¿Cuál debe ser la respuesta de los partidos ante la ruptura del alto el fuego? Ante todo, hay que abandonar cualquier tentación de uso político del terrorismo. De eso ya hemos tenido bastante durante el proceso de paz. El proceso ha fracasado porque ETA así lo ha querido. Es una decisión que han tomado los terroristas, no el Gobierno. Por eso resultan tan disparatadas las peticiones de dimisión de Zapatero.
Lo peor que puede suceder cuando lleguen los atentados es que los partidos sigan divididos. La división magnifica las consecuencias políticas de los atentados. Cuando la oposición critica al Gobierno por los crímenes de ETA, éstos adquieren una resonancia mucho mayor. Los etarras, seguramente, estarán muy agradecidos por las facilidades que la oposición les da.
¿Cómo reconstruir un consenso que sea efectivo frente a la amenaza de ETA? La respuesta más socorrida, pero también la menos adecuada, consiste en apelar al Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo firmado por el PSOE y el PP en diciembre de 2000. Ese Acuerdo ya no sirve por dos motivos.
Por un lado, basta recordar el propósito del artículo 1 del Acuerdo, más conocido popularmente como Pacto Antiterrorista: "Eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre nuestros dos partidos las políticas para acabar con el terrorismo". Si algo ha quedado claro en los tres primeros años de esta legislatura socialista, es que el terrorismo ha sido el principal asunto de confrontación electoral. El Acuerdo está muerto a todos los efectos por su incumplimiento sistemático.
Por otro lado, las circunstancias políticas son hoy muy distintas de las del año 2000. La principal diferencia es que el PNV ha rectificado el rumbo emprendido con el Pacto de Lizarra y es en estos momentos un actor crucial en la estrategia de completa marginación social y política de ETA. De ahí que no tenga sentido tratar de reeditar un acuerdo entre el PSOE y el PP que deje a los nacionalistas vascos al margen. Dicho acuerdo se hizo en buena medida en contra del nacionalismo soberanista que cristalizó en la tregua de 1998. Pero si todavía podemos esperar que el final de ETA esté muy próximo es porque el PNV ha entendido que las reformas políticas que desea sólo podrán producirse tras la desaparición del terrorismo.
Lo que hoy se precisa es un acuerdo político ajustado a la situación política actual. Para ello, hay que romper de una vez por todas con la inercia de pensar que la reciente ruptura del alto el fuego por parte de ETA nos devuelve al año 2000.
Los años sin asesinatos no han pasado en balde para ETA. Los etarras han evidenciado tanto su debilidad operativa como la ausencia de cualquier perspectiva estratégica sobre el uso de la violencia. Ya no pueden regresar a esquemas anteriores: ni la rendición del Estado ni el gran frente nacionalista son opciones viables. Sus seguidores son conscientes de que ETA se encuentra en una situación terminal, por mucho que en el futuro inmediato todavía puedan realizar algunos atentados mortales.
ETA carece de estrategia. Los atentados que pueda realizar son una huida hacia delante, tratando de retrasar una decisión sobre su final que a estas alturas ya sabe que es inevitable. El Gobierno de Zapatero consideró que era posible materializar ese final. Debido a la ausencia de asesinatos durante varios años, ETA no tenían motivos para entender que el ofrecimiento del Estado era fruto de la presión terrorista. Se pensó que con ciertas concesiones (beneficios penitenciarios, legalización de Batasuna, constitución de una mesa de partidos para consensuar un nuevo estatuto de autonomía entre todas las fuerzas, incluyendo la izquierda abertzale) ETA aceptaría una salida honrosa.
No ha sido así. Las cosas no han salido bien, por motivos que quizá sea demasiado prematuro precisar ahora. Pero que el resultado del proceso de paz no haya sido el esperado no quiere decir que el punto de partida y el planteamiento estuvieran equivocados. Este tipo de procesos son inciertos por naturaleza y dependen de la voluntad de actores con intereses opuestos.
Agotado el proceso de paz, el PSOE, el PP y el PNV, en lugar de enzarzarse en una serie interminable de reproches sobre la vuelta de ETA a la violencia, deberían unirse mediante un nuevo pacto que renueve el compromiso de dejar la política antiterrorista al margen de la contienda electoral y que esté abierto a todas las otras fuerzas democráticas que quieran incorporarse al mismo. Hay que abandonar el frentismo del año 2000 e incorporar a todos los partidos que estén dispuestos a ello. Si además del PNV se incorporan fuerzas como CiU e IU, tanto mejor.
Sería fundamental que además los partidos adoptaran un discurso ganador. Es insensato seguir alimentando las esperanzas de ETA y debilitando al Estado con el discurso de que el Gobierno estaba dispuesto a rendirse, o que el Gobierno ha salvado a ETA de una derrota segura. Esos argumentos no se sostienen. No había base alguna para sospechar que ETA pudiera conseguir una victoria sobre el Estado justo cuando su actividad criminal era la más baja de su historia. Igualmente, resulta difícil de creer que ETA hubiera permanecido tanto tiempo inactiva si el Gobierno no hubiera mostrado su disposición a hablar. Si en los últimos cuatro años la actividad asesina de ETA ha sido la más baja desde 1968, ha sido por la expectativa de llegar a un acuerdo con el Gobierno.
Habría que abandonar todos los análisis tendenciosos e implausibles. Cuando las fuerzas políticas vuelvan a unirse, incluyendo a los nacionalistas, ETA lo tendrá todo perdido. Es imprescindible, en este sentido, situar en sus justos términos la amenaza que hoy constituye el terrorismo vasco. Si el Gobierno ha fracasado con el proceso de paz es, entre otras razones, porque no ha conseguido persuadir a la ciudadanía de que estamos en la fase final de ETA. Un final convulso, pero no por ello menos definitivo.
Ignacio Sánchez-Cuenca, profesor de Sociología de la Universidad Complutense y coautor, con José María Calleja, de La derrota de ETA.