Un indulto para adulterar la historia

El 14 de Octubre de 2019, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condenaba por sedición a nueve de los líderes separatistas acusados en la causa del procés, y por desobediencia a otros tres. La sentencia, firmada de manera unánime por los magistrados, fue fruto de un arduo trabajo de meses por parte de la Justicia y las instituciones del Estado, conscientes de la relevancia pública de los hechos y del alcance de unos delitos gravísimos: la sedición, la malversación y la desobediencia a los mandatos del Tribunal Constitucional. Recuerdo el momento en el que fui conocedor de la noticia. Estábamos en campaña electoral. Y recuerdo la reacción del presidente del Gobierno: durante aquellos días, antes de pedir el voto a los españoles, insistió en el cumplimiento íntegro de la pena y subrayó, lo recuerdo con nitidez, algunos principios constitucionales como la igualdad entre españoles o la soberanía nacional.

Hoy, Pedro Sánchez vuelve a apelar a los valores constitucionales, pero esta vez para ilustrarnos sobre cómo términos como la venganza no figuran entre ellos. Quiero aclarar que el TC incluye entre las finalidades de la pena la satisfacción moral de la víctima del delito. Pero, en fin, aparte del discurso político ramplón de Sánchez, cabe preguntarse qué otra cosa sino la preparación del indulto a los separatistas condenados hay detrás de un cambio de opinión tan sonado: pasar de decir que veía rebelión en el golpe de Estado a tildar de «revanchistas» a quienes defendemos el cumplimiento íntegro de la pena. Es, supongo, lo que lleva aparejado elegir a los peores socios de Gobierno posibles.

Un indulto para adulterar la historiaSánchez ha dicho que «hay un tiempo para el castigo y otro para la concordia» en respuesta a una pregunta sobre los indultos. No puedo evitar sorprenderme de que sus escritores de discursos hayan tomado como referencia el esquema discursivo del Eclesiastés (en concreto Eclesiastés 3:1-8). Quizá deberían haberse fijado más cuando dice que «hay un tiempo para intentar y un tiempo para desistir» y éste es el tiempo para desistir de la humillante tentación de indultar a unos delincuentes condenados con tal de mantenerse en el poder.

Tras conocer hace ya meses el criterio de la Fiscalía contrario a esta medida de gracia, el Ejecutivo trató de convencernos de las bondades del indulto: el reencuentro, la concordia, la naturalidad. Y añadía, intentando suavizar la enorme indignidad que supone desde un punto de vista político vender así a todo un país, que había que esperar a que se pronunciara el Supremo. Pues ya lo ha hecho, ¡vaya si lo ha hecho! Los magistrados que condenaron a los autores del golpe de Estado en Cataluña han reeditado su unanimidad para concluir que no cabe un indulto como el que baraja Sánchez. La claridad de ese informe merece algunos comentarios. Vayamos por partes.

Uno de los primeros argumentos, inapelable, que arguye el tribunal versa sobre la torpeza argumental de los solicitantes, a saber: ni siquiera aluden a la existencia de arrepentimiento ni al cumplimiento de la función de reinserción social de la pena (que hace que ya no sea útil seguir ejecutándola), sino que plantean una mera enmienda a la totalidad de un juicio que siguen considerando injusto, como si el indulto fuera un nuevo recuso contra la sentencia. Así, los magistrados constatan que el indulto «no puede presentarse como el último mecanismo para reparar la supuesta vulneración de derechos fundamentales». Dicho de otro modo, el indulto no es otra forma más de protesta contra la sentencia, ni puede desprenderse de la condición del mismo en modo alguno la nulidad del juicio. Esto, que en Derecho es elemental, tiene gran importancia porque sabemos que los dirigentes separatistas buscarán valerse de cualquier cosa para seguir con la monserga de que España es un Estado autoritario.

