Un Gobierno sometido

«Reencuentro»: tal fue el título de la conferencia del presidente del Gobierno en el Liceu de Barcelona, cuyo propósito era preparar a la opinión pública ante la inminente aprobación de los indultos para los dirigentes del procés condenados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos o desobediencia. Hay ciertas palabras que los lingüistas llaman autoantónimos, y que, según cómo se usen, pueden significar una cosa o exactamente la opuesta (por ejemplo conjurar, que puede ser «conspirar, uniéndose muchas personas o cosas contra alguien, para hacerle daño o perderle», o, por el contrario, «impedir, evitar o alejar un daño o peligro»). Pues bien: en el informe en el que el Tribunal Supremo se oponía a la concesión de los indultos, había una estimación, relativa a Jordi Cuixart, que se refería precisamente al «rechazo a cualquier reencuentro con los valores jurídicos afectados por el delito». Quizá Sánchez crea que siempre resulta posible que las palabras se nieguen a sí mismas; y, hablándonos de ese inexistente reencuentro, pretende convencernos de que sus indultos conjuran la amenaza de los que se han conjurado contra nuestra convivencia y nuestro Estado de derecho.

Y es que, si recurrimos al Título XXII del Código Penal, nos damos cuenta de que, en propiedad, el valor negado por la conducta sediciosa no es otro que la ley misma. A partir de esa premisa, resulta imposible comprender que el Gobierno de España no sólo empatice con ese desprecio a la ley, sino que, además, lo promueva mediante la descalificación sistemática de las instituciones, que son precisamente las que velan por el buen funcionamiento del modelo garantista consagrado en la Constitución. Ello se ha visto con el intento de obviar el control del Congreso para la prolongación del estado de alarma; y se ve ahora en la desautorización del poder judicial a través de un mensaje que, semanas atrás, quedaba perfectamente formulado en las declaraciones públicas de un líder de Unidas Podemos (socios del Gobierno socialista): los jueces –decía este dirigente– «son parte del problema».

Efectivamente, todos supimos cuál sería el problema desde que asumimos que Sánchez llegaría a la presidencia del Gobierno sobre los hombros de quienes apoyaron su moción de censura. Aquella suma de voluntades era como el negativo de la Transición: si entonces se aparcaron las diferencias para reconciliar a los españoles, ahora se hacía lo mismo para dividirlos; si entonces España fue para todos el interés superior, ahora era el enemigo a batir; si entonces el consenso fue el instrumento para levantar nuestro edificio institucional, ahora se congregaban los que deseaban demolerlo.

Contra lo que veían nuestros ojos, Pedro Sánchez intentó tranquilizarnos con declaraciones que hoy hacen las delicias de las redes sociales. Ya antes de llegar a La Moncloa había calificado los indultos como una «injerencia del poder ejecutivo en decisiones del poder judicial»; y, tras conocerse la sentencia de los líderes del procés, el ya presidente afirmó que su acatamiento («como corresponde en un Estado social y democrático de derecho») significaba también el «íntegro cumplimiento» de las penas.

Shakespeare expuso magistralmente en Macbeth el terrible conflicto que puede dividir a un líder entre los escrúpulos y la ambición: un problema que resulta aún mayor en el contexto de una democracia, donde el electorado otorga su confianza contando con la coherencia de quien promete gobernar de acuerdo a unos principios. Mantenerse fiel a esos principios es el signo de los grandes políticos, no sólo porque revela la solidez de sus convicciones, sino porque demuestra, también, la independencia de su liderazgo, ajeno al lastre de las clientelas y de las deudas con las que otros pudiesen chantajearlo. Porque a quien debe temer el Gobierno no es a las instituciones, que al cumplir cabalmente con su función no hacen más que fortalecer el orden democrático del que el propio Ejecutivo forma parte. Por el contrario, quienes sojuzgan y envilecen al Gobierno son aquellos que lo llevan a plegarse a las más inaceptables exigencias; los que le hacen acomodarse a propósitos delirantes; los que lo usan para minar y destruir aquello que en cambio debería engrandecer y mejorar.

Negado, quizá, a reconocer una condición tan deslucida, puede que Pedro Sánchez se haya convencido de que el bien de España consiste en dar pábulo a quienes conspiran para romperla –aunque en su acto del lunes, en Barcelona, no pudo dejar de admitir algo que, sin necesidad de otras razones, hacía inviable cualquier intento de dar coherencia a aquella argumentación en la que pretendía sustentarse un proyecto de futuro para toda España: «Por supuesto, no nos engañemos –confesó Sánchez–; no pensamos que quienes aspiran a la independencia vayan a cambiar de ideales. No esperamos tal cosa». ¿Y entonces? «El mal es bien, y el bien es mal», dicen las brujas de Macbeth para introducirnos en un mundo en el que se le retuerce el cuello a la verdad. Sobre ese supuesto, el presidente del Gobierno nos pide creer que la deslegitimación del Estado de derecho y de las instituciones democráticas es el camino para llegar a la concordia («la concordia –escribió Cicerón– constituye el vínculo más estrecho y mejor para la buena salud del Estado, y esta concordia no puede existir en modo alguno sin la base de la justicia»). Podríamos esperar a que su inevitable fracaso le saque del error, pero es demasiado lo que nos jugamos: nada menos que el futuro de esta nación, que es la única y la misma para los españoles de todos los partidos.

Ana Pastor Julián es vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados y vicesecretaria de Política Social del Partido Popular.

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