Un largo camino lleno de trampas

Si se cumplen los pronósticos de las encuestas, la responsabilidad del Gobierno corresponderá pronto al Partido Popular, que pretende una política económica bien distinta a la actual. Pero esa política discurrirá obligadamente por un camino lleno de trampas que, oportunamente activadas, podrían hacerla descarrilar mediante movilizaciones sociales como las ocurridas en Grecia. Cuatro de esos grupos de trampas, al menos, podrían constituir obstáculos formidables para una acción eficiente. El primero es el del paro. El segundo, el del déficit público. El tercero, la solución de la crisis bancaria. El cuarto, el cambio estructural en nuestra economía. Cuatro formidables agujeros negros en los que podría hundirse el crédito inicial concedido a todo nuevo Gobierno y a sus políticas.

La trampa del paro comenzará a vislumbrarse a principios del nuevo año, cuando se conozca la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre. Con una economía que probablemente termine 2011 con tasas negativas de crecimiento, no cabe esperar sino otro aumento importante del desempleo que, a esas alturas del nuevo ejercicio, quizá se considere todavía responsabilidad del Gobierno anterior. Pero ese crédito durará poco pues en abril aparecerá la EPA del primer trimestre de 2012. Con crecimientos negativos a finales de 2011 en un panorama internacional recesivo, no solo el primer trimestre de la EPA sino también el segundo -que se conocerá a finales de julio- y quizá el tercero presentarán todavía aumentos apreciables del paro que podrían tratar de endosarse al nuevo Gobierno.

Incluso aunque en la segunda mitad de 2012 se consiguiese ya un crecimiento del PIB a tasas que posibilitaran el inicio de la creación de empleo, esos resultados, muy difíciles de alcanzar, no repercutirían en la EPA hasta finales del 2012 (datos del tercer trimestre) o principios de 2013 (datos del cuarto) y en la Contabilidad Nacional hasta un mes después de esas dos fechas. En el mejor de los casos queda por delante todo un año, al menos, de graves penurias en el empleo y en el crecimiento del PIB y de imputaciones cada vez más duras a las necesarias políticas de ajuste del nuevo Gobierno, como ya se está ensayando en estos días.

El segundo grupo de trampas se esconde tras el déficit público. Tienen menos fuerza interna que las del paro, salvo en lo relativo a empleo público y bienestar social, pero podrían tener efectos explosivos en el exterior. El déficit público, según datos del INE, fue del 7,9% del PIB en el primer semestre de 2010 y del 10,8% en el segundo, con un 9,3% para todo el año. En el primer semestre de 2011 se redujo al 7,7% por lo que, para llegar a un valor próximo al 8% para todo este año, en el segundo semestre debería alcanzar un valor relativo similar al del primero, rompiendo con la tradición de fuertes aumentos en los últimos meses del ejercicio. Si, por el contrario, la pauta de su crecimiento fuese similar a la del año pasado, 2011 terminaría con valores por encima del 9%.

Para alcanzar el 6% el déficit del segundo semestre debería ser tan solo de un 4,3%, lo que parece casi imposible porque, además, en el segundo semestre se ha estancado el crecimiento del PIB, que es el denominador, y está disminuyendo la recaudación tributaria, que es el término positivo del numerador. Por tanto, sólo una fortísima desaceleración de los gastos públicos en el segundo semestre podría llevar el déficit a esa cota del 6%, suponiendo que desacelerar no signifique sólo olvidarse de contabilizar, como ha ocurrido en algunas Comunidades y Ayuntamientos.

Por eso lo más probable es que cuando en el próximo abril se conozcan las cifras de déficit público de 2011 y éstas superen ampliamente el compromiso del actual Gobierno de llegar al 6%, tengamos un conflicto serio con la Unión Europea y con los mercados, aunque quizá ese conflicto se anticipe a finales de este año, cuando aparezcan las cifras del tercer trimestre y pueda estimarse mejor el ejercicio completo. Otra importante trampa para el nuevo Gobierno, con repercusiones muy negativas en nuestro crédito internacional, en nuestras posibilidades de financiación y en las obligaciones que nos imponen nuestros socios europeos.

