Un Ministerio de Promesas Incumplidas

Qué tontería de título ¿verdad? Suena a bulevar de los sueños rotos, con perdón de James Dean o Sabina, pero es que me daba miedo ahuyentar a los posibles lectores con el que tenía pensado: ‘Lo legal y lo legítimo’, pues queda demasiado erudito y no es mi intención entrar en disquisiciones etimológicas, jurídicas o axiológicas, no vayan a dejar de leerme ahora que han empezado. Plantearé, pues, la cuestión a la brava: ¿Es legal que los partidos políticos, ya sean del gobierno o de la oposición, ya desde instituciones nacionales o internacionales, prometan, declaren o firmen cuestiones que luego no cumplen?

En la medida en que nadie parece haber sido procesado por ello -¡ojalá me equivoque!-, se diría que no es ilegal o, al menos, carecemos de la legislación adecuada para sancionar comportamientos tan irresponsables. Ahora bien, ¿consideraríamos legítimo comprometerse con cuestiones como los Objetivos del Milenio o el incremento de la ayuda al desarrollo, sea desde el G-20 ó desde la Asamblea General de la ONU, sin poner los medios para realizarlas? Yo contestaría que no, que desde un punto de vista ético es una indecencia proclamar unos propósitos a sabiendas de su irrealidad. Es inmoral hacer marketing con el sufrimiento ajeno aunque sea legalmente viable.

Porque en ello estriba la diferencia: la legalidad nos habla del derecho, del ordenamiento jurídico y de lo posible, mientras que la legitimidad nos habla de la justicia, de los valores morales y de la conformidad o disconformidad ética ante las leyes y la realidad sociopolítica. Creo que en esta frágil frontera entre lo legal y lo legítimo es donde fermenta la filosofía moral y política, esa «doble rebelión: contra el orden y contra el desorden» (cito de memoria) de la que hablaba Savater en su ‘Invitación a la ética’. Intento explicárselo a los alumnos de Educación para la Ciudadanía de 2º de la ESO cuando nos preguntamos si es legal que en Sudán hayan encarcelado a una mujer por llevar pantalones y contestamos que sí, pues ésa ha sido la sentencia del tribunal. Pero contestamos que no a la pregunta de si nos parece legítima la condena, porque creemos que contraría la básica libertad de toda persona a elegir su vestimenta. En el filo de esa navaja, entre la legalidad y la legitimidad, la educación filosófica propone a los individuos que no se sometan a ciegas a la legalidad, que se pregunten por la justicia de la ley y que se atrevan a cuestionar las leyes injustas aun al precio de padecer las desagradables consecuencias que ello pueda acarrear.

¿Y a qué vienen estas consideraciones?, se dirán. ¿Qué nos importan tamañas especulaciones sobre el Derecho y la Moral a quienes no tenemos que cursar la ESO? Seré directo. Todo viene a cuento de una de esas discusiones de sobremesa dominical en las que sale a relucir la dichosa pensión del banquero. La legalidad de la decisión de los accionistas de una empresa privada -en este caso el BBVA- de poner una pensión multimillonaria a uno de sus ejecutivos está fuera de toda duda. ¿Y su legitimidad? Ahí es donde se lía la discusión. Para quien ve el mundo desde una formación jurídica y empresarial no ha lugar tal debate, no así para quien antepone una perspectiva ética ante el hecho de que alguien pueda jubilarse con una pensión anual de tres millones de euros estando el mundo tal como está, con más de mil millones de individuos en el umbral de la miseria, arreglándoselas apenas con un euro diario.

Desde una perspectiva estrictamente legal no hay relación alguna entre los contratos de los empleados bancarios y las ayudas que los Estados han inyectado a la banca para afrontar la crisis -según Intermón Oxfam, 360 veces más dinero que lo que los países desarrollados gastaron el año pasado en ayudas al desarrollo (El País, 24-9-09)- pero desde una perspectiva moral resulta repugnante el encogimiento de hombros de quienes asocian el realismo jurídico con el ‘esto es lo que hay’, como si fuera lo más natural anteponer el pragmatismo empresarial a la más mínima sensibilidad humanitaria, por mucho que sepamos que la magnitud de la crisis económica no depende de las pensiones bancarias.
Una cosa es que los fracasos del comunismo, los horrores del terrorismo nacionalista o los delirios del fundamentalismo religioso nos hayan dejado huérfanos de grandes utopías sociales y otra bien distinta es que nos obcequemos en ignorar el maltrecho estado del mundo y la responsabilidad que los ciudadanos del primer mundo tenemos en ello. Evidentemente, no es una responsabilidad legal: nadie ha de ser culpable por intentar vivir lo mejor posible. Pero sí hay, me parece, una responsabilidad legítima: la medida de nuestra humanidad depende de comprender que mucho de lo que para nosotros es superfluo puede ser vital para otros seres humanos, y de obrar en consecuencia. Sin derroches, sin excesos, sin abusos, sin engaños y sin manejos.

Por eso podríamos empezar proponiendo que esa brecha entre lo legal y lo legítimo se acorte poniendo coto a toda esa palabrería demagógica que muchos políticos desatan sin freno en las campañas electorales y en los grandes escenarios mediáticos. Sí, quiero un Ministerio de Promesas Incumplidas que registre todo lo que se anuncia y se promete, que se ocupe de controlar su cumplimiento y de exigir las responsabilidades, dimisiones y destituciones derivadas de sus fraudes. Sería toda una manera de legitimar la función pública y social de la política, por ingenuo que parezca.

Vicente Carrión Arregui, profesor de Filosofía.