Pongamos de nuevo al ciudadano al mando del motor de Europa. La crisis que atravesamos en Europa no solo es económica y financiera; también es la crisis de los europeos, con su desconfianza en lo que, sin embargo, debería ser —porque para eso se hizo— su mejor garantía ante las dificultades actuales: la Unión Europea. ¿Cómo confiar en ella si de un día para otro, puede exigir, como en Chipre, sangrar las cuentas bancarias sin distinción entre los beneficios de una gran empresa y los ahorros de toda una vida?
Con una sola decisión, las instituciones europeas han dado el golpe de gracia a la creciente desconfianza de los pueblos de los Estados miembros en nosotros. Pero ¿cómo podría ser de otro modo? Europa, a fuerza de dialogar con los grupos de presión cada vez más poderosos, ya no habla con los europeos. Sus instituciones han abandonado progresivamente su razón de ser: servir a la sociedad civil. La prueba: si bien «el etiquetado de la eficiencia energética de los equipos de oficina» o «los elementos catalizadores de los servicios europeos de información y planificación de viajes multimodales» responden a preocupaciones legítimas, ¡no son las que preocupan a nuestros conciudadanos! ¿Qué solidaridad para evitar la quiebra del Estado chipriota? ¿Qué hacer frente al paro de los jóvenes que supone la exclusión de generaciones enteras como en España o Italia? Mañana, ¿a qué se parecerá el acceso a las prestaciones sociales o la pensión de las poblaciones que envejecen? Esas son las cuestiones que verdaderamente cabe plantearse, como diría Camus.
Sin embargo, la Unión Europea tiene un papel fundamental en la salida de la crisis. Pero esta vez no caben soluciones tecnocráticas para estrategias individuales y sería erróneo creer que el motor franco-alemán, a través de la pareja Merkel-Hollande, pueda conseguirlo por sí solo. El esfuerzo requerido deberá apoyarse también en toda la sociedad civil.
En esta perspectiva, desde hace más de 60 años existe en Bruselas un Comité Económico y Social Europeo. Aunque está constituido por personalidades con un gran sentido común (empresarios, sindicalistas y representantes de los medios asociativos) y con una verdadera representatividad en su país, a duras penas consigue hacerse oír a pesar de la calidad de sus trabajos. Demasiado tímida, demasiado discreta, esta institución tiene, sin embargo, un as en la manga: ¡hacer oír la voz de los ciudadanos en Bruselas! Gracias a la experiencia sobre el terreno de 344 miembros de los 27 Estados europeos, el Comité ya ha conseguido que se lleven a cabo numerosos proyectos para la recuperación de la economía europea o la protección de los ciudadanos: la creación de eurobonos para financiar a los empresarios innovadores, la separación entre banco de depósitos y banco de negocios para proteger el ahorro individual, el proyecto de un estatuto europeo de sociedad para las pymes, a fin de simplificar la administración cotidiana, o la primera normativa del mundo en favor de la lucha contra el turismo sexual.
Como presidente del Comité Económico y Social Europeo, quiero apelar a la «buena conciencia» de las instituciones europeas para evaluar el impacto de las decisiones adoptadas en Bruselas en la vida cotidiana de los ciudadanos. ¿Qué hay de la Directiva «Bolkenstein» para la libre circulación de los servicios de la que tanto se ha hablado? ¿Ha permitido crear empleo o se ha utilizado para soslayar las leyes sociales más protectoras de Europa? También debemos apoyar las nuevas iniciativas como la promoción de centros europeos de excelencia para estar mejor armados ante la competencia internacional o la garantía de una formación para todo joven en Europa.
Europa ya no tiene otra alternativa: debe escuchar a sus ciudadanos si no quiere que estos le den la espalda definitivamente. El Comité Económico y Social Europeo tiene ahí un importante papel, como una de las piezas del cambio en Bruselas, el motor ciudadano que acercará la Unión Europea a los europeos.
Por Henri Malosse, presidente del Comité Económico y Social Europeo.