Un mito fundacional

Se cumplen ahora dos siglos de la promulgación de la Constitución de 1812, la Constitución que liquidó o pretendió liquidar las estructuras políticas del Antiguo Régimen. Vivimos tiempos de crisis, que entre otras muchas derivaciones lastran inevitablemente las tentaciones conmemorativas de los grandes acontecimientos de nuestra historia. El autocontrol en el ejercicio de la memoria nacional española se ha puesto en evidencia en la evocación que han suscitado determinados personajes de nuestro pasado histórico, como en el último año ha ocurrido con Jovellanos, con silencios oficiales que serían impensables hace escaso tiempo. Desconozco el ruido mediático, a nivel institucional, a escala española, regional o local, que llevará aparejada la conmemoración de la Constitución de 1812, pero sería deseable que tuviéramos en cuenta algunas precisiones al respecto.

La trascendencia histórica de la Constitución gaditana es indiscutible, con dos legados fundamentales. El primero es el nacimiento de la soberanía nacional de los españoles. El artículo 3 del capítulo I del título 1º establece rotundamente que «la soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales». El artículo 4 dictamina que «la nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos a todos los individuos que la componen». La nación de súbditos deja paso a la nación de ciudadanos. La segunda gran aportación incide en la conquista de derechos en el ámbito de la libertad y la igualdad, derechos que, en el contexto en que se logran, suponen una revolución respecto al Estado y la sociedad de los que se partía.

«La Pepa» como símbolo nominativo de la Constitución de 1812 ha sido un mito, uno de los mitos del pensamiento liberal español a lo largo de los siglos XIX y XX. Ha constituido una referencia, un hito fundamental en el imaginario simbólico español. El grito de «Viva la Pepa» ha sido emblema de levantamientos y revueltas antiabsolutistas, bandera de derechos, incentivo de conquistas, de progreso y libertad. Pero la mayor fuerza del mito ha radicado en la carga emocional de la frustración, en lo que implica de fracaso en los sueños de la España que no pudo ser. Jorge de Esteban se ha referido, con razón, al éxito del fracaso. El imaginario histórico español está lleno de sueños contrafactuales, uno de los cuales sería, efectivamente, el recuerdo de «la Pepa», de aquella Constitución que abortó Fernando VII. Las hipótesis contrafactuales de la historia de España están siempre ligadas a un verdugo. Los artífices de los mitos han sido generalmente los enterradores de los episodios en los que se fundamentan esos mitos. Fernando VII es el auténtico responsable del mito liberal de la Constitución de 1812, como del republicanismo lo ha sido Francisco Franco. Fernando VII enterró la Constitución de 1812 dos veces: en 1814 y en 1823. La Constitución solo fue un valor de uso efectivo en 1812-1814 y en el Trienio Liberal de 1820-1823. Históricamente, desde 1837 (si no tenemos en cuenta el Estatuto Real de 1834), nuevas constituciones van surgiendo en el horizonte histórico español (1845, 1869, 1876, 1931 y 1978), cada una de ellas, liberal o conservadora, adscrita a una determinada coyuntura política. La Constitución de 1812 quedó como un mito fundacional. El primer texto político español que puso límites a la monarquía absoluta implicó la conquista de unos derechos básicos y otorgó una conciencia nacional colectiva a los españoles, despojada de viejos complejos y pretéritas anormalidades. Un mito, desde luego, más popular que intelectual. La inteligencia liberal solo fue narcisista en los primeros momentos y por parte de sus principales artífices (el extremeño Muñoz Torrero o el asturiano Argüelles). Siempre me ha llamado la atención la crítica que, muy tempranamente, los propios liberales hicieron de la Constitución. Blanco White censuró acremente el populismo hipócrita de los diputados gaditanos y la intolerancia religiosa que refleja la Constitución. Exdoceañistas como Toreno en la década de 1830 sustituyeron los viejos sueños revolucionarios por el sueño del punto medio con el discurso argumental de que «se hizo lo que se pudo» o «estuvo bien mientras duró». La Revolución de 1868 introdujo nuevos valores ajenos por completo a la Constitución de 1812: el republicanismo y el federalismo. En el nuevo contexto político, con una generación que había nacido después de 1812, la Constitución gaditana se convirtió en carne de literatura (Galdós) o artística (Casado del Alisal). En el marco de la Restauración de Alfonso XII, la memoria de la Guerra de la Independencia asfixió la de la revolución gaditana. Las conquistas progresistas de la Constitución solo fueron recordadas por el republicanismo (en especial Pi y Margall). El empuje de los nacionalismos periféricos, a finales del siglo XIX, implicó la promoción de los principios de soberanía nacional institucionalizados en Cádiz en 1812. La soberanía nacional se convierte en barricada del Estado frente a la oleada de las reivindicaciones identitarias plurales. Las palabras de Muñoz Torrero en los debates de las Cortes gaditanas cobraban su mejor sentido: «Si aquí viniera un extranjero que no nos conociera, diría que hay seis o siete naciones… Yo quiero que nos acordemos de que formamos una nación y no un agregado de varias naciones».

