La anunciada exhumación de los restos de Franco por parte del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que tenía apenas tres años cuando aquel murió, es un nuevo capítulo en lo que se ha venido a llamar memoria histórica, relato ideológico del pasado que, según proyecta legislar el PSOE, pretende ser tan monolítico y aplastante contra toda disidencia como la losa sepulcral que habrá de ser removida en el Valle de los Caídos, con penas de hasta cuatro años de cárcel por disentir de la verdad oficial sobre nuestro pasado.
Al igual que su predecesor Zapatero al retirar la estatua de Franco, Sánchez logrará nuevamente que el simbólico ajuste de cuentas con el dictador oculte la verdadera asignatura pendiente que el PSOE ha venido cargando sobre el resto de los españoles con la memoria histórica: el ajuste de cuentas con su propio pasado como protagonista de la República y la Guerra Civil, y la nefasta incidencia que las fracturas y guerras internas entre un PSOE posibilista y democrático y otro revolucionario y liberticida tuvieron en la grave crisis del régimen republicano y su desenlace fratricida.
Durante 14 años de Gobierno socialista, Felipe González se negó a desarchivar la memoria de aquel pasado, incluso para levantar la damnatio memoriae socialista contra Juan Negrín. Zapatero fue más hábil y logró soslayar los fantasmas del PSOE con una Ley de la Memoria Histórica que olvidaba los años republicanos, incluido el golpe revolucionario contra la República promovido por su partido en 1934, sofocado con la intervención de su abuelo, el capitán Lozano, quien casi fue acribillado por los mineros socialistas antes que por los sublevados en 1936.
Además, prueba de su adanismo, Zapatero logró extender la idea de que su ley era la primera y única que había atendido a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Lo hizo solo en un caso muy notable: el de la exhumación de las fosas comunes. Entre 2008 y 2011 destinó 8,1 millones de euros a este cometido, si bien esta partida representó solo una tercera parte del total de subvenciones destinadas a actividades de memoria histórica.
La cuestión de las fosas comunes, paralizada erróneamente a mi entender por el Partido Popular en el Gobierno, me conduce a la reflexión central de este artículo: la actitud de mi formación ante la memoria histórica, no sólo de forma retrospectiva sino como planteamiento de futuro ante el esperanzador proceso de elección de nuestro nuevo presidente.
Más allá de la apelación a los principios de concordia y reconciliación, el PP ha tenido una reacción acomplejada ante el envite guerracivilista de la izquierda. Dicha reacción ha jugado, paradójicamente, en favor del propósito de fondo de esta ofensiva, que es la deslegitimación del centroderecha en la alternancia democrática por su supuesta condición de «heredero del franquismo».
Lo cierto es que en el año 2007 había razones para estar a la defensiva. La Ley de la Memoria Histórica se enmarcaba en el intento de exclusión del Partido Popular del juego democrático que siguió a la investidura de Zapatero: el célebre "cordón sanitario" precedido por el ominoso Pacto del Tinell. Pero la carga de profundidad venía ya de antes. Bastó que Aznar ganara con mayoría absoluta en el 2000 para que, por vez primera en toda la democracia, la izquierda presentara en el Congreso una iniciativa sobre exhumación de las fosas.
Causalidad o casualidad, se produjo la suerte de conexión malévola que buscaba identificar a un partido democrático con los verdugos de aquellas fosas. Por supuesto que era también una cuestión generacional, con la legítima voluntad de los nietos o bisnietos por reconocer a sus ascendientes asesinados y cerrar el duelo que sus familias no habían cerrado ni siquiera en democracia.
La ley de Zapatero supuso, en todo caso, liquidar el espíritu de la Transición, basada en el acuerdo de no utilizar la Guerra Civil como arma política. Generaciones de españoles se han visto resituados en el escenario de la confrontación que no habían vivido, con reparto masivo de etiquetas sacadas del baúl roñoso del odio y la discordia, que ha dado lugar a casos de auténtica vergüenza ajena como la de hijos de notables franquistas, incluido algún famoso ministro de Zapatero, pretendiendo ganar la guerra de papá por segunda vez pero ahora disfrazados de milicianos frentepopulistas.
La pregunta es qué debe hacer el centroderecha ante esta constante irrupción de la Guerra Civil y la dictadura en la centralidad de la vida política -en el Ayuntamiento de Madrid debatimos ahora sobre memoria histórica en uno de cada tres plenos, aunque en los siete años de vigencia la ley durante el gobierno municipal del PP solo se recibió una reclamación sobre el cambio del callejero-.
