Un lazo blanco por RTVE

De la plantilla de RTVE formamos parte más de 6.000 trabajadores. Y hay de todo, como en todas partes. Pero que una amplia mayoría adopte una posición de discreta neutralidad frente a otra parte más ruidosa mientras los políticos se ponen de acuerdo en la renovación del Consejo de Administración y la Presidencia no significa aceptar y acatar las campañas de propaganda y descrédito que se vierten con alevosía, premeditación e impunidad sobre la radio y la televisión públicas.

Todos sabemos, dentro y fuera de la casa, que esas campañas se atizan como hogueras de la Santa Inquisición desde algunos medios y sectores internos de RTVE con la intención de apropiarse de los valores periodísticos de la neutralidad, la pluralidad y la objetividad cuando en realidad representan un determinado posicionamiento ideológico. Aquellos que apelan a la televisión pública de todos como argumento de batalla realmente parecen demostrar por sus omisiones, actos y diretes que pretenden una televisión hecha a la medida de su pensamiento militante y sus aspiraciones personales, lo cual es legítimo si bien traiciona el principio filosofal de la profesión periodística que dicen defender y que no es otro que la verdad. Y la verdad es que RTVE debe ser de todos, y no de unos pocos. La verdad es que RTVE representa una España libre y democrática firme en torno a la Constitución y contraria al concepto populista, antisistema y rupturista de la información. La verdad, en definitiva, no es posverdad.

Los que llevamos años en RTVE y hemos pasado por distintas etapas sabemos que RTVE ha sido y es un arma arrojadiza en la disputa política. Por eso no podemos aceptar deslealtades de tanto calibre, lecciones de parte ni acusaciones de manipulación por mucho que se intente documentar de forma subjetiva y se multiplique en altavoces afines que persiguen el monopolio informativo y publicitario, cuando en otros tiempos reinaba un silencio cómplice de los mismos que ahora tanto protestan. Los políticos serios y la opinión pública saben lo que hay, que no es otra cosa que una radio y una televisión públicas en las que todos están representados muy por encima de la proporcionalidad parlamentaria. Y si se puede mejorar, mejor para todos y mejor para la sociedad española, que es en definitiva la verdadera accionista de RTVE.

En RTVE todos creemos en una radio televisión pública viable como eje vertebrador de un país plural integrado en la Unión Europea y en un mundo global siempre sin ataduras políticas. Pero que haya distintos criterios informativos o de programación, todos legítimos dentro de los márgenes de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, no da carta blanca a criminalizar a una determinada dirección de ayer, hoy o mañana. Se puede hacer, pero no en nombre de la verdad y del periodismo libre. Porque realmente lo que se consigue es desprestigiar RTVE para lograr el objetivo del control al servicio de unos determinados intereses políticos, empresariales y mediáticos.

Los problemas de RTVE son estructurales, y van más allá de la línea informativa, el modelo y la financiación de las sucesivas etapas. Los que ahora se rasgan las vestiduras se olvidan con enorme facilidad y cinismo del multimillonario ERE de 2006 que todavía pagan los españoles con sus impuestos, que no ha resuelto los excesos de plantilla pues se realizaron cientos de contrataciones que en su momento no merecieron la peyorativa calificación de redacción paralela utilizada para 14 contratos recientes y que supuso la dilapidación de un gran capital profesional y humano con jubilaciones anticipadas cuyos números rojos son fáciles de encontrar en internet. Esa hipocresía y ligereza con la que se borra de la memoria de RTVE el rastro de tropelías que ahora se imputan a otros debe incluir también la arbitraria retirada de la publicidad de TVE en 2009, el acomodo de fusiones y del mercado televisivo para mayor apuntalamiento del duopolio, la problemática de las televisiones públicas autonómicas, alguna de ellas sin Dirección General más de un lustro y absueltas del juicio partidista por magia del doble rasero pues para ellas no se utilizan ni la misma vara de medir ni la lupa que con TVE.

Eso sí, queda un patrocinio limitado y cultural para TVE a cambio de las tasas de radioeléctricas, teles privadas y tele-operadoras con las que disimular lo que pretendía ser el entierro de la televisión pública española y que lejos de morir está resucitando con liderazgo de audiencia en informativos diarios y no diarios y éxitos de programación que amenazan el negocio y la influencia social de otros sectores del mercado televisivo.

La población laboral debe renovarse y la transformación tecnológica es imparable. Y para evitar morir a manos de la era digital, no bastan un concurso público, un acuerdo parlamentario, la asignación de los Presupuestos Generales del Estado, la cuota complementaria de financiación o las apelaciones a la libertad de expresión y de prensa. Hace falta un pacto de Estado por verdadero consenso político que purifique y clarifique las reformas de la Ley de 2006: La que se hizo en 2012 para desbloquear la renovación y la que se ha hecho en 2017, una suerte de nueva Ley que ha recibido toda clase de calificativos pues se ha demostrado por ahora ineficaz y de incierta aplicación tanto jurídica como política. Por todo ello, y en defensa de una televisión pública de todos, muchísimos trabajadores de RTVE rechazamos el linchamiento permanente y exigimos la viabilidad de la Corporación como factor de contribución a la democracia española. Transparencia, verdad y respeto para todos los que formamos parte de RTVE, y en especial para esa mayoría silenciosa que porta en la solapa imaginaria del trabajo diario, la honestidad, la lealtad y la decencia el lazo blanco de una televisión pública necesaria, integradora y compartida.

Jenaro Castro es director de Informe semanal

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *