Un Gobierno irresponsable ante el aumento de los delitos

Por Ignacio Cosidó, senador del Grupo Parlamentario Popular y portavoz en la Comisión de Interior (EL MUNDO, 21/06/06):

Los atracos con violencia extrema dentro de los propios domicilios, los denominados secuestros express y la proliferación de robos con fuerza en polígonos industriales o urbanizaciones han terminado por generar la alarma social en nuestro país. La realidad es que la delincuencia crece en España, y lo hace ante la vulnerabilidad de nuestras fronteras, la debilidad de nuestro sistema penal y la incapacidad del Gobierno para dar una respuesta global y eficaz a las nuevas formas de delincuencia que han surgido recientemente.

La seguridad ciudadana es tanto una realidad objetiva como un sentimiento subjetivo. La realidad objetiva la podemos medir en función del número de actos delictivos que se cometen durante un periodo de tiempo determinado. La percepción subjetiva sólo puede calibrarse a través de estudios de opinión que analicen con detalle la preocupación de la ciudadanía sobre su propia seguridad. Lo cierto es que desde ambas perspectivas estamos asistiendo en nuestro país a un progresivo deterioro de la seguridad ciudadana.

Calcular los delitos que se cometen en España no es tarea fácil. Las cifras conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son ocultadas a la opinión pública de forma sistemática por el Gobierno. Los datos facilitados por la Fiscalía General del Estado sobre el número de diligencias previas, cuatro millones en 2004, duplican el número de delitos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es cierto que miden realidades distintas, pero la excesiva disparidad de las cifras nunca ha sido bien explicada. Hay además una cifra de delito que nunca llega a conocerse porque ni siquiera se denuncia. Según el CIS más del 8% de los españoles declara haber sido victima de un delito en los últimos 12 meses, lo que significa más del doble de los delitos y faltas reconocidos por el Ministerio del Interior.

Pero aún tomando como base las cifras facilitadas por el Gobierno, los datos ponen de manifiesto que en el último año el número de delitos volvió a crecer un 2,5% en España. Este crecimiento puede ser aún mucho mayor, si tomamos en consideración que en 2005 el Cuerpo Nacional de Policía transfirió a los Mossos d’Esquadra buena parte de la seguridad de la ciudad de Barcelona. En todo caso, nos encontramos ante un punto de inflexión tras dos años consecutivos en los que la criminalidad se había venido reduciendo, como consecuencia en buena medida del plan de lucha contra la delincuencia que el Gobierno del Partido Popular puso en marcha en el año 2002.

Es verdad que las denominadas faltas crecieron el año pasado en más de un 6%, mientras que los delitos prácticamente se estabilizaron. Pero no es menos cierto que dentro de esos delitos, los que más crecieron fueron los relacionados con las personas y contra la libertad sexual, lo que demuestra que estamos no sólo ante más delincuencia, sino ante una delincuencia más grave, violenta y peligrosa. Es más, delitos como robos nocturnos en residencias en las que los ladrones atemorizan a los inquilinos, aún siendo poco relevantes numéricamente, generan por su gravedad una enorme alarma social. Finalmente, tampoco podemos olvidar que delitos leves como lesiones, amenazas, hurtos o daños generan, por su cotidianidad, un gran sentimiento de inseguridad en la sociedad.

En el año 2006 esa tendencia de crecimiento de los delitos se ha mantenido. En la demarcación de la Guardia Civil, la delincuencia aumentó en el primer trimestre un 6% y los delitos que más alarma generan, como los robos con violencia, crecieron un 7,5%. Las cifras de delitos del CNP disminuyen, pero se debe únicamente a que han perdido más de cuatro millones de ciudadanos en su demarcación, después de transferir Barcelona a los Mossos.

Este crecimiento objetivo de la inseguridad se está traduciendo a su vez en un sentimiento subjetivo que atenta no sólo contra la calidad de vida de los ciudadanos, sino contra su propia libertad. La inseguridad ciudadana es, de hecho, la cuestión que más afecta personalmente a los españoles, tras los problemas de índole económica como el paro y la vivienda. En el último barómetro del CIS esa preocupación había crecido en más de dos puntos respecto a abril de 2004. Por otro lado, la contratación de los diferentes sistemas de alarma se ha disparado.

¿Cuáles son las causas de este aumento de la delincuencia? La primera, sin duda, es la irresponsabilidad de un Gobierno que no sólo no ha actualizado, sino que ha cancelado el plan de lucha contra la delincuencia puesto en marcha en 2002 por el Gobierno del PP y que había permitido una rebaja de la delincuencia de más del 4%. Un Gobierno que ha desmantelado la Policía de proximidad y que ha sometido a la Guardia Civil a la crisis interna más profunda que ha vivido el Cuerpo en su más de siglo y medio de existencia. Un Gobierno que se limita a enviar unos cientos de guardias allí donde se declara un incendio, pero que es incapaz de ofrecer una respuesta global al desafío que la delincuencia en su conjunto representa para nuestro país.

La segunda causa es la incapacidad del Gobierno para controlar con eficacia nuestras fronteras y para regular la avalancha de inmigración ilegal que sufre nuestro país. No se trata de criminalizar la inmigración, pero es negar la evidencia que existe una relación objetiva entre la vulnerabilidad de nuestra frontera y el aumento de la delincuencia. Uno de cada tres detenidos en España por la comisión de un delito es extranjero y los grupos organizados más violentos y que más alarma social generan en la sociedad tienen siempre una composición internacional.

¿Qué es lo que debemos hacer ante este alarmante aumento de la delincuencia? El Gobierno debería articular una respuesta global que contuviera al menos cuatro líneas básicas de acción: en primer lugar, mejorar ostensiblemente la seguridad de nuestras fronteras y controlar un flujo de inmigración ilegal que amenaza con desbordar la capacidad de acogida de nuestro país; en segundo término, articular medidas policiales de carácter operativo, así como de respuesta judicial, incrementando de forma real los medios humanos y materiales en contra de este tipo de delitos; en tercer lugar, perfeccionar nuestra respuesta penal, modificando las leyes para que los delincuentes no encuentren resquicios en el Estado de Derecho; por último, ahondar en la cooperación internacional, porque no puede ser que, en una Europa unida y en un mundo globalizado, los delincuentes no tengan fronteras y los policías y los jueces sí.