Un debate sobre la TV pública

Quienes hemos defendido siempre la tesis de que la televisión pública, que se ha beneficiado de la doble financiación procedente de la publicidad y de los presupuestos del Estado, realiza competencia desleal a las televisiones privadas hemos de ver forzosamente con buenos ojos el anuncio de Zapatero de una "reducción drástica" de la publicidad en RTVE. Sin embargo, el asunto es complejo y requiere mayores precisiones para que la medida tenga sentido y resulte, por tanto, satisfactoria.

La decisión gubernamental española, que se plasmará en la futura ley audiovisual, sigue evidentemente el rastro de las medidas adoptadas por Sarkozy en el país vecino, donde, en el marco de un plan de revitalización del sistema mediático, se ha iniciado una supresión parcial de la publicidad en las cadenas públicas hasta su completa desaparición en el 2011. La reforma francesa prevé compensar la pérdida de ingresos por esta causa con un nuevo impuesto que gravará la facturación de los operadores de telecomunicaciones --telefonía e internet-- y con un gravamen del 3% sobre la facturación de las televisiones privadas cuando supere los 11 millones de euros. En otras palabras, en Francia no hay intención de cambiar el modelo audiovisual mixto sino apenas de transferir el costo de la televisión pública desde los anunciantes a empresas del sector privado.

En España, tan solo se conoce al respecto lo manifestado por el presidente del Gobierno, si bien fuentes gubernamentales han insinuado que se descarta que para financiar RTVE se recurra al copago o a la imposición de un canon como el que rige en algunos países europeos (por si acaso, tanto las empresas audiovisuales como las de telecomunicaciones ya se han opuesto cerradamente a una fórmula a la francesa). En otras palabras, de momento hay razones para sospechar que lo que el Gobierno se propone es, simplemente, cargar la factura de RTVE a los presupuestos generales del Estado. Opción que resultaría totalmente inaceptable si no incluyera una reforma radical del audiovisual público, que en una segunda fase debería alcanzar, asimismo, a las televisiones autonómicas.

En efecto, el debate central que debemos abrir cuanto antes versa sobre si tiene o no sentido que RTVE mantenga canales de televisión comercial, dedicados al simple entretenimiento, en competencia con los restantes canales de la oferta televisiva. Cuando se procedió a la reforma de RTVE, en la legislatura anterior, que dio como principal fruto una exitosa neutralización ideológica del ente que lo ha prestigiado y lo ha apartado del debate político partidario, el espíritu de las nuevas normas especificaba cómo debería ajustarse la doble financiación: las televisiones públicas deberían sostener a su cargo sus emisiones de ocio y entretenimiento y serían subvencionados sus programas de servicio público. Este es también el objetivo de las directivas europeas con las que la UE pretende reestructurar el mercado audiovisual europeo, acabando con las distorsiones que introduce la actividad pública en él.

Así las cosas, y si se mantiene el mismo enfoque, que no hay por qué cambiar, la reducción de la publicidad en RTVE debería desembocar en la especialización de las cadenas estatales en las emisiones de servicio público y en el progresivo abandono de las de puro esparcimiento, con las que apenas se persigue conseguir audiencia.

Algunos todavía mantenemos cierto recelo ante la existencia de cadenas públicas de televisión, ya que no hemos entendido del todo por qué, si sería impensable que hubiese prensa pública en una democracia, se considera natural que pervivan audiovisuales estatales o autonómicos. A favor de su existencia hay, sin embargo, sólidos argumentos políticos y culturales que son respetables si se utilizan cabalmente y no como simple pretexto: la alta penetración del audiovisual puede aprovecharse para fines educativos, de difusión cultural, de proselitismo democrático, de plataforma electoral, de difusión de valores éticos, de información y divulgación, etcétera. Asimismo, la televisión estatal puede actuar positivamente a favor de la cohesión territorial y social. Si se reorienta en esta dirección, la reforma anunciada por Zapatero tiene sentido. En caso contrario, resultará muy difícil de justificar.

Junto al audiovisual estatal, existe en nuestro país el autonómico, también público, cuya reforma en algunas comunidades habrá que abordar también. Porque resulta sencillamente escandaloso que las televisiones de ciertas comunidades sigan siendo un instrumento político del Gobierno de turno, que en algún caso es utilizado abiertamente como herramienta de publicidad y propaganda.
En las comunidades con lengua propia, la televisión autonómica desempeña una función insustituible en la normalización de esos idiomas periféricos, por lo que tales cadenas merecen una consideración distinta. En los demás casos, la pervivencia de cadenas públicas que compiten comercialmente en el mercado sin otro carácter diferencial que su marcado sesgo político es un sinsentido que debe ser corregido. El cierre inminente del diseño autonómico tras las reformas estatutarias podría ser una magnífica ocasión para ello.

Antonio Papell, periodista.