Un nuevo catalanismo, una nueva idea de España

Por Joan Saura, consejero de Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat y presidente de ICV (EL MUNDO, 14/11/05):

El debate sobre el nuevo Estatuto de Cataluña se ha producido más en términos emocionales que en términos estrictamente políticos, al menos en una parte de la opinión pública. Y es que en realidad, lo que se debate más allá del texto del Estatuto, es qué concepción tenemos de Cataluña y por tanto también de España. Un debate que se produce con parámetros estrictamente nacionalistas tradicionales, más propios del siglo pasado o del XIX que de la Europa de la diversidad del XXI, al menos para la derecha. A saber, que el reconocimiento de Cataluña como nación atenta contra la identidad de España; que mayor autogobierno de Cataluña es menos Estado; que la definición de derechos y deberes en el Estatuto implica inferioridad de derechos para el resto de los ciudadanos del Estado; que una mejor financiación es menos desarrollo para otras comunidades. En fin, que más poder político para Cataluña es menos España y un paso hacia su destrucción.

El problema de fondo es que el nacionalismo tradicional identifica nación con Estado, ya sea como fin último de un proceso de construcción nacional ya sea como instrumento para conseguir la homogeneidad nacional de un territorio. El proyecto de nación-Estado supone que un territorio determinado dispone de una cultura, una lengua, una interpretación de la Historia que abjura del carácter complejo y conflictivo de la construcción nacional, una identidad uniforme en el que la diversidad es simplemente un hecho diferencial subordinado a la identidad dominante. Para ese nacionalismo de estado, que en España encarna el PP, los nacionalistas siempre son los otros, pero nunca uno mismo.

El largo debate del Estatuto en el Parlamento de Cataluña ha puesto de acuerdo a nacionalistas, independentistas y federalistas de distinto signo; y en el eje izquierda-derecha a liberales-socialcristianos, socialistas, republicanos y ecosocialistas. Esto ha sido posible en buena medida porque las distintas fuerzas políticas que encarnan diferentes concepciones de Cataluña y de sus relaciones con el Estado han encontrado en el proyecto de Estatuto su punto de encuentro. Un proyecto de Estatuto que tiene por objetivo mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en Cataluña; que es expresión de un catalanismo cívico, que asume la pluralidad de la sociedad catalana como un hecho positivo y para el que la ciudadanía, la pertenencia a una comunidad, no se establece en términos identitarios sino cívicos, siendo la lengua y la cultura catalanas patrimonio común. Como se dice en el preámbulo del Estatuto: la libertad política que se consigue como país nunca tiene que ir en contra de las libertades individuales de los ciudadanos de Cataluña, porque sólo es libre de verdad un país dónde todo el mundo pueda vivir y expresar identidades diversas, sin ningún tipo de relación de jerarquía o dependencia entre ellas.

Se trata de un Estatuto ambicioso, pero que es sólo eso, un Estatuto.Por tanto, supone la plena aceptación de la articulación de Cataluña con el conjunto de España en el marco de la vigente Constitución.Un Estatuto que pretende contribuir al desarrollo del Estado de las autonomías en una lógica federal.

Se imaginan las mismas condiciones que se han dado en Cataluña: la inexistencia de violencia de ningún tipo, el acuerdo del 90% del Parlamento, el apoyo de la inmensa mayoría de la sociedad civil y de la ciudadanía, comprometidos en un proyecto de Estatuto de carácter constitucional; por ejemplo en Euskadi, donde la división entre nacionalistas y no nacionalistas ha bloqueado la plena normalización política de la sociedad vasca.

En Cataluña tenemos la oportunidad de dar un paso decisivo para la superación de la lógica del nacionalismo tradicional, sin que eso suponga la victoria de nadie sobre nadie, y con el concurso de todas las fuerzas políticas que se reclaman de la plural tradición del catalanismo. La aprobación del nuevo Estatuto puede abrir una nueva etapa en la historia del catalanismo. El Estatuto establece que el desarrollo de Cataluña como nación se realiza en el marco de España, sin necesidad de atajos soberanistas y tampoco sin la conllevancia pragmática con España, que ha consistido en ir arrancando concesiones a base del pacto con tal o cuál fuerza de gobierno. De aprobarse el Estatuto con sus contenidos fundamentales quedaría superada la idea subyacente en buena parte del nacionalismo, más moderado o más radical, de la incompatibilidad manifiesta entre Cataluña y España, y del Estado como algo ajeno en el que no es posible implicarse. En esta nueva etapa el catalanismo en su conjunto podría implicarse a fondo en un modelo de Estado mucho más compartido.

