Un Estado civil moderno, alejado del militarismo y el clericalismo tradicionales, de hecho no comenzó a construirse seriamente en España hasta el decenio de 1980. Dado el retraso histórico, el esfuerzo se ha encontrado con fuertes restricciones europeas y globales a su soberanía, a las que se han añadido algunas tendencias centrífugas de la descentralización territorial, por lo que, desde hace unos años, el Estado español ha comenzado a desinflarse.
Veámoslo con algunos datos. En el último año con Franco vivo, 1975, el gasto público español solo representaba alrededor del 25% del producto interior bruto (PIB), en contraste con un 40% en la mayoría de los países de Europa Occidental de la época. En el siguiente período, el gasto público casi se duplicó en términos relativos, hasta un máximo del 48% del PIB en 2012. Sin embargo, el Gobierno central controla solo un poco más de la mitad de ese gasto (un 53% en 2017), mientras que el resto está en manos de las comunidades autónomas y los municipios. Así, el gasto del Gobierno central es ahora tan pequeño en términos relativos como cuarenta años atrás (48% x 53% = 25%).
Es más: las tres cuartas partes del gasto público central se dedican a transferencias automáticamente reguladas, especialmente la Seguridad Social (sobre todo pensiones y prestaciones por desempleo), pagos de intereses y reembolsos de la deuda pública y otros compromisos a largo plazo fuera del poder de decisión gubernamental. Se puede estimar que si un Gobierno pretendiera modificar la asignación de gastos de todas las partidas del presupuesto estatal sería capaz de reasignar menos del 4% del PIB.
El tamaño del gasto público absoluto y relativo ha ido disminuyendo desde el rescate de las finanzas públicas y privadas españolas por la Unión Europea en 2012. Según los planes actuales del Ministerio de Economía, el gasto público total debería caer a cerca del 38% del PIB a principios del decenio de 2020, lo que implica un recorte de una quinta parte de su tamaño en diez años. Esto haría que el gasto del Gobierno central fuera bastante más pequeño, en términos relativos a la economía, de lo que era al final de la dictadura, ya que aterrizaría alrededor de un 20% del PIB.
Una consecuencia importante de esta reducción es el colapso de la inversión pública, que ha colocado a España en el último lugar de los países europeos en infraestructuras, salud, educación, investigación y desarrollo y otras inversiones capaces de promover el crecimiento. Con un gasto de menos del 2% del PIB, no alcanza ni para sufragar el mantenimiento de las instalaciones existentes.
Se puede observar una evolución similar con respecto al empleo público. En 1975, había cerca de 700.000 empleados públicos en España, aproximadamente el 90% de ellos en el Gobierno central. Desde entonces, los funcionarios se han multiplicado, hasta cerca de tres millones. Sin embargo, más del 80% de ellos trabajan en las comunidades autónomas, los municipios o las universidades. El número absoluto de empleados públicos en la Administración central del Estado, incluida la Seguridad Social y las Fuerzas Armadas, era en 2017 aproximadamente 522.000, muchos menos que en 1975, y su número relativo, obviamente muchísimo menor con respecto a la mayor población.
Esto no es todo. La restricción más importante de la capacidad de gobernar se deriva de la pertenencia a la Unión Europea. Actualmente, la UE origina la mayor parte de la legislación, ya sean regulaciones directas o directrices ratificadas por los Parlamentos estatales. Pero durante los dos últimos años y medio sin Gobierno o con uno en superminoría, el Parlamento español ha batido el récord: solo ha aprobado un total de 12 leyes, la mayoría derivadas de directrices europeas urgentes, en contraste con una media anual de 73 iniciativas legislativas en el periodo parlamentario anterior.
El Estado central español actual no solo no es lo que podría haber sido si el curso histórico hubiera sido diferente, sino ni siquiera lo que fue, brevemente, hace unas décadas. Actualmente, se apoya en una gran burbuja financiera y administrativa. No es probable que la burbuja del Estado explote como lo hicieron las burbujas inmobiliaria o bancaria, pero está pinchada y, como un globo errático que pierde aire, puede continuar desinflándose durante un tiempo.
Josep M. Colomer es autor del libro España: la historia de una frustración (Anagrama), del que este texto ha sido adaptado.