Si queremos simbolizar el sellado del pacto reconciliatorio de la Transición en un lugar, en un acto, en la memoria colectiva de la España moderna, no habría mejor decisión ni mejor espacio que la transformación del Valle de los Caídos en un Memorial de las Víctimas de la Guerra Civil. Sí, esta es la perspectiva que debe prevalecer: la de las víctimas, la de todas ellas, como recuerdo imperativo de lo que nunca más debe suceder.
Ese y ningún otro era y es el espíritu de la Ley de la Memoria Histórica que el Partido Popular banalizó y ridiculizó en su agresiva política de oposición al presidente Zapatero.
Durante el último año de su mandato trabajamos en tres líneas que reclamaban continuidad y que el Partido Popular paralizó. Elaboramos un mapa de fosas en las que todavía, 80 años después, yacen restos de fusilados republicanos. Una tarea inacabada realizada a partir de testimonios e indicios de testigos aún vivos, por poco tiempo, para que los familiares que los reclamen puedan enterrarlos con dignidad y con la ayuda del Estado. Aprobamos igualmente el protocolo científico para las exhumaciones. Se trataba de superar las enormes obstrucciones administrativas con las que topaban y topan las exhumaciones, así como eventuales impericias. Y, por supuesto, completamos la ayuda económica para ellas.
En segundo lugar, preparamos un modelo de certificación oficial y dimos curso a declaraciones de ilegitimidad de los tribunales y de las sentencias franquistas. Es difícil describir la emoción que sentimos cuando entregábamos esas Declaraciones de Reparación y Reconocimiento a los familiares de los fusilados en los inicios del régimen. Era una reparación moral y política obligada del Gobierno de España por la que, a tenor de la Ley de Memoria Histórica, aquellas sentencias condenatorias quedan desprovistas de valor jurídico. El Tribunal Supremo confirmó que el sistema de la declaración general de ilegitimidad ope legis por la que había optado el legislador sustituía y excluía la vía de la eventual declaración individualizada de nulidad e invalidez de las sentencias afectadas por tal declaración (21 de febrero de 2011).
Por último, encargamos a una comisión de expertos, cuidadosamente elegida y pactada con todas las fuerzas políticas, la elaboración de un informe sobre el futuro del Valle con la idea de trasformar su vieja significación y convertirlo así en un lugar de memoria reconciliada.
El Valle no es un lugar cualquiera. Reclama un profundo respeto porque allí yacen los restos registrados de 33.847 personas, de los cuales aproximadamente 21.400 son de víctimas identificadas y unos 12.400 de no identificadas. Miles de ellas habían sido enterradas en fosas comunes cerca de las paredes de los cementerios, en descampados y cunetas. A partir de 1959, desde múltiples pueblos y ciudades de España, fueron trasladadas y depositadas en los columbarios del Valle. Su identificación ha devenido imposible hasta el presente por las malas condiciones en que se realizó el traslado, por la deficiente identificación en origen, en particular de las republicanas, y por los sucesivos derrumbes que han sufrido los columbarios citados.
El informe es conocido. Fue presentado públicamente después de celebradas las elecciones de octubre de 2011 y fue entregado a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con los documentos de la transmisión de poderes al nuevo Gobierno. Los expertos recomendaban en esencia:
1. Construir un memorial civil en la explanada del Valle, con los nombres y apellidos de todos los enterrados allí. Un gran mausoleo en homenaje permanente a todas las víctimas. (Algo semejante al memorial por las víctimas de la Guerra de Vietnam en Washington).
2. Dignificar la situación de los restos, los columbarios y las criptas.
3. Construir un centro de interpretación del lugar con la historia de la construcción del Valle, la guerra y el recuerdo de los trabajadores penados, junto a un centro de documentación e investigación histórica.
4. Mantener el uso religioso del templo, pero con una presencia católica absolutamente comprometida con la democracia, el pluralismo político y la reconciliación, sin resabio alguno del espíritu nacional-católico franquista.
5. Y, por último, precisamente por ser un lugar de memoria de las víctimas, el informe reclamaba la exhumación de los restos de Franco del templo y la reubicación de los de José Antonio, víctima también, en lugar no preeminente. Tres de los expertos expresaron un voto particular. Suscribían todas las recomendaciones del informe salvo esta. No por razones de principio, sino de prudencia.
Esta no es una tarea partidista. La mayoría de los partidos, salvo uno, suscriben las propuestas del informe seis años después, como manifestó la votación en el Congreso del pasado 11 de mayo. Tampoco es anacrónico. Hacer un memorial en el Valle “no reabre viejas heridas”, como dijo el portavoz del Gobierno. Por el contrario, la cierra con la verdad del pasado y la dignidad para las víctimas. Hacer del Valle un lugar de memoria reconciliada es una gran asignatura pendiente de nuestra tortuosa memoria sobre la guerra y la represión franquista posterior. Es sencillamente inexplicable que no lo hayamos hecho ya. Si fuimos capaces de hacer la Transición y reconocernos, no como enemigos del pasado, sino como ciudadanos del futuro, ¿por qué no simbolizar ese abrazo en un lugar tan significativo?
No es razonable que ese lugar divida y enfrente virulentamente a los españoles 40 años después. O que los turistas que lo visitan confundan un memorial de víctimas con un mausoleo del dictador.
Esta es una operación delicada. De Estado. Incluye muchas gestiones sensibles. Pero son posibles. La familia Franco lo aceptará si es el Estado quien decide. La Iglesia española lo ve con buenos ojos. El Rey, de una España del siglo XXI, debería apoyarla. Es necesario. No en vano fue su padre quien encargó la custodia de la tumba de Franco a la comunidad benedictina, junto al altar. El Gobierno del Partido Popular debería liderarla para aunar y consensuar voluntades. Es una oportunidad para sellar el logro de una Transición que algunos menoscaban y menosprecian por desconocimiento o sectarismo. Es mejor que lo haga la derecha española. Es mejor incluso para ellos, pero sobre todo lo es para España.
Ramón Jáuregui fue el ministro de la Presidencia que encargó el informe de los expertos y Carlos García de Andoin, su colaborador, el secretario de la comisión que lo elaboró.