Por Ana Pastor, secretaria ejecutiva de política social y bienestar del PP (ABC, 07/11/05):
No habían pasado veinticuatro horas del aciago día que, para nuestro sistema constitucional y para nuestra democracia, supuso la admisión a trámite del Estatuto de Cataluña, cuando asistimos a un debate trascendental para la cohesión social y económica y el futuro de nuestro país, como es el debate de la educación. Ahora más que nunca, el futuro de nuestra nación se juega en la Educación. El PP, fiel a sus principios, ha presentado una enmienda de sustitución a un proyecto que camina en la dirección contraria al progreso y a modernización de España, una ley que puede condenar al fracaso a cientos de miles de jóvenes españoles.
Estamos ante un momento vital para España. La admisión a trámite del Estatuto de Cataluña quiebra el consenso constitucional, como quiebra el consenso el que el Gobierno socialista pretenda aprobar una ley educativa sin el respaldo de la inmensa mayoría de la comunidad educativa, de espaldas a padres, profesores y alumnos. Pero si algo es preocupante del proyecto de Estatuto y también de este proyecto educativo es el abocar a la desvertebración de España. A que en nuestro país haya 17 sistemas educativos.
Durante meses nos hemos preguntado por qué ese empecinamiento del Gobierno en no garantizar unas enseñanzas comunes que aseguren una formación básica con independencia de donde se viva; por qué los padres no pueden elegir con absoluta libertad el tipo de educación que quieren para sus hijos y el centro educativo donde ésta se imparta,sin trabas; por qué el PSOE quiere una España con distintas velocidades educativas. La posición del Partido Socialista, del Sr. Rodríguez Zapatero en esas 48 horas, en esos dos debates, nos aclara cualquier duda.
La clave para entender todo esto es que el presidente del Gobierno está dispuesto a renunciar a un sistema educativo vertebrado con tal de seguir siendo apoyado por sus socios del tripartito catalán. Así, la Ley de Educación constituirá la primera aplicación práctica del modelo de Estado contenido en el proyecto de Estatuto de Cataluña. La educación es patrimonio de toda la sociedad: sólo posiciones sectarias pueden sostener lo contrario. Ocupa su centro mismo, como lo ocupa la libertad de enseñanza. La educación que recibamos hoy va a determinar el desarrollo, la competitividad, pero sobre todo el modelo de convivencia, el grado de cohesión social, en fin, nuestro futuro.
Hace quince años, se aprobó en nuestro país la Logse, y la experiencia ha demostrado el fracaso de la ley. Nadie en el mundo educativo sería capaz de afirmar lo contrario. Los informes nacionales e internacionales demuestran que nuestra educación no va bien, que se sitúa por debajo de países de inferior nivel de desarrollo y que es incapaz de lograr los objetivos que España puede y debe alcanzar. La situación es preocupante, y más aún si tenemos en cuenta que, en lugar de soluciones, lo que desde el Gobierno se nos ofrece son iniciativas que ahondan los problemas, en una incomprensible dinámica de marcha atrás.
La contramarcha se inició con la desatinada paralización de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, que impidió la aplicación de una norma que pretendía paliar los problemas del sistema educativo español, con responsabilidad, aplicando los principios fundamentales de calidad, libertad, cohesión, equidad, y la defensa de un modelo de centro público en el que confíen padres, profesores y alumnos y que sepa afrontar los verdaderos problemas que hoy se presentan.
Sin embargo, el proyecto socialista devalúa la calidad del sistema educativo, estableciendo una educación basada en el «facilismo» frente al esfuerzo y el conocimiento; que prefiere la promoción automática a la exigencia; que deprecia las materias humanísticas, pilar fundamental del conocimiento, y que establece un bachillerato «a la carta», el más corto de Europa, en lugar de una educación con una orientación académica definida. No se apuesta por dignificar la labor del profesorado y asegurar su reconocimiento social, económico y profesional.
La propuesta de la LOE también recorta la libertad de elección de centro por parte de las familias, al debilitar las garantías de los conciertos, y supone, además, la ruptura de la cohesión territorial en materia educativa, al permitir que cada región diseñe el contenido curricular sin respetar un mínimo de enseñanzas comunes. El proyecto disuelve la equidad, porque no sólo no es capaz de garantizar la misma educación para todos, independientemente del lugar en el que residan, sino que somete a todos los alumnos a un sistema injusto, porque no les ofrece oportunidades suficientes. Rebajar el nivel formativo de las enseñanzas, igualar por abajo, conduce a una falsa equidad. Ir en contra de estos principios resume un proyecto que es expresión de lo desacertado del PSOE, como sin duda es también aprobarlo con el rechazo de una inmensa mayoría de la comunidad educativa, como reflejan las cerca de 2.000 enmiendas presentadas en el Consejo Escolar, así como el dictamen absolutamente demoledor del Consejo de Estado, que señaló que «habría sido deseable mantener en vigor la Ley de Calidad».
Desde el PP intentando hacernos eco de todo lo que el Gobierno no ha querido oír: presentamos la enmienda a la totalidad sin otro objetivo que el de frenar la marcha atrás de la educación en España, sin otra meta que evitar que sigamos desandando nuestro propio futuro. Pero no queremos frenar este retroceso con un parón en seco. Nosotros ofrecemos una alternativa. Apostamos por la calidad, garantizando el esfuerzo individual, apoyando la función de los profesores, reforzando la capacidad y autonomía de los centros docentes, y recuperando las evaluaciones de diagnóstico. Defendemos la equidad, a través de la integración, flexibilidad y adaptación de la respuesta educativa a las circunstancias y necesidades de los alumnos. Garantizamos la libertad de elección de centro. Y, también, pretendemos asegurar la cohesión del sistema educativo, garantizando las enseñanzas comunes en todo el territorio nacional. Lo que pretendemos es responder a las necesidades y demandas que se plantean desde todos los ámbitos: alumnos, padres y profesores; siempre mirando al futuro y más allá de condicionamientos políticos y conveniencias partidistas.
No queda duda de que la semana pasada se decidió en el Congreso el futuro de España. Pocas veces se puede afirmar tan tajantemente la trascendencia de una decisión, pero pocas cosas hay tan importantes en esta vida como la educación. Las líneas rojas que a mi juicio no se pueden traspasar son: la calidad, la libertad, la cohesión del sistema educativo y la equidad. Estoy aún esperanzada de que nadie atraviese estas líneas.