¿Un foso insalvable?

Desolación. No tengo mejor forma para describir mi ánimo las últimas semanas y, en particular, tras lo acaecido desde el pasado domingo. Desde el ‘electroshock’ provocado por la sentencia del Constitucional, en aquel ya lejano verano del 2010, estaba claro que el conflicto no era de competencias. Era de soberanías. Por ello, siempre me pareció que la solución pasaba porque Madrid aceptara el derecho a decidir, una propuesta que ha compartido más del 70% de la población votando a los partidos que la proponían. Pero, en relación a este crítico aspecto, nada se ha avanzado.

La verdad es que no apetece añadir más reflexión. Los argumentos se han utilizado una y otra vez. Y, de tanto usarlos están muy desgastados. Pero a la luz de lo visto, y lo que adivino para las próximas semanas, quisiera destacar dos relevantes aspectos. El primero, el retorno de fantasmas familiares que creíamos enterrados para siempre; el segundo, las condiciones de un pacto aceptable.

Primero, los fantasmas. Que quieren que les diga, provoca una profunda tristeza la visión de las fuerzas de seguridad actuando el pasado domingo y algunas de las respuestas del lunes y el martes, tanto en Catalunya como en Madrid, sin olvidar la festiva despedida de algunas unidades policiales en Andalucía. Una tristeza teñida de melancolía por un futuro de entendimiento que, lastimosamente, parece que se nos escapa. Y que no mitigan las cívicas manifestaciones del martes: la inapropiada respuesta del Rey la acentúa. Hemos entrado en una nueva fase del conflicto en la que se agolpan lejanos recuerdos emergiendo del pozo de la memoria. Jamás imaginé que los recuperaría.

Pero intentemos equilibrar el pesimismo de la razón con el optimismo de la voluntad. Y vayamos a las condiciones de un posible acuerdo que pudiera pacificar la situación. Este debería partir de los estragos que ha provocado el tiempo, que no ha pasado en balde, y comenzar con un conjunto de medidas relativas a la economía, la base material sobre la que se ha reforzado y ampliado el movimiento actual. Es decir, pacto fiscal, mayor inversión del Estado, reducción de transferencias fiscales en línea con lo propuesto por el Estatut (para igualar los recursos para necesidades básicas en educación de las comunidades autónomas receptoras), ordinalidad (misma posición de Catalunya en renta por habitante antes y después de impuestos) y transferencias de puertos, aeropuertos, formación profesional y otros aspectos. Y blindaje de las relativas a la lengua y otras competencias, cuyo mantenimiento está ahora en cuestión.

Pero, fuere cual fuere el resultado de un posible consenso, la bilateralidad que sugería el Estatut del 2006 debería ampliarse hasta la cosoberanía. Porque si en algún momento de estos últimos ocho años era posible una consulta no vinculante ahora, simplemente, su tiempo ha pasado. Y hoy solo reconociendo a Catalunya como sujeto político, y tras un referéndum pactado donde pudieran discutirse costes y beneficios de la independencia y otras opciones, las aguas regresarían a su cauce. Ello se refuerza con el constante incumplimiento de acuerdos con el gobierno central: solo desde la co-soberanía pueden arbitrarse mecanismos (por ejemplo, un tribunal constitucional de nuevo cuño) que obliguen a cumplir lo decidido.

Es cierto que, al plantear la independencia de forma unilateral, el movimiento independentista ha confundido deseos con realidades y que, en lo tocante a este aspecto, no tiene la mayoría. Pero, junto a las propuestas de independencia, y con un soporte social mucho más amplio, está la necesidad de establecer una relación de igualdad con España, una realidad que Madrid tampoco reconoce.

Aceptar la coexistencia de dos soberanías es, pues, condición necesaria para la estabilidad en el largo plazo; la suficiente, una propuesta del Estado que colme las demandas catalanas tanto tiempo expresadas. Pero, hoy por hoy, no hay gobierno que pueda conceder lo que exige una amplia mayoría de catalanes. Mucho debería cambiar la sociedad española y eso, en el corto plazo, simplemente no es posible.
Si la solución es tan compleja y las apuestas tan altas, ello conduce inevitablemente a una mayor crispación. Cierto que, según sea la respuesta de Madrid a la DUI, el conflicto pueda transitoriamente esconderse. Pero el profundo foso creado, y su creciente amplitud, hacen muy difícil una solución duradera. Con una UE incapaz de imponer una solución, nos espera el peor de los escenarios posibles: sin resolución del conflicto y con deterioro de la convivencia. ¡País!

Josep Oliver Alonso, UAB y EuropeG.

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