Para seguir, los magistrados se centran en la función resocializadora de la pena, el efecto de prevención especial de la pena, la conocida reinserción social del reo recogida en el artículo 25 de la Constitución. Otra de las numerosas faltas de rigor en que incurren los separatistas, que renuncian al arrepentimiento individual y, en palabras del Supremo, «dibujan una responsabilidad penal, solidaria, compartida» por el conjunto de presos del procés. No puede valorarse, en ningún caso, la reinserción de manera compartida, pues para dar cumplimiento al art. 25 es necesario un arrepentimiento individual que ninguno de los presos ha expresado. Al contrario: la culpa sigue siendo del tribunal sentenciador y del malvado Estado español. Por no hablar de cómo esa apelación «grupal» persigue la finalidad, quizá no jurídica pero sí útil al relato político del separatismo, de alcanzar la amnistía, algo que a mi juicio no cabe en nuestro ordenamiento constitucional. De hecho, el propio TS señala que la amnistía es una institución que remedia los excesos de los Estados totalitarios cuando evolucionan hacia la democracia, inaplicable al caso que nos ocupa dado que el juicio se ha celebrado con todas las garantías como han confirmado todas las instancias nacionales e internacionales.

Otro asunto que convierte el informe del Supremo no sólo en documento jurídico de grandísima altura sino en una defensa de la democracia española que ya nos gustaría ver en el Gobierno es la refutación a ese mantra separatista de que España castiga en mayor medida la sedición. En su escrito, el Alto Tribunal recuerda que el «carácter delictivo» de hechos similares a los acaecidos en Cataluña en 2017 «es incuestionable en todos los países de nuestro entorno», citando, con nombre, artículo concreto y penas, la jurisprudencia de Alemania (penas de entre más de 10 años y prisión perpetua), Francia (penas de «especial gravedad» para la vulneración de los artículos 410.1, 412.3 y 412.4 del Código Penal), Italia (con penas no inferiores a 12 años), Bélgica (entre 20 y 30 años) o Portugal (entre 10 y 20).

Nos encontramos, una vez más, con una mentira mil veces repetida por el separatismo para manchar el buen nombre de nuestra democracia y que la Justicia refuta, con su habitual serenidad, citando el Derecho comparado concreto y la duración de las penas en Europa negro sobre blanco. En un razonamiento acaso más importante, el Supremo invalida cualquier coartada del Gobierno de recurrir a un indulto encubierto, es decir, a rebajar las penas por sedición bajo el falso argumento de que son excesivas. Queda claro que cualquier reforma del delito de sedición que emprenda Sánchez desde ahora no tiene motivación jurídica alguna, sino que se hace para favorecer a quienes dieron un golpe en Cataluña y con fines exclusivamente políticos.

Todo el razonamiento anterior, edificado de manera intachable por parte del Supremo, nos lleva a concluir que, en definitiva, la concesión del indulto por parte de Sánchez a sus socios separatistas será utilizada por éstos para reescribir nuestra historia democrática, poner en cuestión la Justicia de nuestro Estado de derecho e intentar arrastrar el buen nombre de España por el lodo. Y todo para seguir en Moncloa. Como pude comprobar en mis propias carnes, el presidente del Gobierno está dispuesto a cualquier cosa por mantenerse en el poder, carece del más mínimo escrúpulo. Sabemos que está dispuesto a todo, pero de no acatar el informe del Supremo –exigencia obligada para cualquier demócrata– habrá cruzado la mayor de las líneas rojas. De todas las aberraciones que estamos sufriendo por parte de este Gobierno, ésta sería, sin duda, la peor. España no merece un presidente que se crea más importante que su país, que sus ciudadanos y que crea de verdad que está por encima del bien y del mal. No todo vale.

Sin embargo, pese a la voluntad de Sánchez de dinamitar consensos democráticos, de pulverizar la independencia judicial y la separación de poderes bajo el único argumento de sus intereses egoístas, no me cabe duda de que España sabrá sobreponerse. Saldremos adelante, porque la sociedad española sí es merecedora de figurar entre los grandes nombres de la historia y de escribir la suya propia, a diferencia de quien no vive más que en el corto plazo de su propia supervivencia.

Edmundo Bal es diputado en el Congreso y vicesecretario general y portavoz nacional de Ciudadanos.

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