Un modelo fiscal autonómico

Por Juan Fernando López Aguilar, diputado por Las Palmas y secretario de Política Autonómica del PSOE (EL PAIS, 26/01/04):

1. Una de las propuestas más relevantes del Programa Marco del PSOE para las elecciones autonómicas de 2003 planteaba la actualización de la Hacienda General del Estado al presente estadio de desarrollo del sistema autonómico y a la necesidad de garantizar la suficiencia de sus servicios y la eficaz corrección de los desequilibrios. En congruencia con este planteamiento, el PSOE, como sus federaciones en sus respectivos ámbitos territoriales, lleva tiempo propugnando la negociación y consenso de un nuevo esquema de cooperación fiscal de las haciendas autonómicas con la Administración tributaria del Estado.

2. El nuevo Gobierno de Cataluña ha incorporado una apuesta a favor de la creación de una Agencia Tributaria dependiente de la Generalitat, que recaudaría los tributos propios, los cedidos y los compartidos, y que distribuiría entre el Estado y las autonomías lo recaudado por cada impuesto, en una Hacienda integrada por la plena coordinación y consorcio con la Agencia Tributaria estatal, todo ello con el objetivo de optimizar la gestión de los tributos. Esta propuesta ha dado lugar, en los habituales ámbitos de opinión y propaganda del PP, a ataques al PSOE por “fomentar la insolidaridad” y “destruir la unidad de España”. Se ha llegado a afirmar que “sin una Hacienda única no hay Estado que merezca ese nombre”, para acusar al PSOE de “desvertebrar” España al participar de un programa de gobierno de una comunidad donde se propone una renegociación del modelo de financiación autonómica y la creación de esta Agencia.

3. En primer lugar, aceptar como axioma que “sin Hacienda única no hay Estado” implica despreciar la evidencia de la estructura y los principios de los Estados compuestos. Por citar los ejemplos más significativos: Alemania y Estados Unidos no tienen una “Hacienda única”, sino una estructura fiscal análoga a la distribución federal de competencias. ¿Alguien puede afirmar que no estamos ante dos de los más exitosos y eficaces Estados del mundo? Resulta distorsionador, además de inaceptable, pretender vincular la Hacienda única a la misma existencia y viabilidad del concepto del Estado. Así lo corrobora, además, la integración europea.

4. Como demuestran estos países, la superación de una Hacienda única a favor de un modelo integrador no es tampoco sinónimo de insolidaridad. Desde hace años, incluso en España, la corresponsabilidad fiscal es una exigencia aceptada por todos. También, desde hace ya años, la existencia de diversas administraciones tributarias consorciadas con las del Estado, donde se garantice la cooperación en positivo de espacios fiscales compatibles con criterios correctores para garantizar la solidaridad, es un imperativo lógico y político al que el curso del Estado autonómico conduce imparablemente. De la misma forma que la independencia judicial no depende del sistema de acceso a la carrera judicial, sino de los mecanismos de su aseguramiento en el desempeño de la función, la experiencia de los Estados compuestos demuestra que la solidaridad y la cohesión no dependen de quién sea el titular de los tributos, sino de la eficiencia de los criterios correctores (insularidad, dispersión, entre otros) y de su capacidad para adaptarse flexiblemente en el curso del tiempo a la realidad cambiante, al objeto permanente de proveer los mecanismos de garantía de suficiencia financiera, cohesión social e interterritorial, y solidaridad.

5. Es, además, radicalmente falso que el sistema propuesto por Cataluña pueda siquiera poner por sí solo en peligro los ingresos de las CC AA con menos renta. Primero, porque el propio acuerdo señala en uno de sus apartados que todas las CC AA deben tener un nivel similar de calidad de servicios, con esfuerzos fiscales similares. Pero también, y sobre todo, porque lo que Cataluña propone es una posición negociadora cuya aprobación requiere consenso en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y refrendo parlamentario con una reforma de la LOFCA, que sólo puede asegurar una mayoría en las Cortes y con las debidas garantías para todas las CC AA.

6. La existencia de organismos tributarios autonómicos es una propuesta consecuente con la Constitución y con el diseño autonómico que prefigura.

7. Si hay aquí un modelo inequívoca y brutalmente insolidario, injusto e inequitativo, ése es el sistema fiscal impuesto por el Gobierno del PP. ¡El más desigual e injusto de los últimos 25 años! Estamos ante un sistema en el que un ciudadano que percibe su renta de alquiler o vende pisos paga 10 veces menos impuestos que el que la percibe como rendimiento de su trabajo.

8. Éste es un Gobierno que, además, ha despreciado escandalosamente toda lucha contra el fraude, cuyo combate efectivo liberaría enormes recursos (cercanos al billón anual de las antiguas pesetas) para la financiación de nuevas políticas públicas. La creación de administraciones tributarias en las CC AA contribuiría a implicarlas en la lucha contra el fraude fiscal.

9. Por último, es instructivo y útil recordar que estamos ante la reedición de las técnicas deslegitimadoras con que la derecha ha reaccionado, siempre, y desde siempre, ante los cambios y reformas propugnados por la izquierda. En 1993, el Gobierno socialista de Felipe González llevó a cabo un acuerdo de corresponsabilidad fiscal con las CC AA, en el que se traspasaba a las mismas un 15% de la recaudación líquida territorializada del IRPF sin capacidad normativa. La derecha política y sus voceros mediáticos clamaron entonces al cielo su ira jupiterina ante la “desvertebración vergonzante de la patria”, la humillación de toda España al yugo del “enano Pujol” (del que se recordaba, como ahora con Carod, que representaba tan sólo un porcentaje ridículo del sufragio nacional), por el “resquebrajamiento de la unidad de España”. ¡Sólo tres años después la misma derecha crispadora y los mismos nacional-tertulianos que nos habían anunciado el apocalipsis final y la caída del imperio firmaron con entusiasmo, ellos sí, con Coalición Canaria, y con Pujol y con Arzalluz, un acuerdo que cedía a las CC AA el 33% del IRPF con capacidad normativa, además del 35% del IVA y el 100% de los impuestos especiales, todo ello a mayor gloria de Aznar y por “el bien de España”!

10. Hoy asistimos a un escenario similar. No nos dejemos engañar: el objetivo de esta hipócrita campaña no es el de proteger ni la “unidad de España” ni la “solidaridad entre sus territorios” frente a la enésima reinvención de una conspiración rojo-separatista. El objetivo es, como siempre, atacar al PSOE desde todos los flancos, generando histeria, miedo y reacciones de agitación y propaganda frente al avance social y democrático de la izquierda. Una vez más, la misma derecha integrista. Henchida ahora de su pseudoconstitucionalismo cosmético, de la señorita Pepis, pero empleándose a fondo por enfrentar españoles y territorios entre sí.

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