E l pasado domingo, el Gobierno remitió a las comunidades autónomas una propuesta para la reforma del sistema de financiación regional que se pretende ratificar en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocada para hoy. Si las prisas son malas consejeras en casi todo en la vida, lo son mucho más aún en un tema tan complejo y tan importante como éste.
La propuesta del Gobierno está escrita con prisa, y se nota. El texto es prácticamente incomprensible excepto para los muy iniciados en los arcanos del tema y está plagado de lagunas e inconsistencias. No tengo nada claro que los periodistas que lo han intentado explicar estos días en los medios hayan entendido correctamente cómo funcionaría el nuevo sistema. A juzgar por sus declaraciones, tampoco confío en que lo hayan hecho muchos responsables autonómicos. Y ni siquiera estoy seguro de que la literalidad del texto se ajuste al esquema del nuevo modelo que los responsables del Gobierno central parecen tener en la cabeza.
El aspecto más chocante del documento es que parece esbozar dos métodos diferentes para repartir los recursos disponibles. Por un lado, se parte de la situación observada en 2007 y se añade a la financiación que le correspondió realmente a cada comunidad en ese año una serie de recursos adicionales aportados por el Gobierno central, que se reparten de una forma que prima a aquellas regiones que han experimentado un mayor crecimiento de la población desde 1999 hasta ahora. Por otro lado, el documento especifica también que la financiación de cada comunidad será igual a la suma de una parte (el 25%) de sus propios ingresos tributarios más su participación en una serie de fondos que se distribuirán en base a criterios muy diversos. El más importante de estos fondos, el llamado Fondo de Garantía, tiene como objetivo asegurar que todas las comunidades puedan ofrecer servicios públicos similares con independencia de su capacidad fiscal. Con este fin, aproximadamente un 80% de los recursos del sistema se repartiría año a año de acuerdo con una fórmula muy razonable de necesidades de gasto, que incluye las principales variables demográficas y geográficas que afectan a la demanda y a los costes unitarios de los principales servicios públicos.
La aparente contradicción se solventa a favor del primer procedimiento de reparto en un único y breve párrafo oculto en la página 35 del texto. En él se indica que el otro gran fondo de financiación (el Fondo de Suficiencia) se fijará en el año base de 2007 de forma que la suma de los tres principales elementos del sistema (los ingresos tributarios que retienen las comunidades, el Fondo de Garantía y el propio Fondo de Suficiencia, que puede ser negativo si hace falta) sean iguales para cada comunidad a la cifra obtenida por el primero de los procedimientos descritos en el párrafo anterior. Esto quiere decir que el Fondo de Suficiencia neutralizará por completo los efectos del Fondo de Garantía en el año base, dejándonos con una asignación inicial que será la suma del 'estatus quo' y de una corrección a ojo basada en el incremento de la población. Aunque todavía no he hecho los cálculos, es muy probable que esta corrección mejore algo las cosas en relación con la situación inicial, pero es prácticamente imposible que la nueva asignación para el año base sea consistente con lo que exigiría la fórmula de reparto del Fondo de Garantía.
El problema se agrava cuando consideramos la evolución del sistema a lo largo del tiempo. La forma en la que se actualiza el Fondo de Suficiencia (escondida entre los detalles del cálculo de las entregas a cuenta en la página 46 de la propuesta) implica que el componente principal de la financiación de cada región será igual en cada año al resultado de actualizar su asignación para el año base en proporción al crecimiento de los recursos tributarios del Estado. A esta cifra hay que añadirle algunas correcciones que dependerán de la evolución de la capacidad fiscal propia y de las necesidades de gasto ligadas al Fondo de Garantía, así como algunos fondos adicionales de menor cuantía; pero lo previsible es que se trate de correcciones menores, al menos a corto y medio plazo. Por consiguiente, el sistema tenderá a congelar la asignación inicial y no ofrece garantías suficientes de que el reparto de los recursos se adecuará a la evolución de las necesidades regionales.
Espero que el lector me sepa perdonar los dos párrafos anteriores, e intento traducir el mensaje a un lenguaje más comprensible. Lo que debería ser el núcleo del sistema que propone el Gobierno (el Fondo de Garantía) está bien diseñado. Sin embargo, el resto del sistema termina deshaciendo un muy buen comienzo. Como resultado de dos oscuros 'detalles técnicos', el nuevo modelo no garantiza ni un reparto equitativo de recursos en el momento inicial ni una correspondencia razonable entre la evolución de la financiación asignada a cada comunidad y la evolución de sus necesidades de gasto. La cosa tiene su coña, porque se trata precisamente de dos de los principales vicios del sistema vigente que se han querido subsanar con la reforma actual.
No servirá de mucho, pero quisiera hacer una sugerencia a los miembros del CPPF: tómense un poco más de tiempo y denle un buen repaso al texto del Gobierno. Las prisas por cerrar el acuerdo son perfectamente comprensibles, pero si lo que se firma ahora y luego se convierte en ley es el documento actual, el nuevo sistema nacerá con muchos de los problemas que han exigido la revisión de su antecesor. Dentro de muy pocos años, tendremos que reabrir el melón otra vez y volveremos a la gresca. Sólo pensarlo da mucha, mucha pereza.
Ángel de la Fuente, Instituto de Análisis Económico, CSIC.