Con el habitual desprecio a la ley que suele caracterizar sus actuaciones en relación con Batasuna y ETA, el Gobierno ha vuelto a perpetrar un gravísimo fraude de ley al conceder al asesino De Juana Chaos el segundo grado penitenciario, con el fin de que así pueda acceder en breve a una situación de semilibertad no prevista por nuestra legislación.
A fin de que sea valorado como merece, hay que resaltar que el Gobierno ha evitado conscientemente acudir al sistema de la libertad condicional, que se puede otorgar a los penados clasificados en tercer grado, para impedir así la correspondiente tramitación de un expediente y la necesaria decisión del Juez Central de Vigilancia Penitenciaria sobre el cumplimiento de los requisitos que permiten acceder a dicho grado, entre ellos el rechazo del terrorismo y la expresa petición de perdón a las víctimas. Como De Juana Chaos no parecía estar por la labor de arrepentirse, ni el Gobierno de exigírselo, éste ha decidido evitar así el control judicial directo de las condiciones previas del tercer grado. Según parece, la pretendida fundamentación de la decisión se encuentra en la consideración de De Juana como «un enfermo muy grave con padecimientos incurables».
El propio ministro del Interior ha declarado que la decisión se toma por «razones humanitarias y legales». Pues bien, esas afirmaciones son falsas desde una óptica estrictamente jurídica: ni De Juana es un enfermo grave, ni padece una enfermedad incurable, ni la ley permite el acceso a la nueva situación en la que se encuentra. Por otra parte, habrá que ver cómo se justifica que un preso en segundo grado pueda estar tranquilamente en su domicilio, como se ha afirmado ya que pasará en pocos días con De Juana Chaos.
Hay, pues, que decir la verdad sobre este asunto: estamos ante una decisión estrictamente política, de casi imposible control judicial real, y realizada en manifiesto fraude de ley.
Los que nos dedicamos al Derecho observamos con desolación cómo en este caso la Fiscalía General del Estado, una vez más, se ha plegado a los deseos del Ejecutivo, incumpliendo flagrantemente su deber de proteger la legalidad.
Alguien deberá exigir en algún momento responsabilidades jurídicas a Cándido Conde-Pumpido por su reprochable conducta. De igual modo que la sentencia del Tribunal Supremo sobre las amenazas de De Juana Chaos fue un ejemplo de cómo los magistrados pusieron el respeto a la ley por encima de sus propias convicciones personales, esta decisión del Gobierno es una lamentable muestra de la prevalencia del oportunismo político sobre la legalidad vigente. Pero que no se olvide que eso tiene un precio. Las costuras del Estado de Derecho están a punto de estallar ante tanta iniquidad y tanta ofensa.
Julio Banacloche, profesor Titular Derecho Procesal UCM.