Un error no forzado

En una entrevista en estas páginas, a Joaquín Sabina le preguntaron sobre Fidel Castro, a lo que el incomparable cantautor respondió con una frase de las suyas: “Las revoluciones envejecen como las personas y algunas lo hacen mal”. Lo mismo podría decirse sobre Argentina, donde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cometió por razones puramente ideológicas un error no forzado la semana pasada que le costará caro al país en lo que queda de su mandato.

Apenas hace dos semanas escribíamos sobre el riesgo de un nuevo default en Argentina “antes de fin de año”. Pero la calamidad no esperó: se materializó el jueves. La situación de impago de la deuda es el producto del llamado “juicio del siglo” entre la República y los holdouts (fondos buitre) que no se sumaron a las reestructuraciones de deuda en 2005 y 2010. Hace casi 10 años que los holdouts están en litigio por bonos en la legislación donde Argentina los emitió —Nueva York— y cuentan con sentencias favorables en dos instancias así como el apoyo implícito de la Corte Suprema estadounidense.

A partir del fallo del controvertido juez Thomas Griesa, los pagos argentinos sobre la nueva deuda reestructurada fueron bloqueados para forzar al país a negociar con los fondos. Argentina no puede hacer una oferta mejor a los fondos que reclaman el pago del 100% de lo adeudado que al resto de los bonistas que se acogieron a la reestructuración de la deuda antes del 31 de diciembre de 2014, o se arriesga a un nuevo conflicto legal bajo la aplicación de la llamada cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers).

Entre la espada y la pared, hubo 30 días de estrepitosas negociaciones con un mediador judicial, pero los emisarios argentinos sólo se vieron cara a cara con los holdouts en los últimos dos días. Justo antes de la medianoche, apareció una opción elegante: que bancos privados argentinos compraran al menos parte de la deuda para así dar tiempo hasta enero de que se negocie un nuevo acuerdo global con todos los holdouts y no sólo con los litigantes más agresivos.

Y sin embargo, Cristina Fernández y su preferido, el ubicuo ministro de Economía Axel Kicillof, bloquearon en el último momento un acuerdo privado, quejándose de las garantías que pedían los bancos y que, por cierto, apoyaba el respetado banco central. Tan a última hora se frustró la operación que algunos diarios ya publicaban la noticia del acuerdo.

Antes de resolver completamente el último impago, Argentina ha recaído en otro. Con su usual retórica combativa, Kicillof cargó contra la semántica, insistiendo en que era una “pavada atómica” hablar de default cuando Argentina había intentado pagar. Cristina Fernández ovacionó una declaración tan épica.

El problema para la quijotesca dupla de Fernández de Kirchner y Kicillof es que fuera de su feudo poco importa la semántica. Las agencias calificadoras de riesgo —tanto las odiadas de Norteamérica como también la nueva en la muy comunista China— y la ISDA (International Swaps and Derivatives Association) declararon el default rápida y unánimemente. Existe ya el riesgo de que los tenedores de bonos que no recibieron su pago “aceleren” las reclamaciones con nuevos pasivos potenciales que quebrarían otra vez al país.

Tampoco serán solamente semánticos los efectos tangibles del default: de aquí hasta el fin del mandato de la actual presidenta en 2015 se profundizará la recesión, subirán más el paro y la pobreza, y la tan ignorada inflación será todavía más obvia, forzando devaluaciones más intensas del ya denigrado peso argentino.

Paradójicamente, la intransigencia kirchnerista también acelerará la transición política. Cuando se elige el precipicio sobre el pragmatismo, se genera una euforia nacionalista que es claramente momentánea. Sucedió así en 2001, cuando legisladores argentinos llegaron a aplaudir de pie el default, y también cuando Cristina Fernández anunciaba el no default rodeada de aplaudidores pagados. Pero lo que resta ahora son sólo malas noticias y las encuestas ya lo predicen. Al menos los presidenciables parecen entenderlo.

Se entiende que la situación legal era especialmente difícil, pero no se explica poner la ideología por delante de la realidad cuando está en juego la credibilidad del país. Nadie duda ya que las posibilidades de desarrollo argentino a largo plazo requieren una relación más estrecha con el mundo, lo opuesto del aislamiento al que nos devuelve un nuevo default.

A los autoritarismos les cuesta entender que la economía es epistemológicamente distinta a la política: la ideología no puede alterar realidades que no son teóricas, sino empíricas. Tanto el fascismo como el comunismo pudieron abolir el Estado de derecho, pero no así la ley de gravedad. Tarde o temprano, la manzana cae sobre la cabeza de Newton.

No envidio el trabajo de los funcionarios de Kicillof cuyo deber diario es negar la ley de la gravedad y pretender que el ministro neomarxista la ha suspendido mientras la presidenta aplaude. Si las revoluciones también envejecen, la kirchnerista ya se cae madura. ¡Qué final para una “década ganada”!

Pierpaolo Barbieri es asesor del Consejo sobre el Futuro de Europa de Instituto Berggruen para la Gobernanza.

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