El tercer grupo de trampas es el derivado del saneamiento inmobiliario en nuestras entidades financieras, tarea hasta ahora incomprensiblemente demorada por el actual Gobierno y donde se concentra la crisis de bancos y cajas. Los recientes datos del Banco de España van aclarando la considerable magnitud de ese problema debido a los créditos a promotores respaldados por solares y otros activos que tardarán mucho en liquidarse si efectivamente lo hacen algún día. Pero ese saneamiento resulta imprescindible para que el crédito bancario pueda fluir hacia el sector privado y podamos recuperar el crecimiento de la producción y del empleo. Como habrá de hacerse necesariamente con recursos públicos para evitar que el proceso dure dos décadas, llevándonos a una crisis a la japonesa, fácil resulta prever que, aunque se garantice plenamente que las entidades financieras responderán en su momento de los resultados que arrojen tales activos y se exijan de inmediato responsabilidades a los causantes de tales desaguisados, los gritos de la oposición se escucharán muy lejos y al nuevo Gobierno se le acusará de proteger a los banqueros. Otra trampa, en consecuencia, para la aplicación pacífica de la política económica necesaria.

Las trampas ocultas en el difícil proceso de hacer más competitiva nuestra economía para que pueda defenderse en el mundo global de hoy van a ser, si cabe, todavía más sonoras, largas e insidiosas. Tendremos que reducir nuestros costes u ofrecer mayores calidades en nuestra producción, o ambas cosas a la vez, para competir con países de salarios más reducidos o con otros de tecnologías más avanzadas y dotaciones de capital más altas y eficientes. Deberíamos ganar esa batalla no tanto reduciendo nuestros salarios sino flexibilizando las condiciones de empleo y contratación, unificando y haciendo más transparentes nuestros mercados, mejorando la calificación de nuestra mano de obra, haciendo más eficientes nuestras empresas, aportando una energía más abundante y barata para nuestras producciones, elevando la cantidad y calidad de nuestras inversiones públicas y privadas y cambiando muchos aspectos de nuestras conductas para adaptarlas a las nuevas y duras circunstancias de la competencia global.

La tarea es inmensa e implica reformas muy profundas, que van desde la estructura administrativa del país a aspectos muy concretos de las relaciones laborales, de la enseñanza en todos sus grados, del sistema impositivo, de la energía, de las inversiones y de otros muchos aspectos que harían interminable su descripción. Todas ellas tendrán efectos muy positivos pero esos resultados tardarán en llegar, viéndose sólo a largo plazo. Por eso y porque afectan a intereses muy concretos en los que la demagogia puede encontrar fácil apoyo para desencadenar importantes conflictos sociales, esas reformas serán muy difíciles de emprender. El nuevo Gobierno deberá ponerlas en marcha de inmediato, aunque tenga que lidiar con críticas muy duras y esperar resultados positivos que tardarán en materializarse. Otro gravísimo riesgo para la política económica necesaria.

La atenunación, al menos, de esos tres grupos de conflictos pasa también por tres acciones que el nuevo Gobierno, una vez constituido, debería emprender con urgencia. La primera, la de dar cuenta detallada al país de la extraordinaria gravedad de la situación a que se enfrenta, sin eufemismos ni paños calientes, sino con la rotundidad de las cifras, con la franqueza a que obliga una situación tan extrema y sin miedo a la verdad por dura que parezca. La segunda, la de demostrar a la Nación que existe un completo programa de política económica capaz de resolver esos problemas, aunque no en plazo corto ni sin sacrificios muy duros. La tercera, la de hacer una llamada sincera, abierta y sin exclusiones para alcanzar un acuerdo de largo recorrido que evite batallas campales que destrocen nuestra ya maltrecha economía y generen graves fracturas en la convivencia diaria, pero sin impedir las políticas que necesitamos aplicar. Esas tres acciones reforzarían aún más la confianza creciente que va ganado la futura política económica.

Manuel Lagares, catedrático de Hacienda Pública y miembro del Consejo Editorial de El Mundo.