El Parlament aprobó en marzo tramitar una propuesta del PSC para revertir la concesión del abastecimiento de agua a casi cinco millones de catalanes, de modo que la gestión del servicio vuelva a recaer en el sector público. Ahora, esta reversión también ha sido contemplada en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat que se están debatiendo actualmente en el Parlament. Más allá de otras consideraciones que no son objeto de este artículo, la reversión vendría a confirmar un patrón perfectamente identificable, por ejemplo, en la actuación del actual consejero de Sanidad catalán, Antoni Comín, cuyas decisiones afectan a los ya decrecientes niveles de atención y calidad de un servicio históricamente impecable de cooperación público-privada. Históricamente, insisto.
Subyace en el caso del agua la necesidad de «reposicionamiento» de una socialdemocracia local que apoyó en 2012 la concesión de ATLL. Sea como fuere, si en algo coinciden todas las fuerzas políticas es en la necesidad de un debate a fondo sobre la gestión del agua. Los argumentos que siguen quieren contribuir a dicho debate, y ampliarlo.
Quien reniegue por principio de la gestión privada de infraestructuras de titularidad pública debería fijar la vista allá donde no se aplica. Como nuestra red ferroviaria. El Tribunal de Cuentas considera insostenibles los 3.000 kilómetros de la red de AVE, a no ser que se financie una deuda superior a los 18.000 millones de euros y que, además, se racionalicen las inversiones pendientes. Otro ejemplo: el mantenimiento de nuestra red de carreteras acumula un déficit de 6.600 millones, que se suman a perentorias necesidades de inversión sin las cuales habrá que reconstruir la mitad de la red antes de 2020.
En realidad, el debate de fondo está superado a nivel europeo, como lo demuestra la Directiva 2014/23 sobre concesiones (de obligada transposición en 2016). La Comisión Europea insta a los Estados a utilizar la colaboración público-privada para el desarrollo eficiente de servicios de titularidad pública que son el corazón del Estado del Bienestar, tales como la sanidad o la educación, y a su fomento en inversiones dirigidas al desarrollo económico y social. La Directiva pretende garantizar la seguridad jurídica de las concesiones y promover la cooperación público-privada como una de las claves de la Estrategia Europa 2020.
No hablamos de privatizar, por mucho que se repita un mantra cuyos propagandistas, de imponerse, deteriorarían seriamente el Estado del Bienestar a mayor gloria de una política de consignas que desconoce los datos y hurta la opinión de los expertos. Hablamos de un modelo de cooperación que redunda en mayor eficiencia y calidad, inversión en I+D+I, transferencia de tecnología, flexibilidad, garantía de las inversiones, menores tarifas. No se privatiza nada, repito: la Administración regula, planifica y controla; el concesionario ejecuta las decisiones de aquella y se somete a su control.
Bien, ¿cuáles serían las consecuencias inmediatas de la reversión en el caso específico de ATLL? La pérdida de confianza de inversores de todos los sectores ante la falta de seguridad jurídica, más una serie de indemnizaciones con cargo al contribuyente: los 300 millones aportados a la firma del contrato, los 50 abonados hasta ahora en concepto de canon y los 40 por las inversiones realizadas. Como mínimo. Ello recaería sobre una Administración endeudada hasta las cejas e incapaz, según propia confesión, de afrontar el plan de inversiones necesario para mantener el sistema. Luego, vuelta al principio, al déficit acumulado de 700 millones por parte de la ATLL pública. Debátase, sí. Pero con argumentos y con cuentas.
Juan Carlos Girauta, diputado por Ciudadanos.