La respuesta más sencilla para muchos votantes y simpatizantes del PP es haber derogado la ley de Zapatero. Para mí la cuestión es otra. El PP tiene la oportunidad de reivindicar sin complejos su contribución a la libertad, la democracia y la modernización de España. Por más que en sus orígenes hubiera figuras vinculadas al franquismo tardío, hicieron que nuestro partido naciera por y para la democracia. Desde entonces se ha nutrido de la dedicación de generaciones ajenas totalmente al franquismo, incluso de descendientes de los vencidos, que han entregado, nunca lo olvidemos, su tributo de sangre en defensa de la libertad a manos de los criminales totalitarios de ETA.
Al contrario que el PSOE, PCE, PNV o ERC, protagonistas de la República y la guerra civil, el PP como partido no tiene cuentas con ese pasado, salvo reivindicar la aportación a la República de las opciones liberales y conservadoras de la tercera España, perseguidas y masacradas por los hunos y los hotros e inexplicablemente preteridas en nuestras referencias políticas.
Ante la esperpéntica paradoja de que el antifranquismo postmortem de Sánchez pretenda recortar las libertades conquistadas después de la muerte del dictador, el nuevo presidente del PP tiene una magnífica ocasión para reivindicar de nuevo nuestro irrenunciable compromiso con la libertad. Debemos defender con toda firmeza el derecho de los españoles a pensar y decir lo que les venga en gana sobre nuestro pasado, sin tener que sufrir penas de cárcel por contradecir la sacrosanta versión oficial como pretende instaurar Sánchez con su orwelliana Comisión de la Verdad.
Otra cuestión fundamental es poner fin a las guerras del callejero. Toda decisión al respecto debe estar fundada en el máximo consenso, desde la convicción de que la existencia de determinadas calles y monumentos pueden ofender a muchos ciudadanos, al igual que su retirada puede no ser entendida por otros. Por ello, y para que el espacio público sea un lugar de encuentro y no de adoctrinamiento del gobierno municipal de turno, sería necesario contar con mayorías cualificadas en los ayuntamientos para nombrar nuevas calles o decidir nuevos monumentos, incluso más allá de la Ley de la Memoria Histórica.
Pero, sin duda, la asignatura pendiente del PP es la de la exhumación de las fosas, aunque ya un Gobierno popular, el de Castilla y León, ha aprobado ayudas para este fin. Apoyar un plan científico para las fosas de ambos bandos, no sólo de uno de ellos, contribuiría a reforzar nuestro discurso en favor de la concordia y la reconciliación. El reconocimiento a todas las víctimas del odio entre españoles nos sitúa en una posición democráticamente aventajada frente a quienes reproducen hoy, a la inversa, los mismos espasmos del franquismo, elevando a la condición de mártires a unas víctimas y humillando a las otras.
Superar la confrontación en esta materia es cuestión que compete también al PP. Se desmontarían también falsedades como la de que España es el segundo país del mundo en fosas comunes después de Camboya, sin que sepamos por qué otros países comunistas como China y la antigua URSS, con sus masacres de millones de personas, han sido descalificadas de este ranking. Trabajar sobre las aproximadamente 1.200 registradas en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia conllevaría un trabajo de cuatro o cinco años con una dotación suficiente y lograría cerrar este capítulo definitivamente.
La propuesta podría articularse mediante una fundación pública o entidad similar a la Commonwealth War Graves Commission, en Gran Bretaña, y la American Battle Monuments Commission, en Estados Unidos, encargadas de mantener los memoriales donde reposan los restos de sus combatientes y civiles muertos en contiendas, pero también de la búsqueda y exhumación de nuevas fosas cuando se tiene noticia de su localización.
Esta institución del memorial español se responsabilizaría también de la gestión del Valle de los Caídos bajo los principios que alentaron el abrazo entre las dos Españas. Además atendería las demandas de los familiares de las víctimas sin hacer recaer sobre sus espaldas la iniciativa de búsqueda de sus ascendientes en las fosas, como sucede con la ley de memoria histórica.
Con ello daríamos un paso trascendental en el reconocimiento que merecen nuestros compatriotas enterrados en fosas comunes, sean civiles represaliados o combatientes caídos en el campo de batalla, para situarlos por encima de cualquier confrontación y sean una lección permanente de la responsabilidad que entraña compartir y fortalecer los valores democráticos.
Pedro Corral es periodista y escritor. Concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid.