Un cuadro alarmante

Por Joan B. Culla i Clarà, historiador (EL PAÍS, 09/02/07):

Definitivamente, pintan bastos para la España plural, para aquellas mañanas federales que cantó en su momento Pasqual Maragall, para los anhelos de reconocimiento de la plurinacionalidad y los sueños de soberanía compartida que albergaban, no hace tanto, bastantes ciudadanos españoles de adscripción identitaria periférica. La involución está en marcha.

Y no me refiero ahora al clima de guerracivilismo moral que, vertido día tras día desde ciertos micrófonos y ciertas cabeceras de prensa, ha acabado anegando las calles de Madrid con gritos y consignas de odio y de muerte contra el adversario político. No me refiero tampoco a la apropiación y la exacerbación simbólicas que han convertido la enseña rojigualda y la Marcha Real en emblemas partidarios, en reclamos banderizos con los que, a muchas gentes de otras convicciones y otros sentimientos les va resultando cada vez más peliagudo identificarse. No me refiero siquiera -aunque algún día habrá que ocuparse de ello- al desplazamiento de la extrema derecha desde la marginalidad más o menos freakie hasta el centro mismo de la escena pública: ahí estaban, el sábado, todos sus grupos y grupúsculos arropados y legitimados en medio de las multitudes conservadoras, tiñendo con sus águilas franquistas y sus cruces de Borgoña la riada de cientos de miles de ciudadanos, cabe suponer que demócratas, por el paseo de Recoletos y la calle de Alcalá.

Con ser todo esto muy grave, me parecen más premonitorios e inquietantes otros síntomas. Que un escritor autocatalogado de izquierdas como Antonio Muñoz Molina, por ejemplo, pueda desplegar -hace un par de semanas, en estas mismas páginas- la supuesta panoplia de los “delirios” del Estado de las autonomías, y ello merezca el silencio aquiescente de la opinión progresista española. Permítanme recordar que el señor Muñoz Molina describía a los gobernantes autonómicos como una cuadrilla de paletos megalómanos y manirrotos, grotescos reyezuelos de taifas rodeados de cortesanos serviles y gorrones. A las administraciones por ellos presididas, el novelista andaluz las acusaba de perseguir el idioma castellano -de donde se deduce que sus tiros no apuntan precisamente hacia Murcia o La Rioja-, de adulterar la realidad geográfica e histórica tanto en los manuales escolares como en los mapas meteorológicos; y hasta los historiadores de esos siniestros andurriales llamados autonomías eran tachados de falsarios y manipuladores del pasado. Pero todo ello -y he aquí lo más preocupante del caso- sin ninguna base probatoria, sin un solo ejemplo, un dato, un nombre, una cita o una estadística que justificasen esas gravísimas imputaciones. ¿Para qué? ¿Acaso no resulta ya un dogma de dominio público que esto de tener comunidades con autogobierno y capacidad legislativa es un negocio tan ruinoso como nocivo? Pues las obviedades no precisan demostración.

Que tales prejuicios se están extendiendo como un cáncer lo ilustra otro ejemplo, aparentemente bien alejado de la política: el informe anual de la sección española de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Según dicho documento, los tres principales problemas para el desarrollo libre del periodismo en España han sido en 2006, a saber: el caso de José Couso (es decir, la impunidad en que permanece la muerte del citado cámara de televisión, el 8 de abril de 2003, en el Hotel Palestina de Bagdad), las amenazas de ETA contra varias decenas de profesionales de la información en el País Vasco… y la Ley del Audiovisual de Cataluña, “algunas de cuyas disposiciones resultan peligrosas para la libertad de prensa”. O sea, y en el mismo nivel de riesgo, el cañón homicida de un tanque norteamericano, las bombas-lapa o las pistolas etarras, y la ley aprobada con amplísima mayoría en un Parlamento democrático y aplicada por un organismo intachable como es el CAC (Consell de l’Audiovisual de Catalunya). Puesto que, hasta donde yo sé, RSF no se ha fusionado con la Cope y sigue siendo una ONG progresista, sólo cabe concluir que el discurso demonizador de las competencias autonómicas ha llegado muy, muy lejos.

Y, naturalmente, si ese discurso avanza imparable incluso por los ámbitos sociales e intelectuales menos derechistas, más pronto que tarde l’intendance suivra, como decía Napoleón. De hecho, la intendencia legislativa ya se ha puesto en movimiento, con transparentes propósitos de armonización autonómica y de recuperación competencial a favor de la administración del Estado: decreto sobre enseñanzas mínimas del Ministerio de Educación, ley de Dependencia y, en el horizonte, los proyectos loapizadores del ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.

Desde luego, la tentación gubernamental de poner coto a aquello que Muñoz Molina considera “delirios” centrífugos del Estado autonómico no es nueva, sino un fenónemo cíclico desde 1981. La preocupante novedad es la actitud del Gobierno Montilla y del tripartito que lo sustenta: su renuncia al fuero en nombre de la dádiva del huevo. Sí -declaraba el pasado lunes un alto dirigente del PSC-, el Consell Consultiu ha dictaminado que la ley de Dependencia es casi toda inconstitucional, pero “yo, ante la disyuntiva entre dar unos derechos a las personas o no dárselos en función de si invaden una competencia o no, soy partidario de dárselos. (…) Prefiero que invada competencias estatutarias pero que el ciudadano tenga unos servicios asegurados, a que se respeten las competencias pero no poder ofrecer tales servicios al ciudadano. Lo contrario es falso patriotismo”.

O sea, y como reza el refrán castellano, hágase el milagro, y hágalo el diablo. Si el diablo, además, es rico, siempre podrá recuperar competencias por vía de compra. Y si, como parece cada vez más probable, el Tribunal Constitucional se carga al final el Estatuto, ya nos arreglaremos con una Mancomunidad algo maquillada. ¡Todo, antes que caer en el falso patriotismo!