el ritmo de crecimiento del PIB y la creación de empleo precario. Los organismos internacionales utilizan un criterio más relevante para medir la prosperidad socio-económica de los ciudadanos: el crecimiento inclusivo. Un concepto que integra el crecimiento del PIB con un índice de progreso social compuesto por múltiples indicadores, entre los que destacan la igualdad de oportunidades y la participación de todos en el crecimiento. Un crecimiento con rostro humano, no una cifra indiscriminada.

De haberse aplicado este criterio no hubieran surgido en nuestras sociedades amplias mayorías insatisfechas, expuestas, además, a ser deslumbradas por los Trump de turno con el señuelo de los populismos o las radicalizaciones de diverso signo. No podemos continuar así, hemos de generalizar los beneficios del crecimiento y reducir la brecha social. En el caso español y para afrontar las principales causas que nos alejan del crecimiento inclusivo (recortes de gastos y reducción salarial), quisiera proponer dos medidas de hondo calado: una reforma fiscal que fortalezca el Estado de bienestar (educación, sanidad, pensiones y dependencia) y una competitividad basada en aumentos de productividad, no en disminuciones de salarios.

¿Por qué una reforma fiscal? Evidentemente, hemos de reducir nuestro déficit público, el segundo mayor de Europa. Pero no recortando gastos sociales e inversión, porque crean desigualdades y reducen productividad. Es, además, un mito creer que nuestro gasto público sea excesivo: gastamos menos que la media europea con una cartera similar de servicios. Aunque todavía existe margen para recortar algunos gastos, estimo prioritario mejorar su eficiencia con reformas, como, por ejemplo, una reestructuración integral del gasto sanitario.

El problema de nuestro déficit son los ingresos. Recaudamos poco pese a tener tipos nominales elevados: nuestros ingresos/PIB son cinco puntos inferiores a los europeos. Esta insuficiencia no obedece solo al fraude fiscal sino a nuestro sistema impositivo necesitado de una profunda reforma. Una reforma que reestructure todo el sistema tributario, que incluya la financiación de la Seguridad Social y de las autonomías, que incorpore aportaciones de los principales grupos parlamentarios y que cumpla los requisitos de suficiencia, eficiencia y equidad.

Suficiencia para financiar un Estado de bienestar pleno, con fondos también para la dependencia y recursos impositivos para complementar la financiación de las pensiones y mantener su poder adquisitivo. Esto exige, sin duda, luchar eficazmente contra la economía sumergida y el fraude fiscal (alrededor de 80.000 millones de euros) no precisamente mediante amnistías fiscales, sino dotando a la Agencia Tributaria de los recursos humanos necesarios (unas 20.000 personas más para equipararnos a Europa) y persiguiendo los grandes nichos de fraude.

Eficiencia basada en la simplicidad, la neutralidad y en reducir las distorsiones impositivas sobre actividad y empleo, así como en disminuir los beneficios fiscales. Equidad que, partiendo de la persecución del fraude, diseñe un IRPF más progresivo, equipare tributaciones de trabajo y capital, grave los beneficios reales de las grandes corporaciones e incluya alguna imposición a las grandes fortunas. En definitiva, un sistema fiscal que financie el Estado del bienestar, no desincentive actividad y empleo e incorpore mayor progresividad.

¿Por qué competir en productividad? Porque los crecimientos de productividad absorben los aumentos salariales sin trasladarlos a precios ni reducir beneficios, mejorando competencia, crecimiento y empleo. El problema es que como las medidas para aumentar productividad producen efectos a largo plazo, no son prioritarias para nuestros gobernantes cuyo horizonte temporal no suele rebasar las elecciones siguientes. En consecuencia, tenemos en España una productividad del total de factores (capital físico y humano) en continuo descenso y una productividad del factor trabajo que crece históricamente en torno a la mitad que en Europa y un tercio que en EE UU. Por eso hemos competido reduciendo salarios.

¿Cómo se aumenta la productividad? En primer lugar, mejorando el capital humano, es decir, el proceso global de educación. Es un clamor ensordecedor del país la demanda de un gran pacto para reformar nuestro sistema educativo. Una reforma que debe afectar a todo el sistema, ser consensuada por los grandes partidos, concebida para durar y estudiada por un equipo interdisciplinar competente con predominio de expertos de la comunidad educativa.

En cuanto a los diferentes sectores de la educación, estimo prioritarias las reformas tanto de la enseñanza primaria para alcanzar una gran calidad como de la formación profesional que eleve significativamente su nivel y prestigie sus titulaciones. Convendría, también, crear un modelo de pocas y eficientes universidades, autónomas, competitivas y con igualdad de oportunidades; realizar una formación continua empresarial impartida por profesionales cualificados e impulsar políticas de formación para crear empleo. Aunque sus efectos serán a largo plazo, la reforma favorecerá expectativas e impulsará inversiones a corto.

Soslayaré el segundo factor para aumentar la productividad, el incremento de capital físico, cuya evidencia no creo necesario explicar. Sí estimo importante destacar algunas propuestas sobre los factores tecnológicos e institucionales, especialmente relevantes para la productividad como subraya BBVA Research. Primero, intensificar la afluencia de recursos empresariales y presupuestarios a I+D+i y aplicarlos de forma eficiente. Segundo, aumentar nuestro tamaño medio empresarial íntimamente ligado a la productividad. Según Rafael Doménech, del BBVA, alrededor del 75% de las diferencias de productividad con Alemania se explican por el bajo tamaño de las empresas españolas. Finalmente, mejorar aspectos que no exigen recursos, como unificar el mercado nacional, atajar la corrupción de las instituciones públicas y mejorar su funcionamiento, regular mejor los mercados para propiciar un mayor tamaño empresarial y acrecentar la colaboración tecnológica público-privada.

Ciertamente hay mucho que cambiar y existen alternativas: avanzar hacia una economía de crecimiento inclusivo que no compita en salarios sino en productividad y reforme su fiscalidad para financiar el Estado de bienestar.

Agustín del Valle es profesor de Economía y director del Observatorio Económico en EOI Escuela de Negocios.

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