En cambio, la derecha española permanece anclada en el nacionalismo tradicional. El discurso de Rajoy en el debate de toma en consideración del Estatuto en el Congreso de los Diputados pone en evidencia el autoritarismo de la derecha, que desprecia la propuesta del 90% de los diputados del Parlamento de Cataluña, hasta el extremo de negarse a discutir un proyecto que ha seguido todos los trámites que establece la Constitución y el vigente Estatuto. No se puede ser más prepotente, cuando se pretende salvar a España y a los ciudadanos de Cataluña de sus propias y legítimas aspiraciones ni más irresponsable cuando se atizan todos los temores, llegando incluso a mezclar el terrorismo de ETA con el Estatuto catalán.

Hubiese sido deseable la incorporación del PP, con normalidad, al proceso de reforma del Estatuto. Pero cuando el PP dice que la reforma del Estatuto, de todos los Estatutos, debe pasar por el acuerdo entre los dos grandes partidos, PSOE y PP, no solamente se otorga un derecho a veto que no está escrito en ninguna ley, sino que niega la legitimidad del Parlamento de Cataluña, en el que el PP es minoritario, para presentar un proyecto de reforma del Estatuto. Al tiempo que menosprecia una realidad nacional, la catalana, que tiene un mapa político distinto al del conjunto del Estado.

En el campo de la izquierda española la actitud es distinta, como se puso de manifiesto en el debate del 2 de noviembre, con el voto favorable a la tramitación del Estatuto. El presidente del Gobierno afirmó que no hay contradicción entre el reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña y la Constitución. Por su parte Izquierda Unida ha planteado claramente la necesidad de avanzar en un sentido federal y ha defendido el Estatuto en su integridad. Pero hay que reconocer que ha habido demasiado silencio ante la brutalidad de los ataques de la derecha y demasiados prejuicios y apriorismos hacia el Estatuto en parte de la izquierda política, social y cultural española. Apriorismos y prejuicios que parten de la idea de que el reconocimiento de la diversidad nacional busca privilegios y supone la ruptura de la cohesión social y territorial de España, y el debilitamiento del Estado como máximo garante de esa cohesión. Una idea que se contradice, como dijo el presidente del Gobierno, con la experiencia del Estado de las autonomías, en que descentralización y desarrollo económico y social han ido de la mano.

El Estatuto no es una amenaza, es una oportunidad. Una oportunidad para resolver los problemas del autogobierno de todas las comunidades autónomas, y no sólo de Cataluña, que han visto reducida la capacidad de realizar políticas propias en el ámbito de sus competencias por la constante y abusiva interferencia del Estado; una oportunidad para descentralizar la justicia y la administración tributaria; una oportunidad para establecer un sistema de financiación más equitativo en el cuál las reglas de la cohesión territorial -si se quiere de la solidaridad- sean conocidas y aceptadas, de forma que se favorezca a las comunidades con una renta per cápita inferior, sin que disminuya la capacidad de desarrollo de las comunidades que más aportan. En fin, una oportunidad para resolver uno de los principales problemas de nuestra democracia: el encaje de las diversas, complejas y entrelazadas realidades nacionales que componen España.

Hoy el reto de la izquierda española en su diversidad, de los sectores realmente liberales, también del catalanismo en toda su pluralidad y el del nacionalismo vasco y gallego, es promover una real cultura federalista en España que permita adaptar la idea de España a la realidad de un Estado descentralizado y nacionalmente diverso. Cultura federal es aceptar la diversidad no como un problema sino como un valor positivo; cultura federal es preocuparse no solo por nosotros sino también por los otros, por el conjunto; cultura federal es voluntad de pacto y de acuerdo; cultura federal es tener una concepción de la política radicalmente democrática.

El reconocimiento de Cataluña como nación no implica una cuestión de soberanía sino de autogobierno, no supone menos España, sino simplemente la aceptación de una realidad que legitima más que debilita al Estado; más autogobierno no es menos Estado porque la Generalitat también es Estado; el desarrollo de los derechos y deberes en el Estatuto no implica desigualdad porque nada impide a todas las CCAA su adopción y porque la Constitución establece un marco común de derechos. En definitiva, más poder político para Cataluña no es menos España, sino otra idea de España. Una idea de España que parte de la Constitución, pero que es distinta a la de la derecha española.

Estoy convencido del éxito final de este proceso por dos razones: por la madurez democrática de la sociedad española que ha compartido estas últimas décadas los beneficios de los autogobiernos y porque en realidad en este debate no se enfrentan España y Cataluña, ni tan siquiera se trata de un debate entre unidad y disgregación, sino entre centralismo y modernidad, entre uniformismo y diversidad, entre pasado y futuro. El proceso abierto de reforma de los Estatutos ha dejado al PP sin política, ahora sólo le queda la agitación de la bandera del nacionalismo más rancio para atraer votos, pero una vez se haya aprobado el Estatuto y se generalicen sus avances, no le quedará ni eso, sólo la simple constatación de que para gobernar España es imprescindible comprender su diversidad.