Un estímulo favorable para la deuda

Cuando gran parte de la economía mundial parece atrapada en un largo y doloroso bajón inducido por la austeridad, ya es hora de reconocer que la trampa ha sido enteramente creación nuestra. La hemos construido a partir de hábitos mentales desafortunados sobre cómo afrontar una deuda pública en aumento vertiginoso.

Las personas adquirieron dichos hábitos a partir de las experiencias de sus familias y amigos: cuando tenemos problemas de deuda, debemos reducir los gastos y pasar por un período de austeridad hasta que se reduzca la carga (la deuda en relación con los ingresos), lo que significa no salir a comer fuera durante un tiempo, no comprar nuevos coches ni nueva ropa. Reaccionar así parece cosa de sentido común e incluso una virtud moral.

Pero, si bien esa actitud para con la deuda da buen resultado en el caso de una familia con problemas, no ocurre así en el caso de toda una economía, pues la reducción del gasto no hace sino empeorar el problema. Ésa es la paradoja de la frugalidad: la operación de apretarse el cinturón causa la pérdida de puestos de trabajo para algunas personas, porque otras no compran lo que aquéllas producían, con lo que su carga de la deuda aumenta en lugar de disminuir.

Existe una salida de esa trampa, pero sólo si, en lugar de insistir en la austeridad –mayores impuestos y menor gasto– en el debate sobre cómo reducir la proporción deuda/PIB, hacemos hincapié en el estímulo favorable para la deuda: aumentar los impuestos aún más e incrementar el gasto del Estado en la misma proporción. De ese modo, la proporción deuda/PIB se reduce porque el denominador (la producción económica) sube, pero no porque el numerador (el endeudamiento total del Estado) disminuya.

Esa clase de estímulo ilustrado choca con prejuicios fuertes. Para empezar, los ciudadanos suelen concebir los impuestos como una odiosa violación de su libertad, como si unos burócratas mezquinos fueran a despilfarrar inevitablemente esos mayores ingresos en empleados y programas estatales inútiles e ineficaces, pero la labor suplementaria no necesariamente corresponde sólo a la contratación de empleados estatales y, además, los ciudadanos pueden tener en cierto modo voz y voto a la hora de orientar el gasto.

También se cree que, desde un punto de vista realista, los aumentos de impuestos no pueden ser expedientes puramente temporales en una crisis económica y que se debe considerarlos una brecha que irá abriéndose cada vez más, por lo que se debe evitar a toda costa. Sin embargo, la Historia muestra que, si se han designado expresamente los aumentos de impuestos como temporales, más adelante se reducen, en efecto. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, después de grandes guerras.

Debemos examinar esas cuestiones al intentar entender por qué, por ejemplo, los votantes italianos rechazaron el mes pasado al serio economista Mario Monti, que les impuso la austeridad, en particular aumentando los impuestos sobre bienes inmuebles. Los italianos están acostumbrados a pensar que los aumentos de impuestos sólo van destinados necesariamente a beneficiar a inversores ricos, en lugar de a pagar servicios estatales como carreteras y escuelas mejores.

La política keynesiana de estímulo suele recibir la denominación de gasto creador de déficit y no la de gasto financiado con impuestos. El estímulo mediante reducción de impuestos podría casi parecer basado en el engaño, pues su efecto en el gasto en consumo y en la inversión parece exigir que las personas olviden que más adelante pagarán impuestos por el gasto público actual, cuando el Estado salde la deuda con sus intereses. Si las personas fueran racionales y estuvieran bien informadas, podrían concluir que no deberían gastar más, pese a las reducciones de impuestos, ya que éstas no son reales.

No necesitamos confiar en esos trucos para estimular la economía y reducir la proporción de deuda respecto de los ingresos. El problema económico fundamental que actualmente preocupa a gran parte del mundo es la demanda insuficiente. Las empresas no están invirtiendo lo suficiente en nuevas instalaciones y equipo ni creando puestos de trabajo, en gran medida porque el público no está gastando lo suficiente –o no se espera que lo haga en el futuro– para mantener la economía a toda marcha.

Se debe considerar el estímulo favorable para la deuda simplemente como una decisión colectiva, adoptada por todos nosotros, de gastar más para hacer arrancar la economía. Nada tiene que ver con endeudarse o engañar a los ciudadanos respecto de impuestos futuros. Si tuvieran libertad total para adoptar sus decisiones individuales, los ciudadanos no gastarían más en consumo, pero tal vez podamos votar por un gobierno que nos obligue a todos a hacerlo colectivamente, con lo que se crearía demanda suficiente para devolver la economía a la normalidad en poco tiempo.

Dicho sencillamente, el estímulo keynesiano no necesariamente entraña más deuda estatal, como parece dar por sentado continuamente la opinión popular, sino que consiste en decisiones colectivas para encarrilar de nuevo el gasto agregado por el buen camino. Como es una decisión colectiva, el gasto entraña, naturamente, clases de consumo diferentes de las que haríamos individualmente: mejores carreteras, pongamos por caso, en lugar de más salidas a cenar fuera de casa, pero ello no debe ser un problema, sobre todo si todos tenemos un puesto de trabajo.

Los primeros en propugnar un estímulo con presupuesto equilibrado a comienzos del decenio de 1940 fueron William Salant, economista del gobierno del Presidente Frankin Roosevelt, y Paul Samuelson, entonces joven profesor de Economía en el Instituto de Tecnología de Massachussets. Sostuvieron que, como cualquier estímulo entraña mayores impuestos antes o después, mejor sería que el aumento se hiciera inmediatamente. Para el ciudadano medio, unos impuestos mayores no significan unos ingresos menores, tras el pago de los impuestos, porque el estímulo tendrá el efecto inmediato de aumentar los ingresos y así no se engaña a nadie.

Muchos creen que un estímulo con presupuesto equilibrado –aumento de impuestos en una época de penuria económica– es políticamente imposible. Al fin y al cabo, el Presidente de Francia, François Hollande, dio marcha atrás a consecuencia de una inmensa presión política respecto de sus promesas electorales de aplicar un estímulo favorable para la deuda, pero, dada la escasez de opciones substitutivas válidas, no debemos dar por sentado que nunca se podrá acabar con los malos hábitos mentales y hemos de tener presente la posibilidad de una política más ilustrada.

Si se pudiera convencer a los ciudadanos de que el aumento de los impuestos no necesariamente significa privación o una mayor centralización de la adopción de decisiones, alguna forma de estímulo favorable para la deuda podría resultarles atractiva en última instancia. Si los ciudadanos entienden –y cuando así sea– que significa el mismo nivel medio de salario neto tras el pago de los impuestos, más los beneficios de más puestos de trabajo y de los productos del gasto estatal suplementario (como, por ejemplo, nuevas carreteras), podrían muy bien preguntarse por qué probaron jamás cualquier otra forma de estímulo.

Robert J. Shiller is Professor of Economics at Yale University and the co-creator of the Case-Shiller Index of US house prices. He is the author of Irrational Exuberance, the second edition of which predicted the coming collapse of the real-estate bubble, and, most recently, Finance and the Good Society. Traducido del inglés por Carlos Manzano.

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