Un Gobierno centrado

Una gran mayoría de españoles quiere otra forma de hacer política. La forman gentes con más sentido común que prejuicios ideológicos, personas que valoran la vida, la libertad, el mérito, la justicia, la solidaridad. Hombres y mujeres capaces de hacer y deshacer gobiernos porque en el espectro político de las sociedades de nuestro tiempo representan el fiel de la balanza. Son el centro que da su mandato a quienes ofrecen más seguridad cuando se siente en peligro. Y lo revoca a los incapaces de resolver las dificultades, a los que generan más problemas que soluciones, a los que salen por peteneras y se embarcaron en ilusorias alianzas entre civilizaciones o tenebrosas memorias históricas.

Probablemente gran parte de la sociedad española, sin distinción de colores políticos, se sentirá cómoda gobernada desde el realismo y el sentido común, con transparencia y una política centrada en los intereses generales de la gente. Eso es lo propio de un gobierno de centro. De un gobierno determinado a alcanzar los objetivos que se proponga sin renunciar al consenso necesario para acometer empresas de envergadura. Así se pudo hacer la Transición, uno de los momentos de mayor lucidez colectiva mostrada por nuestra sociedad en la historia contemporánea.

Estamos saliendo de uno de los peores; cerca de ocho años lleva en La Moncloa un presidente afanado en aflojar las cuadernas de la nave; tan solo media vuelta de desatornillador a la semana. Parecía que nada serio podría pasar, pero la realidad es que deja un país dividido, éticamente asolado y económicamente arruinado.

Es urgente reparar destrozos, limpiar los malos humores que nuestra sociedad ha segregado con el paso del gobierno más irresponsable que la democracia ha podido parir. Es esencial volver al centro: hablar, hablar y hablar, desterrando la mentira y la demagogia, marrullerías que fomentan la ruptura, cuando no el odio entre españoles, y abrir caminos a la libertad, como hace treinta y tantos años. Acentuar lo que divide a los ciudadanos es impropio en una democracia integradora, participativa, que es de lo que se trata; de una democracia fundada sobre la libertad.

Hay grietas en la convivencia nacional causadas tanto por la prepotencia de gobernantes como por la erosión del tiempo. Es perentorio, por ejemplo, replantearse el equilibrio entre costes y beneficios en la estructura del Estado. O la capacidad de las instituciones, comenzando por los partidos, para reflejar la realidad de la sociedad actual.

Un Estado articulado en diecisiete comunidades requiere eficiencia, problema pendiente, y elementos de cohesión. Esas lañas capaces de mantener vertebrado el conjunto podrían serlo los grandes partidos nacionales. Los constituyentes imaginaron que el nuevo tinglado de las autonomías se mantendría en pie en tanto que los dos fuesen capaces de aguantar los previsibles tirones de las formaciones nacionalistas o separatistas. Hoy no se dan las garantías precisas para asegurar el marco común de convivencia.

La vieja piel de toro está sometida a tensiones hasta ahora desconocidas, de las que el gobierno saliente y su partido tienen buena parte de responsabilidad. Se embarcaron en aventuras más propias de aprendices de brujo que de gobernantes, como la reforma del Estatuto catalán en la anterior legislatura o, en la presente, la legalización de Bildu. La dinámica desencadenada por ambos desatinos ha cuarteado la consistencia interna del propio Partido Socialista, empeñado en parecer más nacionalista que los nacionalistas. Y lo peor está por llegar: con un grupo parlamentario en el Congreso y un hipotético control del Gobierno vasco dentro de meses, los independentistas someterán al país a la máxima tensión. El inicio de un proceso de secesión será el triunfo final de lo que para el común de los españoles representa ETA.

Tal desatino es una muestra más de cómo los partidos pueden sofocar el pensamiento e intereses de sus representados. ¿Acaso están de acuerdo los votantes socialistas con la forma en que Rodríguez Zapatero y Pérez Rubalcaba han gestionado el problema del terrorismo para llegar a la campaña electoral con un presunto éxito que poder calificar como histórico?

En cuanto a los partidos, tras su proscripción por el régimen anterior fueron potenciados en la Transición como canales básicos para la participación política. Treinta y cuatro años después un gobierno centrado en la realidad debería revisar hasta qué punto no entorpecen hoy el ejercicio de la libertad ciudadana. Los abundantes recursos estatales que reciben han generado una maquinaria alimentada por cooptación y refractaria a la permeabilidad.

Y si el Poder Legislativo tiene que ser representativo, de todos, el Judicial ha de ser independiente. Este es uno de los campos tomados al asalto por los partidos en otro ejercicio radical de la política. La ocupación se remonta al primer gobierno socialista, año 85, imbuido del afán de que a España no la reconociera ni la madre que la parió, Alfonso Guerra dixit. Eliminaron el autogobierno de los magistrados, basados en que la justicia emana del pueblo, que reza la Constitución antes de explicar que se administra por jueces y magistrados en nombre del Rey. La solución es tan sencilla como devolver lo ocupado y que sean los propios jueces y magistrados quienes elijan a los doce miembros del Consejo General que hoy designan Congreso y Senado.
Un gobierno centrado en la realidad ha de revisar, pues, la sostenibilidad del sistema, limpiar la hojarasca acumulada por años y devolver a las instituciones la transparencia y la independencia necesarias para el cumplimiento cabal de sus funciones.
Hace unas semanas tuve la ocasión de presentar un libro que dio pie a buena parte de estas reflexiones. Su autor, Esteban González Pons, ha dejado escrito en su Camisa blanca que «España necesita recuperar el espíritu de la Transición y, para eso, resulta imprescindible que se escuche más fuerte a los políticos que a sus partidos». Ese reclamo a la libertad de las personas sobre la uniformidad institucional sería una forma de comenzar a cambiar el sistema de selección de diputados o concejales, alcaldes o ministros, amortizando cuanto antes los del «sí, señor» y «qué grande eres, presidente».

Un gobierno centrado en la realidad precisa de numerosos puntos de observación, de crítica y criba de criterios. El aislamiento es una trampa para el gobernante democrático. La adulación, peligro que acecha a todo poder, dejará de tener sentido en cuanto el mérito cuente más que las adhesiones incondicionales. No es este tiempo de liderazgos carismáticos, sino de responsables aplicados a las tareas. De equipos que tengan claros los ejes del cambio que se propone a los ciudadanos, y capaces de embarcar a la sociedad en un afán común. El gobierno centrado en la realidad tiene que afirmar la confianza en que el esfuerzo merecerá la pena. Los países, como las personas, viven mejor en la esperanza de que tienen a su alcance un futuro mejor.

Para ello es preciso que alguien muestre ese horizonte sin esconder los esfuerzos que la empresa requiere. Como Henry Kissinger describe en sus Memorias, «el deber del estadista es tender un puente sobre la distancia entre su visión y las experiencias de su nación… Debe tener una concepción del futuro para dirigirse hacia él mientras todavía está oculto para la mayoría de sus compatriotas. Pero si él marcha demasiado delante de su pueblo, perderá su mandato».
Fue el papel que cumplió en el quicio entre las décadas de los 70 y 80 del último siglo Adolfo Suárez, el primer presidente de la democracia de nuestros días. El político que trató de hacer cómodo para todos el tránsito de una a otra orilla. Y lo consiguió. Ese vuelve a ser el reto actual de un gobierno centrado, y así España recuperará los pulsos de una sociedad moderna de personas libres, cada día más culta y próspera, más justa y solidaria.

Por Federico Ysart, periodista y miembro del Foro de la Sociedad Civil.

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