Estamos en un mal momento para la firma de Acuerdos Comerciales. Asistimos a un rechazo creciente a la liberalización del comercio que se percibe como una amenaza para el empleo, los servicios públicos, la seguridad alimentaria y la protección social, al tiempo que crecen las críticas contra la globalización a la que se responsabiliza en exclusiva del aumento de la desigualdad y la pobreza. Vivimos una realidad en la que crecen el miedo y la incertidumbre ante el futuro convirtiéndose en caldo de cultivo para el populismo y el proteccionismo.
Asistimos a una desigualdad creciente en los países desarrollados, aunque en los últimos 20 años han salido de la miseria millones de personas en países pobres. Es un fenómeno complejo, en el que la apertura de los mercados es un factor relevante, pero también lo es el cambio tecnológico.
Es evidente que la globalización genera perdedores, pero eso no significa que frenarla sea la solución. Lo que necesitamos es una gobernanza económica global justa que permita repartir mejor las enormes ganancias de la apertura económica. Hacer frente a los retos de la globalización no pasa por demonizar el comercio internacional, ni por mantener nuestra competitividad global devaluando las condiciones laborales y el modelo de protección social que defendemos. La UE tiene que coordinar mejor la política exterior e interior para desarrollar una reindustrialización generadora de empleos de calidad, elaborando con nuestros socios internacionales una estrategia en favor de un comercio internacional justo y sostenible con medidas eficaces contra el dumping social, laboral y medioambiental. Este es el objetivo de la nueva política comercial basada en la negociación de Acuerdos que no se limitan a suprimir barreras comerciales, sino también a garantizar y promover los estándares de protección de la UE regulando mejor el comercio.
Este es el caso del Acuerdo negociado con Canadá, conocido como CETA por sus siglas en inglés.
Canadá es el país que más se parece a la UE por sus valores democráticos, su nivel de desarrollo, su defensa del estado del bienestar y de la sostenibilidad medioambiental. Y si la UE no puede negociar un Acuerdo con Canadá, será el fin de la política comercial europea, uno de los pilares fundamentales de la Unión.
Respecto a su contenido, intentaré despejar algunas de las dudas más extendidas.
En relación a las Indicaciones Geográficas (IGs) de productos agrícolas, Canadá tiene un sistema de protección diferente basado en el derecho de marcas. De toda la amplia gama de IGs existentes en la UE, la Comisión ha seleccionado un listado, en consulta con los Estados miembros, teniendo en cuenta que para proteger un producto tiene que estar introducido en Canadá y existir posibilidades reales de copiarlo. Canadá ha aceptado 145 indicaciones prioritarias de la UE, 27 de ellas españolas, que podrán disfrutar de un nivel de protección comparable al de UE si se firma el Acuerdo.
En cuanto a la amenaza de privatización de los Servicios Públicos, quiero destacar que el Tratado Fundacional de la UE confiere a los Estados Miembros la competencia exclusiva para decidir el modo en que se financian, organizan y prestan los servicios públicos y ningún tratado comercial puede vulnerar este principio. Además, para no generar dudas, la Declaración Interpretativa Conjunta de la Comisión Europea y Canadá precisa con claridad el derecho de los Gobiernos a facilitar y apoyar la prestación de servicios públicos, así como la posibilidad de devolver al ámbito público servicios previamente privatizados.
El otro elemento que genera más controversias es el relativo a los mecanismos de resolución de conflictos entre inversores y estados. Los socialistas europeos estamos totalmente en contra del sistema actual de Arbitraje Privado (ISDS por sus siglas en inglés) y conseguimos que se abriera la negociación de este capítulo de CETA para sustituirlo por un nuevo sistema, el Sistema Público de Inversiones (ICS), basado en los principios de la Corte Internacional de Justicia. Un sistema en el que las autoridades públicas de todos los niveles mantendrán su derecho a regular en favor del interés público, con un Tribunal independiente cuyos miembros, jueces, estarán sometidos a estrictas normas éticas para garantizar su independencia, imparcialidad y ausencia de conflicto de intereses, creándose un mecanismo de apelación comparable a los de la justicia ordinaria.
Finalmente, pero no menos importante, CETA incorpora un ambicioso capítulo de desarrollo sostenible con disposiciones relativas a la defensa de los derechos laborales y la protección del medio ambiente.
En definitiva, necesitamos reglas comerciales que garanticen un comercio justo y una globalización sostenible. CETA sería un buen modelo para construir un orden comercial políticamente avanzado, lamentablemente no son buenos tiempos para ello.
Inmaculada Rodriguez-Piñero es eurodiputada, miembro de la Comisión de Comercio Internacional