Un estatuto impuesto para Valencia

Por Esteban González Pons. Conseller portavoz de la Generalitat Valenciana (ABC, 25/01/06):

EL pasado fin de semana, al mismo tiempo que Zapatero pactaba el Estatuto catalán en la Moncloa, su representante en Valencia, Joan Ignasi Pla, anunciaba que el PSOE pensaba incluir dos enmiendas en el Estatuto valenciano que romperán el consenso con el PP. El mismo día y a la misma hora, en Madrid se salvó el Estatuto catalán y empezó a perderse el valenciano, si nadie lo remedia. Naturalmente que una y otra cosa están relacionadas: piénsese que esas dos enmiendas que se incluirán en la norma básica valenciana pretenden, por un lado, rebajar el listón electoral autonómico para que el partido que representa a CiU consiga entrar «a la navarra» en las Cortes valencianas, y, por el otro, eliminar las referencias estatutarias al «idioma valenciano» para reducir la resistencia legal a la pretendida unidad política del catalán.

Es evidente que promover la entrada de fuerzas políticas catalanistas en la Comunidad Valenciana (CiU sólo dispone aquí de un partido subvencionado que no avanza, y ERC tiene que sacar su diputado por Valencia por la circunscripción de Barcelona) y minimizar la singularidad identitaria del idioma valenciano forma parte del programa tradicional de los nacionalistas catalanes. Es evidente, además, que el PSOE no habría accedido a las mencionadas renuncias en el Estatuto valenciano y a la consiguiente ruptura del valioso consenso con el PP si no se hubiese visto obligado a ceder ante los negociadores y negociantes del Estatuto catalán. Que, con esta acción, el pueblo valenciano ha sido parte del precio pagado. Como digo, es evidente que, cuando se voten a favor esas dos enmiendas, el PSOE habrá roto el pacto del Estatuto valenciano y, por lo tanto, también resultará evidente que, por lo visto, a los socialistas no les importamos gran cosa, que si fuera el Estatuto catalán o vasco sería otro cantar. Otro nivel, del que no debemos disfrutar en la España menos rica, en Orihuela, en Guijuelo o en Minglanilla. Pero, por último, es evidente también, y esto es lo más grave de todo, que, por este camino, la Comunidad Valenciana puede encontrarse, en unas semanas, con que es la primera en nuestra historia constitucional a la que el Congreso le aprueba su Estatuto en contra de la voluntad del gobierno autonómico y del partido que tiene la mayoría absoluta en el parlamento regional.

Si no cambian las cosas, dentro de poco, el PSOE votará en el Congreso las dos enmiendas catalanistas citadas y, con eso, escenificará su ruptura con el PP valenciano y, a continuación, aprobará nuestro Estatuto con sus propios votos y los de CiU, ERC e IC, que son partidos catalanes, y sin los del PP, que es quien gobierna en casi todas las instituciones valencianas. O sea, que se dictará un Estatuto para Valencia con el voto favorable de los diputados catalanes y el voto en contra de la mayoría absoluta de los diputados de la Comunidad Valenciana. Bonito atraco. ¿Cabe disparate mayor y mayor ofensa a la democracia? ¿Alguien se imagina qué ocurriría si se hiciese un Estatuto para Cataluña contra su Parlament?

Aunque a día de hoy parezca mentira, el PSPV-PSOE firmó un acuerdo de reforma del Estatuto Valenciano con el PP de la Comunidad Valenciana. Un acuerdo modélico que contó con el beneplácito de los dos grandes partidos nacionales. Un pacto que mereció el refrendo del 90 por ciento de las Cortes valencianas y que obtuvo el apoyo del 80 por ciento de las Cortes Generales, subrayando la naturaleza dialogada, consensuada del texto valenciano. Con este aval, y después de haber obtenido también el doble consenso en la ponencia constitucional, todo hacía prever que el trámite del Estatuto valenciano no abandonaría el cauce de lealtad, normalidad y constitucionalidad que lo había caracterizado desde el inicio de los trabajos de reforma.

Desde el punto de vista político, el Estatuto de Autonomía es algo más que una Ley Orgánica estatal y presenta, por lo tanto, una naturaleza de norma con doble legitimidad, nacional y regional a la vez. Los estatutos deben ser normas pactadas, primas hermanas de la Constitución, normas redactadas a una mano por los parlamentos nacional y regional, trabajando juntos. Por eso, el debate al que me refiero no hay que situarlo en la falacia argumental de enmiendas sí o enmiendas no. Desde el PP, siempre hemos mostrado nuestra disposición a que las Cortes Generales introdujeran aquellas modificaciones que mejorasen la constitucionalidad del texto estatutario, en el supuesto de que así se hubiera planteado. Pero de ahí a que el Congreso apruebe una reforma en contra de la Generalitat valenciana y de la mayoría absoluta de las Cortes valencianas va un trecho en el que el Estatuto deja de ser una norma pactada y se convierte en una imposición ilegítima. En un Decreto de Nueva Planta del Siglo XXI.

Una situación insólita que nos enfrentaría ante un difícil dilema: o admitir que una reforma ejemplar sea alterada en un sentido radical, haciendo de nuestro Estatuto una especie de carta otorgada e impuesta, o recoger el sentir mayoritario de la sociedad valenciana y sacrificar la iniciativa de reforma para garantizar la identidad de nuestro pueblo, retirando la propuesta. La ruindad del problema al que nos abocan los socialistas y catalanistas es colosal.

La víctima del atropello volverá a ser el pueblo valenciano y su identidad singular. El pecado, la constitucionalidad de una propuesta pactada por los partidos españoles. El delito, la negativa valenciana a participar en el proyecto nacional-catalán de separación de España. Y el verdugo, un presidente irresponsable, que hace seguidismo de la filosofía de esos políticos suramericanos que se eternizan en el poder a costa de cambiar las reglas del juego. Ya se sabe, cada Bonaparte, como dejó escrito Karl Marx, tiene un 18 de Brumario. O varios.