La Segunda República no tuvo tiempo de acordarse de la Constitución de 1812. La izquierda en la República recordó más los sitios de Zaragoza y Gerona que la letra de la Constitución gaditana. El marxismo nunca ha sido constitucionalista, y desde luego Carlos Marx en sus Escritos sobre España (1854) no fue entusiasta con los logros de la Constitución de 1812 («ideas sin actos»), denunciando los lastres religiosos y promonárquicos que según él la llenaron de prejuicios. Sería en el segundo franquismo cuando renacería la memoria de aquel mítico 1812. Historiadores como Luis Sánchez Agesta y Miguel Artola contribuirían decisivamente a la evocación de la Constitución, en tiempos en los que esta palabra había sido enterrada bajo la alternativa semántica de leyes fundamentales, término que conectaba con el esencialismo tradicionalista español.

En los últimos tiempos se han publicado buenos estudios sobre la Constitución de 1812. El más reciente, el de Moreno Alonso. Se han puesto de relieve las limitaciones ideológicas de las conquistas progresistas de la Constitución: división de poderes, pero con hegemonía del legislativo; libertad de prensa, pero para cuestiones políticas, no eclesiásticas; abolición de señoríos jurisdiccionales, pero no del feudalismo; antiabsolutismo con muchos matices y concesiones; igualdad de derechos ciudadanos para todos los españoles, pero con muchas excepciones, empezando por el caso de los españoles americanos… En la memoria histórica española, la Constitución ha sido siempre la referencia sentimental de las frustraciones de la izquierda de expectativas ideales e imposibles, cuando la realidad es que la misma fue el fruto del consenso posible entre las dos Españas, que, en una situación límite, en plena guerra con los franceses, en el marco de una ciudad sitiada, se pusieron de acuerdo en una serie de pautas comunes para el futuro de la nación española. El bicentenario no debería, pues, servirnos para un ejercicio más de nostalgia contrafactual de la España que no pudo ser ni para sumir la estela de frivolidad irresponsable que se ha acabado albergando bajo el grito de «¡Viva la Pepa!». Debería servirnos, por el contrario, para homenajear a aquellos 184 diputados que firmaron la Constitución, diputados conservadores y liberales, que supieron pactar unos acuerdos de futuro, poniendo los intereses de la nación por delante de sus específicas ideologías (el artículo 3 sobre la soberanía nacional se aprobó por 128 votos contra 24), para asumir el patriotismo cívico que reivindica la Constitución, con lo que implica de autoestima nacional, y para reflexionar sobre por qué solo, a lo que parece, las situaciones límite, de extrema e imperativa necesidad, estimulan la unidad, el sentido de la responsabilidad común de la condición de españoles.

Ricardo García Cárcel, historiador.

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