Si se va, no será porque se atreva a dimitir por la inaudita razón de haber sido recusado para intervenir en un asunto de los muchos que llegan hasta el Constitucional. Si se va será porque otros le habrán echado a empujones mientras se empeñan, sin éxito, en disfrazar eso de su libre y personalísima decisión. El magistrado Pérez Tremps va a ser a partir de ahora mismo, aunque él, ingenuo, no lo crea, objeto de una intensísima y constante presión para que recoja la toga cuanto antes y se vaya con el Derecho a otra parte. Le ofrecerán, seguro, destinos más brillantes y mucho mejor pagados pero, eso sí, siempre que ahueque y deje libre el sitio para poner a otro que no ponga en peligro una de las más importantes apuestas políticas del Gobierno: la supervivencia del Estatuto de Cataluña tal y como ha sido refrendado por los catalanes.
Porque ésa es otra de las derivadas de esta polémica: que desde Cataluña se considera intolerable que nada menos que una cuerda de jueces vayan a enmendar -o no- un Estatuto que ya ha sido refrendado por el pueblo. Y a ver quién y por qué se atreve a torcer nada menos que la voluntad popular, por mucho que esa voluntad haya sido la del 74% de tan sólo el 48,8% de los catalanes con derecho a voto que se molestaron aquel día de junio en acudir a las urnas. Es decir, que estaríamos ante una pregunta con respuesta pagada: usted no puede meter tijera a un texto, aunque la ley se lo encomiende, porque el pueblo ya lo ha hecho suyo. Conclusión de esta advertencia hecha por Ernest Benach, de ERC y por Artur Mas, de CiU: el TC no tiene nada que decir, ya no puede decir nada. Sobre todo si no tenemos asegurado que vaya a decir amén.
Independientemente de otras consideraciones, este comentario, que nos anuncia el formidable problema político que estallaría en España si hay un revolcón serio a un texto elaborado desde la ignorancia olímpica de la opinión del PP, evidencia otro de los grandísimos errores cometidos: el haber convocado el referéndum sin esperar a que el Constitucional se pronunciase antes sobre el Estatuto. O, visto de manera más maligna pero mucho más certera, el haberse empeñado en convocar el referéndum antes, precisamente para impedir que el TC se atreviera a pronunciarse negativamente después sobre el Estatuto.
Lo ha dicho Joan Ridao, de ERC: «Hay que sustituirle». Y hay que sustituirle porque este magistrado, catedrático de prestigio y buena cabeza jurídica según opinión unánime, ya no sirve para cumplir el cometido que se esperaba de él: que apoyara la constitucionalidad de un Estatuto que lleva transcritas literalmente en su articulado varias de las recomendaciones que él, legítimamente, incluyó en el dictamen por el que cobró un magro precio, por cierto.
El Gobierno tiene hoy dos opciones: o aguantarse y asumir el riesgo de que el Estatuto sufra un varapalo, sabiendo que puede que eso no ocurra porque la relación 6-5 no es en absoluto mecánica; o lanzarse a degüello a sacar a Pérez Tremps y provocar un formidable escándalo político, el desprestigio internacional del Tribunal, el del catedrático y el del propio Ejecutivo. Lo primero es probable. Lo segundo sería seguro.
Victoria Prego