Un Gobierno por la desigualdad

A muchos nos ha sorprendido el pacto de la izquierda con los nacionalistas, pues en Cataluña sólo viene a rescatarles de su profunda depresión. Además, una izquierda progresista nunca se uniría a reaccionarios. Sin embargo, quizá no sea casualidad que reiteren ese pacto en momentos históricos tan distintos como el presente, la Transición o la Segunda República.

El aglutinante de todos estos matrimonios es que comparten un cierto déficit en el respeto a la igualdad entre ciudadanos. Mientras que el nacionalismo es supremacista en lo étnico-cultural, mucha izquierda peca de superioridad moral. No les arredra que sus diferencias sean también notables. Siempre pueden salvarlas si se esfuerzan en ver a sus rivales como un enemigo uniforme y diabólico, lo que además les sirve de excusa para tratarlos peor.

En cuanto al nacionalismo, éste tiende a lo estamental y dice respetar la ley si es antigua (Dios y Ley Vieja reza el lema del PNV); pero, como sabe todo contribuyente, su auténtica Grundgesetz es la ley del embudo. Como mucho, respeta la ley dentro de su grupo, tanto regional como estamental, pero su prioridad es que el grupo disfrute de privilegios. Por ejemplo, exige que los demás cumplan la Constitución, pero rechaza límite alguno a la expansión de sus propios derechos.

En cuanto a la nueva izquierda, ésta tampoco ve la ley como protección del individuo contra el abuso de poder. Si acaso, mantiene con la ley una relación instrumental, incluso a veces selectiva: le satisface respetarla para propagar su fe y reprimir herejías; pero, cuando sus líderes están seguros de tener razón, dan a menudo muestras de sentirse por encima de la ley.

En realidad, desconfían del individuo. Suelen concederle mucha libertad, pero sólo para infringir los códigos ajenos, los códigos competitivos. Viéndose a sí mismos en el lado correcto de la historia, se creen con derecho a ahormar al individuo a su gusto. Además, en la actualidad, esta antigua desigualdad, que solía darse en términos binarios –líderes y súbditos, fieles y herejes– se ha multiplicado en su reencarnación postmoderna. La nueva izquierda es ahora identitaria, de modo que postula derechos desiguales para cada estamento.

Tanto los hechos como la reciente evolución de nuestro debate nacional encajan en esta interpretación.

Obsérvese, en primer lugar, cómo los pactos de gobierno avanzan hacia una sociedad más estamental. No sólo refuerzan unas autonomías que, en la práctica, tienen efectos feudalizantes. También pretenden ampliar los derechos de toda suerte de grupos, definidos con base en su origen, edad, ocupación, etcétera, o en estereotipos raciales y sexuales.

Fundamentalmente, no se trata de derechos individuales sino estamentales. Cabe recordar que, ya en el siglo XIX, el socialismo era, para Thomas Huxley, «catolicismo, menos Dios». El nuevo progresismo se ha vuelto incluso más católico, pues sigue creando múltiples iglesias para pastorear esos nuevos rebaños. No sólo genera así desigualdad entre grupos, sino también entre los nuevos clérigos y sus fieles creyentes.

Asimismo, hemos presenciado en las últimas semanas con qué facilidad se han acomodado los argumentos y las creencias para satisfacer apetitos políticos un tanto primarios. Esa facilidad, en ocasiones levemente obscena, está desvelando que la nueva izquierda intelectual y política opera sobre bases cada vez más alejadas de la igualdad.

Por ejemplo, la nueva izquierda y sus socios separatistas querrían cambiar la Constitución sin consenso. Los separatistas lo intentan a la menor oportunidad, pero ahora suscitan la empatía de quienes les prometen reinterpretarla a su gusto. Es cosa notable, porque, sin embargo, tanto la izquierda como los separatistas detestan que sus rivales propongan cambiar la Constitución incluso mediante cauces legales. Se trata de una asimetría que casa mal con la igualdad.

Similarmente, pese a que la política sólo se judicializa cuando un político se salta la ley, los nuevos fabricantes de indulgencias culpabilizan a quienes pedimos que se aplique la ley. Atribuyen la crispación, no a quienes pactan con el separatismo más recalcitrante, sino a quienes consideramos que ese pacto compromete el consenso constitucional. Algunos de ellos casi nos recuerdan al añorado Gila cuando, al pedir al criminal que no le dé más puñaladas, éste le responde que «deje de llamarme asesino».

Un ejemplo sofisticado de esta inversión de culpas es el reproche de Antón Costas a los constitucionalistas por no ver el «dinosaurio» del «conflicto político catalán». Dice Costas que, como en el cuento de Augusto Monterroso, cuando despertemos «el dinosaurio todavía estará allí». Acierta Costas, pero sólo en cuanto a la existencia del dinosaurio. En realidad, los constitucionalistas catalanes –al menos aquellos que no nos dejamos anestesiar por el PSC– estamos despiertos; pero pensamos que el problema de Cataluña no es un mero dinosaurio, por muy longevo que éste pueda ser, sino su mutación subvencionada en un tiranosaurus que lo quiere todo para sí, a costa del resto de España y de la otra mitad de Cataluña. Sucede que, como esta mitad es la más humilde, sus quejas no se oyen o al menos no se escuchan. Su voz es tan débil que ni siquiera alcanza a quienes, como el propio Costas, suelen mostrarse preocupados por desigualdades mucho menos obvias.

El argumento encuentra también apoyo histórico. Nuestra izquierda ya se ha resistido otras veces a admitir «la supremacía de la norma constitucional». Como reconocía una referencia tan socialista como Rubio Llorente, en la Segunda República «la idea de democracia dominante [era]… la democracia rousseauniana… que no entiende la posibilidad de establecer límite a la acción del legislador y que puede llevar, en último término, a [una]… democracia totalitaria».

La Constitución de 1978 logró superar ese extremismo, tanto en lo social como en lo territorial: su mayor aprobación en Cataluña confirma que es muy catalana. Sin embargo, ese espíritu consensual se diluyó pronto. Ya en 1981 Josep Tarradellas acusaba a Jordi Pujol de crear una «dictadura blanca», y el primer Gobierno de Felipe González promulgó leyes que politizaron el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. No mataron a Montesquieu pero le dejaron malherido.

Dados estos antecedentes, los cambios de opinión de Pedro Sánchez no sólo deben atribuirse a la ductilidad de sus principios. Son consustanciales a una parte de su tradición política y, con toda claridad, a la de sus socios.

También es razonable temer que el nuevo Gobierno pueda imitar al de 1931. Cierto que estas Cortes no son Constituyentes; al menos, no formalmente. Pero forzar la Constitución con hechos consumados sería muy dañino: recuerden el Pacto del Tinell. Además, en caso de seguir polarizándonos, quienes pierdan las siguientes elecciones pudieran estar tentados a imitar lo que hicieron ambos bandos en 1934 y 1936.

Sirvan estas reflexiones historicistas para animarnos a sopesar, con Jorge de Santayana, que, si «quienes no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo», quizá sea peor el destino de quienes, en vez de recordar, se forjan un pasado a la medida de sus deseos.

Benito Arruñada es catedrático de la Universidad Pompeu Fabra.

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