Una de las preguntas más recurrentes sobre la defensa militar es relativa a cuánto nos gastamos y cuánto nos vamos a poder gastar en un futuro próximo. De todos es conocido que recientemente hemos sufrido una crisis económica que ha repercutido, como no podía ser de otra manera, sobre la financiación de la defensa. Ello ha supuesto una reducción significativa de todos aquellos gastos que no son estructura, dejando para mejor momento modernizaciones, actualizaciones y la adquisición de algunos equipos y sistemas.
Se han empleado diversas fórmulas, contenidas en la Ley General Presupuestaria, con el fin de paliar las deudas que se venían acumulando a los proveedores de los Programas Especiales de Armamento, junto con la dotación puntual para cubrir las necesidades derivadas de la participación de España en Operaciones de Mantenimiento de la Paz.
Después de estos años de severos recortes es natural que volvamos a plantearnos en qué situación nos encontramos y cómo podría evolucionar el recurso financiero destinado a la defensa. Como sabemos, debido a los requisitos específicos de los equipos y sistemas de armas junto con las reducidas dimensiones de la industria europea de defensa, son necesarios grandes tiempos y recursos financieros desde que se identifica la necesidad y se determina la solución. Ello implica una planificación y programación de programas y proyectos diversos con el fin de alcanzar los niveles de capacidad necesarios para la defensa de España.
Como es lógico intuir, para especular sobre escenarios económicos específicos debemos comenzar analizando el marco económico donde nos movemos y su tendencia próxima. Para eso nos debemos fijar en los contenidos de documentos básicos por los siguientes motivos:
- Tratado de la Unión Europea, donde se recogen las líneas de política económica de obligado cumplimiento para todos los países miembros de la Unión.
- Programa Nacional de Reformas del Reino de España, documento donde se presentan ante la Unión Europea las actuaciones que se pretenden llevar a cabo dentro del ámbito de actuación competencia del Reino de España.
- Recomendaciones del Consejo, relativas al Programa Nacional del Reino de España, donde el Consejo supervisa la situación presupuestaria desde la óptica de coordinación de políticas económicas en la Unión.
- Presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2015, que contiene las líneas económicas del Gobierno de España, concordantes con las reformas planteadas ante la Unión Europea y tenidas en cuenta las observaciones realizadas por el Consejo.
Una vez realizada la lectura y análisis de las citadas fuentes, llegamos a unas consideraciones/conclusiones sobre el estado de la cuestión; es decir, sobre el marco económico donde nos estamos moviendo y su tendencia, caeteris paribus (manteniéndose lo demás constante). Todo ello va a moverse en torno a cuatro conceptos fundamentales: PIB, Gasto Público, Déficit Público y Deuda Pública. A continuación, vamos a comentar cada uno.
PIB. El escenario macroeconómico así como los indicadores económicos nos lleva a pensar que nos encontramos en la senda de recuperación de la economía española. El crecimiento medio anual del PIB en volumen del 1,3 por ciento en 2014, tras la caída del 1,2 por ciento de 2013, tiene una tasa esperada de hasta el 2 por ciento, en 2015. Dentro de esta favorable coyuntura, según las estimaciones de la UE del mes de febrero de 2015, las tasas de crecimiento de PIB han vuelto a ser revisadas al alza, situándolas en 2,3 y 2,5%, para 2015 y 2016 respectivamente. Otras Autoridades y analistas financieros incluso mejoran las previsiones.
Gasto Público. Durante los últimos años, por el lado de los gastos, las medidas han abarcado la práctica totalidad de las partidas presupuestarias. Así, los Presupuestos Generales del Estado para 2013 preveían una reducción del gasto de los ministerios del 8,9% en dicho ejercicio y una reducción del 4,7% en 2014. En 2015, la senda descendente busca continuar con el proceso de consolidación fiscal, en línea con los compromisos de reducción del déficit público, en el plazo y cuantía acordados, y con las necesidades de una estrategia de crecimiento sólida.
Déficit Público. El objetivo de estabilidad presupuestaria exige situar el déficit de la administración pública por debajo del valor de referencia del 3% del PIB en 2016. En los últimos años se ha producido una sustancial reducción del déficit público, medido en términos SEC 2010 (del 8,9% del PIB en 2011 al 6,3% en 2013). El Gobierno decidió acelerar el ritmo de consolidación fiscal en 2014, rebajando el objetivo de déficit hasta el 5,5 % del PIB, tres décimas menos de lo exigido por el Consejo ECOFIN de julio de 2013, el cual fijó unos objetivos intermedios de 5,8% en 2014, 4,2% en 2015 y 2,8% en 2016. Todo ello buscando alcanzar el 1,1% en 2017. En los dos próximos ejercicios presupuestarios seguirá reduciéndose hasta lograr el superávit. El aumento del gasto social y la menor recaudación, variables registradas en los últimos años han sido contrarrestadas con las medidas adoptadas desde el comienzo de la legislatura de reducción de gasto público y de aumento de ingresos, todas ellas necesarias para el saneamiento de las cuentas públicas.
Tras lograr la corrección del déficit excesivo, es preciso continuar aplicando un ajuste estructural hacia el objetivo a medio plazo no inferior al 0,5 % cada año, e incluso mayor si la coyuntura económica es buena o si resulta necesario para garantizar el respeto de la regla de la deuda con el fin de situar el elevado ratio de deuda de las administraciones públicas en una senda de descenso constante.
Deuda Pública. La Deuda Pública ha alcanzado a finales de 2014 el 100% del PIB. En tanto dicha deuda no sea reducida hasta los niveles inferiores a los establecidos en el Tratado de la Unión Europea (60 % en lo referente a la proporción entre la Deuda Pública y el Producto Interior Bruto a precios de mercado), debemos esperar que todo logro posterior a la corrección del Déficit, sea orientado a la reducción de la Deuda.
Llevando este análisis al ámbito de la financiación de la defensa, podemos concluir diciendo que, no es de esperar aumento de los gastos de Defensa; considerando como tales tanto los realizados con presupuesto corriente, como con Créditos Extraordinarios (PEAs) y Ampliaciones (OMP). En su conjunto estos gastos van a mantenerse más o menos constantes, a tenor de los porcentajes de gasto sobre PIB de ejercicios anteriores. Posibles variaciones de la suma de los recursos solo pueden entenderse dentro de un mantenimiento de la proporción que el Área de Gasto: Servicios Públicos Básicos (Justicia, Defensa, Seguridad Ciudadana y Política Exterior), ocupa dentro del dentro de los Presupuestos Generales del Estado.
Tcol. CINA. Jesús A. Perdices Mañas, Unidad de Programación y Seguimiento. DIGENECO-Oficina Presupuestaria.