Un ministro contra la universidad

Durante años hemos asistido a un paulatino e injustificado descrédito de la universidad española, especialmente la pública, y no han faltado quienes interesadamente han cuestionado su dignidad, transparencia y calidad, sin que apenas nadie haya salido en su defensa. Y no es por el aprecio a esta institución indispensable, sino por un estricto compromiso con los hechos, con el conocimiento y con la verdad que inspiran la labor docente e investigadora, por lo que en este momento se hace imprescindible revertir algunas falsedades que atentan contra un gremio precarizado, que al abrigo –y bajo el castigo– de una vocación superlativa ha demostrado una docilidad impropia. Ojalá que solamente hasta ahora.

La extraña reforma del Estatuto del Personal Docente e Investigador promovida por Manuel Castells es un texto que menciona en 21 ocasiones la palabra empresa y que consigna, ya desde su preámbulo, su servicio a la «economía global del conocimiento». Más allá de las inclinaciones ideológicas de cada uno, parece obvio que no es ésta la prosa previsible en una norma que aspira a defender la misión pública de la universidad. Una misión pública a la que, por cierto, también están convocadas las universidades privadas. Sólo la peor versión de un mal llamado liberalismo (aquel que se nutre de podcasts y lecturas de aeropuerto y que, por supuesto, a duras penas habrá fatigado las páginas de un Tocqueville o de un Stuart Mill) podría suscribir una jerga semejante.

La iniciativa del ministro Castells aspira a crear una carrera laboral en paralelo con la trayectoria funcionarial, a promover la movilidad del profesorado y a revertir la legítima autonomía de los centros universitarios en la contratación. Todo ello desde un marco general en el que la norma propone favorecer una carrera docente que sea predecible, progresiva y carente de precariedad. Pues bien, el articulado del nuevo estatuto no sólo se asienta sobre premisas y diagnósticos dudosos, sino que las consecuencias prácticas que generaría son exactamente contrarias a aquello que supuestamente dice proteger.

Con respecto a la desfuncionarización de la carrera docente poco o nada habría que argumentar pues resulta absolutamente obvio que una garantía democrática esencial como la libertad de cátedra sólo puede ejercerse desde la protección que ampara al personal funcionario. Si no lo creen les invito a constatar el creciente compromiso de la libertad de expresión en los campus de EEUU, contexto de referencia del señor Castells. Para entender que en el fondo sólo a un funcionario le asiste plenamente la libertad en el uso de la palabra pueden preguntar a cualquier profesor laboral o pueden leer el excelente libro de G. Lukianoff y J. Haidt The Coddling of the American Mind. La novedosísima manera de ser progresista que sugiere nuestro filoamericano ministro pasaría por equiparar personal laboral y funcionario, una suerte de alquimia para la que cualquier persona sólo reconocería una vía: funcionarizar al personal contratado. Pues bien, la insólita propuesta del borrador de Castells aboga exactamente por la estrategia contraria.

Otro de los mantras que promete abordar esta reforma es la consabida endogamia, una práctica que suelen criticar aquellos que más la practicaron y que se asienta, normalmente, sobre un mapa estadístico muy poco actual. La contratación del profesorado universitario en España está sometida a una supervisión externa de un rigor sin parangón en nuestro contexto más próximo. Así lo demuestra el estudio de la European University Association que sitúa a España en el puesto 23 en cuanto a autonomía en el reclutamiento de su personal investigador, un dato que desmantelaría de una vez por todas un mito tan injusto como intempestivo.

Si España ha tenido un problema de fuga de talento creciente en los últimos 10 años no es porque la universidad española sea un coladero en el que puede entrar cualquier investigador sin méritos. Nuestro problema, que este estatuto amenaza con agravar, es exactamente el contrario: nuestros investigadores e investigadoras migraron porque es más fácil ser profesor titular en Princeton o Stanford que en una universidad española. Les propongo un reto: constaten cuáles son los criterios exigibles para concursar al contrato mínimo de una universidad española (ayudante doctor, 1.400 euros al mes) y compárenlos con los que exige cualquier universidad de la Ivy League americana para consolidarse como profesor permanente. No se lo creerán, pero en términos nominales (i.e., el currículum al peso) es más sencillo consolidarse en cualquier universidad americana que concursar a una plaza temporal en una universidad española.

Tampoco seamos ingenuos: es obvio que el peor candidato acreditado a una plaza universitaria en España no es necesariamente mejor que un contendiente solvente que concurre a una plaza en UCLA. Lo que sí es probable es que cuente con más méritos literales dado que el nivel de exigencia en España ha quebrado cualquier principio de realidad, lo que sin duda ha favorecido la proliferación de curricula inflacionados y de una sobreproducción científica que está, literalmente, intoxicando y contaminando nuestro contexto epistémico. El problema de la producción científica en España no es que sea demasiado baja, sino que es demasiado alta.

En último lugar cabe destacar que este nuevo estatuto adolece de una falla mortal en su técnica jurídica: atenta contra el bien que aspira a proteger. Si, tal y como se lee, la reforma propuesta por Castells quisiera favorecer la predictibilidad de la carrera investigadora, no se comprende cómo tan nobles propósitos pretenden alcanzarse modificando las reglas de captación y estabilización a mitad del proceso.

Es extrañísimo el complejo y la querencia por la autoinculpación que vive la universidad española. Toda vez que no contamos ni con los recursos ni con las garantías de las que disfrutan nuestros colegas del Espacio Europeo de Educación Superior, es muy probable que este estatuto termine por apuntillar nuestra noble profesión. Lo peor de todo es que al obligarnos a expiar un crimen que nunca cometimos nos sitúan ante una culpa imposible de purgar. Bastaría con rogar o exigir a nuestras autoridades que confíen en nosotros. Déjennos trabajar. Y viajen. Viajen y conozcan otros contextos universitarios para descubrir que quizá haya alguien que pueda hacerlo mejor. Lo que sí les aseguro, y lo advierto después de haber tenido la suerte de conocer instituciones como el MIT, Boston College, Harvard o la Johns Hopkins University, es que nunca nadie hizo tanto con tan poco.

Diego S. Garrocho Salcedo es vicedecano de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras y profesor de Ética de la Universidad Autónoma de Madrid.

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