Un error, por los principios y por las cifras

La Constitución fue fruto de tan gran consenso político precisamente porque se orilló en buena medida la pugna ideológica. La síntesis se facilitó recurriendo a principios universalmente aceptados por todos los demócratas, como por ejemplo los derivados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que impregnaron el Título I.

El déficit público es objeto de una ya histórica controversia entre las diferentes corrientes del pensamiento económico y sus expresiones políticas. Para dirimirla está la acción del Gobierno según sea su orientación y las leyes que a tal efecto elabore, como fue la de estabilidad presupuestaria de 2006, más útil y progresista que la de 2001 hecha por el PP, obsesionado por el déficit cero. Pero hacerlo solo a dúo PSOE-PP y a costa de la Constitución supone una involución respecto del talante con que esta se alumbró.

Si se hubiese actuado desde el PP con menos oportunismo partidista y desde la presidencia del Gobierno con más temple político (más exigible a un gobernante cuanto más fuertes son las turbulencias); si de verdad se buscaba generar confianza ante propios y extraños en la corresponsabilidad de los dos grandes partidos a la hora de manejar con prudencia las cuentas públicas presentes y futuras, ambos habrían reparado en el artículo 40, apartado 1, capítulo tercero de la Constitución española: “Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo”.

Este ejemplar mandato para procurar en cada momento el equilibrio entre democracia y mercado que nos brindaron los constituyentes, inteligentemente utilizado habría hecho innecesario el desbarajuste que han provocado los reformadores de la última hora.

Pero hay diferencias entre lo que apuntaba la Constitución y el nuevo redactado, puesto que ahora el primer precepto es: “Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria”. Con este tajante y preeminente mandato desaparece aquel equilibrio entre progreso y equidad con estabilidad económica. E inclina la Constitución hacia un lado, el de la derecha.

Y no porque la estabilidad presupuestaria sea de esa significación sino por establecerla por encima de cualquier política pública al margen de otros componentes del entramado fiscal del país y de los demás retos económico-sociales. Los socialdemócratas suecos la introdujeron en sus orientaciones de política económica (que no en su Constitución), al tiempo que construían un sistema impositivo fuertemente marcado porlos principios de equidad y de suficiencia, justamente para atender a políticas de gasto social redistributivas con las que alumbraron el potente Estado de bienestar sueco. Cristalizaron así el pacto keynesiano con el que, por un lado, sindicatos y empleadores comprometían la evolución de los costes laborales y la reinversión de una buena parte de los beneficios para potenciar el empleo, y, por el otro, el Estado internalizaba el esfuerzo con las políticas fiscales descritas para complementar los niveles de equidad que no procura el mercado por sí solo en la distribución primaria de la riqueza generada.

Situación bien distinta de la nuestra, en la que tras tantas reformas regresivas fiscales, estamos lejos de Suecia en equidad y solo somos suficientes para pagar nuestro magro andamiaje social cuando crecemos mucho, pero manteniéndose la deficiente redistribución de siempre. Para acentuar el desequilibrio constitucional, el nuevo artículo 135 amarra en su apartado 3 la “prioridad absoluta” del pago de los créditos de la deuda pública.

Que la cifra concreta de déficit estructural permisible haya sido atada con una ley orgánica no es más que un regate en corto que no ha evitado el gol constitucional y además lastra gravemente la capacidad de decisión de las nuevas Cortes que surjan de las urnas el próximo 20-N.

Este desaguisado doméstico tampoco aliviará nuestras angustias de financiación de la deuda. Quienes operan en ese mercado están ganando dinero gracias a las deficiencias de la arquitectura de la Unión Monetaria y no dejarán de hacerlo por cambios constitucionales aplicables a nueve años vista. Prueba de ello es que a pesar de los ajustes y reformas habidas desde mayo de 2010, la prima de riesgo no hizo más que crecer hasta sobrepasar los 400 puntos básicos. Pero cuando el Banco Central Europeo jugó ocasionalmente a primeros de agosto el papel que debería estar cumpliendo desde principios de 2010 para toda la eurozona, esto es, cuando compró bonos de Italia y España, bajó de golpe más de un tercio.

Ahora, aun habiéndose conocido el acuerdo PP-PSOE para reformar la Constitución, ha vuelto a repuntar. Por tanto, lo más inmediato debería ser concentrar los esfuerzos de todo europeísta que se precie, empezando por los que tengan responsabilidades gubernamentales, en convencer al Ejecutivo alemán para que asuma cuanto antes el segundo plan de ayuda para Grecia (la demora la estamos pagando todos) y la necesidad de emitir eurobonos.

Sin embargo, el mismo día en que socialistas alemanes y franceses anunciaban una iniciativa conjunta a favor del lanzamiento de los eurobonos, nuestro Gobierno optó por asumir las exigencias de la señora Merkel, dándole un serio revés a sus correligionarios europeos y al proyecto de reforzamiento de la Unión Económica.

Además, servir en bandeja la ruptura del consenso constitucional y jibarizar nuestro crecimiento económico para un largo y decisivo periodo ha sido un error político y económico de bulto. No se ha explicado suficientemente de dónde han salido las cifras incluidas en el acuerdo político: si de redondear cinco centésimas por arriba el límite de déficit estructural de Alemania o de cálculos más rigurosos que, no obstante, y dadas las circunstancias de la economía mundial, no pueden dejar de ser tan aleatorios que se parecerán al método del “ojo de buen cubero”. Porque aún con previsiones (teóricas e improbables al paso que vamos) de crecimiento en torno al 2,5% de media durante los próximos nueve años, en una economía que consume más de lo que produce como la nuestra, estaremos abocados a incurrir en déficits, y más aún de permanecer inalterable la política monetaria del BCE que potencia el superávit exterior de países como Alemania con gran capacidad de producción y demanda interna contenida. Por cierto, haría bien Trichet en pedirle a las autoridades alemanas que activen su demanda interna al igual que le pidió a Zapatero que recabase un nuevo Pacto de Rentas, quien a su vez obtuvo una respuesta inmediata y responsable de CC OO y de UGT.

Si hay una lección de esta crisis es que nuestro modelo productivo está periclitado, y si hay un reto inexcusable es el de acometer su cambio cualitativo. Para este cometido es una temeridad haber encorsetado el margen de la política a escala estatal en un 0,26% e igualmente lo es, tanto desde posiciones federalistas como jacobinas, dejarles los mismos recuelos del café (0,14%) a todas las autonomías por igual cuando registramos todavía notables desequilibrios internos.

Más prudente (y suficiente) habría sido mantenerse en el respeto al Pacto de Estabilidad comunitario y a nuestra Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2006, más adaptable a las exigencias que nos depare el futuro que la doble traba que formarán la Constitución reformada y la Ley Orgánica ya comprometida.

De momento, la mayor preocupación, también para los que nos aprietan en el mercado de la deuda, si son inversores inteligentes, es que no termine por ahogarse nuestro potencial de crecimiento, porque entonces sí, ni nosotros mantendremos los estándares sociales ni ellos cobrarán.

La ideología con datos que deforman la realidad es demagogia. Termina resultando injusta, al abundar en las desigualdades, y ridícula en cuanto queda desnuda en el páramo que suele dejar.

Por Antonio Gutiérrez Vegara, presidente de la Comisión de Economía del Congreso.

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