El domingo 14 de noviembre se celebrarán elecciones legislativas en Argentina. El gobierno de Alberto Fernández arriesga no solo 51 bancas de su espacio político sino también pondrá a prueba el nivel de fortaleza política para los dos años que le restan de mandato. Si se repite el resultado de las elecciones primarias, en las que el oficialismo perdió frente a la fuerza conservadora del expresidente Mauricio Macri, ese giro a la derecha abriría también una pregunta: ¿Qué se juega la economía argentina?
En principio, la economía enfrenta dos desafíos: el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la influencia que los grupos de extrema derecha tendrán en la discusión pública. Hay un punto de coincidencia entre ambos y es que comparten la agenda de liberalización de la economía. Pero esa agenda solo puede agravar la crisis social que ya atraviesa Argentina.
Las negociaciones formales con el FMI comenzaron el 26 de agosto de 2020, cuando el país remitió una Carta de Intención al organismo para darle forma a un acuerdo de Facilidades Extendidas. Más de un año después, el gobierno pagó todos sus vencimientos al Fondo (que sumaron cerca de 3,900 millones de dólares) para no afectar a las negociaciones, pero el acuerdo todavía no se ha concretado. El planteamiento argentino pide la revisión de la política de sobrecargos (que cobra entre dos y tres puntos extra de tasa de interés a los préstamos que están por encima de 187.5% de la cuota que le corresponde al país) y la inclusión de una cláusula que permita beneficiar a Argentina con eventuales nuevas líneas de crédito pospandemia. Gerry Rice, el vocero del organismo, dijo que el directorio ejecutivo debatirá el primer punto en diciembre.
El FMI siempre será el mismo sin importar qué caras lo conduzcan. Sus recomendaciones se orientan a reducir al máximo la intervención del Estado en la economía, para dejar al mercado como gran ordenador de las relaciones productivas y financieras. En países con bajos niveles de pobreza o desempleo el impacto social de esa forma de ver la economía es diametralmente opuesto al que tiene para los países en situación crítica, como Argentina. Dejar en manos del capitalismo más crudo la creación de puestos de trabajo o el ordenamiento del mercado financiero produce un desastre en términos sociales. Y eso, además, tiene límites políticos.
La discusión que se produjo estas últimas semanas en Estados Unidos sobre los planes de inversión de su presidente, Joe Biden, es un buen contraste. Biden tenía en carpeta dos proyectos colosales: uno de infraestructura y otro de inversión social. Finalmente, el Congreso aprobó el primero pero no respaldó la iniciativa presidencial para aumentar el gasto social, porque incluso los demócratas pidieron analizar el dinero que implicaba aprobarlo. Si el país con la economía más grande y vigorosa del planeta, con un Producto Bruto Interno de 21 billones de dólares, “no puede” invertir en mejorarle la vida a las personas, ¿qué queda para el resto de los países? ¿Cuánta acumulación de riqueza es suficiente para que el sistema capitalista pueda sostener una economía en la que se pueda asegurar una vida digna para la sociedad que la implementa?
La avanzada de la extrema derecha no hace más que complejizar el panorama. En medio del hastío por la pandemia y la situación económica, el sentimiento antipolítica encontró una traducción electoral y Libertad Avanza, el nuevo espacio emergente, obtuvo 13.6% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires. Si supera 15% en las elecciones generales podría conseguir dos escaños en la Cámara de Diputados. Javier Milei, el principal candidato, propone entre otras cosas eliminar el Banco Central o que su sueldo sea definido por donaciones de sus seguidores. Todo eso en medio de agresiones a sus adversarios políticos —a quienes luego de insultar puede llegar incluso a amenazar con “aplastar”—, de la negación las brechas salariales por razones de género y del apoyo a la portación de armas.
Estos grupos radicalizados corren el tablero de la discusión pública, sobre todo a los espacios de la derecha tradicional. La “grieta” se hace cada vez más profunda y, con eso, se aleja la posibilidad de trazar un sendero relativamente común para encontrar una salida consensuada a problemas que requieren del mediano y largo plazo para su solución. La lógica de la polarización es efectiva para canalizar emociones sociales, pero peligrosa para la convivencia democrática.
Abandonar las políticas públicas en materia distributiva a la pura lógica del mercado profundiza la exclusión de aquellas personas a las que ya les cuesta demasiado la subsistencia. Una persona no puede revertir, en soledad y por su mera voluntad, su situación de pobreza, porque la generación de ingresos depende en gran medida de lo que el mercado laboral o la economía del país tengan para ofrecerle.
La receta liberal ya se probó en Argentina varias veces a lo largo de las últimas décadas. La liberalización de la economía destruye el tejido productivo, reduce los puestos laborales, precariza los empleos y achica el poder adquisitivo de los salarios. Como una bola de nieve que crece y crece, los problemas se acumulan hasta que la situación explota. Y, en las vísperas del aniversario número 20 del gran colpaso de 2001, esta lección ya debería haberse aprendido.
Estefanía Pozzo es una periodista argentina especializada en temas económicos y financieros.