Con la posible intervención del Estado en la retirada por ley de la publicidad en TVE se suscita una cuestión central y para nada elemental, ya que tras este simple por un sí o por un no publicitario se esconde un iceberg, un modelo de Estado sin publicidad en el que el equilibrio liberal vigente, lejos de estabilizarse, concluye. Parafraseando a Karl Popper, digamos que eliminar en su totalidad la publicidad de la televisión pública puede ser una teoría aceptable, pero no significa ningún avance. Arropado en ese espíritu, paso a exponer mi criterio a título personal.
En realidad, todo se resume a un principio proteccionista: apartar a un competidor encomendándole una misión de servicio público pagada por el Estado para dejar libre el mercado a la iniciativa privada. Si por azar o por eficiencia en la prestación de ese servicio, un programa de la pública consigue hacerse un hueco en el mercado, el lobi privado, quejoso, aullará otra vez y en base al principio de libre concurrencia ahogará esos despuntes de la parrilla, incluso copiándolos. RTVE, con este nuevo reparto de funciones, tendrá siempre las de perder.
Con la nueva ley de financiación de TVE creo que el Gobierno parchea el roto audiovisual, uno de los muchos que surgen en el traje autonómico que cosieron los acuciados sastres de la transición. Al restringir totalmente la publicidad y empujar a TVE hacia un camino de servicio público inexplorado, aunque sea en condiciones protegidas, repara el viejo modelo audiovisual para no tener que afrontar sin complejos la creación de un nuevo modelo federal de televisión pública.
El primer riesgo está en la parrilla. Una parrilla pública de televisión absolutamente sin publicidad puede enfriarse de tal modo que, congelada por una retórica convencional o por un fracaso en la programación, o por la falta de un mínimo incentivo mercantil, acabe en el rincón de los paneles de audiencia como una vieja junto al fuego, más testimonial que reivindicativa, accesible a todos pero vista por pocos.
El segundo riesgo nos remite a la LOAPA. La realidad autonómica audiovisual demanda una coordinación del modelo público sin paliativos. Es un hecho que España vive a niveles fácticos una tendencia autonómica menguante mientras que su cuerpo social, económico y político se está desarrollando con una mentalidad autonómica creciente. En mi humilde opinión, no solo es estatal TVE, sino que todas las televisiones públicas de España, locales y autonómicas, lo son también sea cual sea su ámbito de emisión. El contenido de esta ley de financiación de TVE afectará a la futura ley del audiovisual y puede facilitar una deriva centralizadora que anularía el actual modelo audiovisual autonómico y local, ya que además de una previsible desatención de los criterios de federalización se legislará también el fin de la publicidad en las autonómicas y locales, mermando su capacidad financiera y su función normalizadora y de proximidad. Una nueva LOAPA que, escudándose en una necesaria armonización –palabra política de origen falangista–, abortará de nuevo las necesidades federativas del progreso social español.
En tercer lugar, al cerrar totalmente y sin paliativos la ventana de TVE al mercado se puede provocar un serio riesgo de colapso publicitario que solo beneficiará a la especulación pura y dura. Los anunciantes, un motor fundamental para incentivar la economía, con una misión clara de servicio público, van a sufrir con el desequilibrio del mercado que provocará la ley.
Entre ambos sectores, el público y el privado, quizás se estaba creando una competencia desmesurada motivada por una especie de reto histórico asumido por TVE para quitarse de encima el estigma de ser una televisión anclada en los laureles del pasado cuando estaba a solas con la audiencia. La excelente irrupción de TVE en el mercado estos tres últimos años quizá ha resultado excesiva, y aún más en tiempo de crisis. Pero esta situación, que puede llamarse anómala, tiene a mi juicio mejores respuestas –desde luego, más sutiles– que la segregación publicitaria planteada en el anteproyecto. Más difícil, larga y compleja fue la reforma que desembocó en la ley 17/2006. La intervención del Gobierno en este sentido evidencia la voluntad de resolver los desequilibrios que la financiación mixta ha generado en su aplicación durante estos tres años, desequilibrios que se han visto incrementados por la crisis económica global. Pero no se ha considerado que con una parte importante del trabajo hecho podría articularse una corrección del trazado de la programación y planteamientos de RTVE, y no una segregación.
Para un Estado moderno, cualquier compromiso estructural con los medios debe tener en cuenta que lo tecnológicamente decisivo está por venir. Ya estamos viviendo hoy un pequeño tráiler en el tema de las descargas. Como parte de un Estado moderno, ni el Gobierno ni el Parlamento deberían acongojarse ni replegarse en el caparazón, sino enfocar con precisión la renovación de su aparato y su discurso comunicacional en función del nuevo mercado. Desterrar a sus medios públicos de este mercado, empezando por Televisión Española, parece una broma tan recurrente como la que al parecer cuenta Warren Buffet para referirse a la crisis: solo cuando baja la marea ves quién nadaba sin bañador. La aplicación sensata del modelo liberal requiere de la mano invisible, no de una mano de hierro.
Francesc Bellmunt, Cineasta. Miembro del consejo de administración de RTVE por ERC.