Un impuesto innovador

Todo partido político con mínima sensibilidad social está proponiendo medidas contra la pobreza. Pero la pobreza es la manifestación extrema de una desigualdad creciente en nuestra sociedad. La distancia entre el 20% con más rentas y el 20% que percibe menores rentas es de 7,2 veces, el peor dato en Europa, seguido por Grecia, Letonia y Rumanía. Esta situación, agudizada en España, es un fenómeno que se extiende a todos los países desarrollados como resultado de la digitalización de la economía y la excesiva influencia política de grandes empresas y del mundo financiero. Se debería pensar en medidas estructurales que reviertan esta tendencia.

Una de ellas pudiera ser un impuesto negativo sobre la renta. Existe en España un mínimo exento, que representa aquellos ingresos tan bajos que no están obligados a pagar IRPF, situado en 11.120 euros. El impuesto negativo generaría el derecho a percibir del Estado un pago por un porcentaje de la diferencia entre ingresos anuales menores y ese mínimo exento. Supongamos que hoy se fijara el porcentaje en el 20%. Un trabajador que hubiera ganado en el año 6.000 euros (fruto de su trabajo más todas las ayudas a las que tenga derecho) recibiría del Estado un pago adicional de 1.024 euros (el 20% de la diferencia entre su renta y el mínimo exento), y tendría una renta anual de 7.024 euros. Un trabajador en paro y sin ingresos recibiría 2.224 euros. Ambos estarían cubiertos por el impuesto negativo, pero al estar este fijado en cantidades básicas y ser compatible con ingresos por trabajo no desincentiva la búsqueda activa de empleo.

A este mínimo, que sería un nuevo derecho universal, se le podrían y deberían introducir multiplicadores adicionales para personas con derecho al impuesto negativo y que tienen dependientes a su cargo, de modo que podría afinarse para luchar de modo inmediato contra la pobreza.

Mi estimación es que este sistema beneficiaría a 12,2 millones de personas y su coste se situaría en 12.300 millones de euros: un coste importante, pero asumible.

En España, ni Podemos ni Ciudadanos han acertado con sus propuestas para combatir la desigualdad “por abajo”. Podemos lanzó la renta básica universal, reculó y por el momento habla de una renta mínima de inserción. Pero como todas las soluciones de “renta mínima” dirigidas exclusivamente a los que no trabajan, desincentiva la búsqueda de empleo. El complemento salarial de Ciudadanos es una copia del Earned Income Tax Credit de EE UU, que complementa la renta de los asalariados con ingresos bajos. Tiene dos grandes inconvenientes: se dirige solamente a los que trabajan (y no a la población en paro) y tiene un objetivo más difuso puesto que beneficiaría también a población con ingresos superiores al mínimo exento. En cuanto al PSOE parece inclinarse hacia atajar de modo efectivo la pobreza, no el problema más de fondo de la desigualdad, a través del “ingreso mínimo vital”, pero aún no se conocen todas sus características.

Las ventajas del impuesto negativo son muchas:

a) Permite combatir la desigualdad sin desincentivar la búsqueda de empleo, y puede afinarse como medida de choque contra la pobreza.

b) Es sencillo de aplicar: la Agencia Tributaria está acostumbrada al mínimo exento y a manejar devoluciones, por lo que no entrañaría grandes problemas operativos.

c) Podría incentivar a mucha gente hoy trabajando en negro a hacer la declaración de la renta, aflorando sus pequeños ingresos para complementarlos.

d) No duplica ninguna otra ayuda, porque su cálculo tiene en cuenta todos los ingresos, incluido cualquier tipo de subsidio. Además, actuaría como elemento nivelador del Estado frente a la disparidad de rentas de inserción que practican las comunidades autónomas.

e) Se autorregula, puesto que en la medida en que se vaya saliendo de las situaciones trágicas que hoy viven millones de españoles, automáticamente descenderá su cuantía.

Vivimos ya en una sociedad que erosiona la igualdad de oportunidades. El impuesto negativo es una de las posibles reformas a introducir para luchar contra la desigualdad, junto a otras medidas fiscales “por arriba” que afectan a los segmentos altos de renta y riqueza, y profundos cambios en el terreno del empleo: necesitamos sistemas innovadores que refunden el Estado de bienestar, para que nadie quede atrás en el siglo XXI.

Manuel Escudero es director del Centro Global para Negocios Sostenibles. Deusto Business School.

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