Por Nicolás Redondo Terreros, ex secretario general del PSE y portavoz del Foro de Ermua (EL MUNDO, 07/09/04):
La Legislatura actual viene precedida por el mayor atentado terrorista sufrido en España y en la Unión Europea. El presidente del Gobierno pudo, teniendo en cuenta las repercusiones del 11 de Marzo, posponer el cumplimiento de sus compromisos electorales -y no he dicho, a propósito, ni olvidar, ni incumplir- hasta conseguir un ambiente político y social más sereno, más amable; en definitiva más propicio para enfrentarnos a algunos retos de gran importancia. Sin embargo, decidió cumplir, seguir adelante con sus ofertas electorales, especialmente con aquellas referidas a cambios constitucionales.
Como aperitivo al importante debate nacional que nos espera, Ibarretxe y Maragall nos han servido durante los primeros días de agosto sendas intervenciones en los cursos de verano que, por antojo de una Historia tan rica como la nuestra, se celebran todos los años en El Escorial.
Algunos pensaron que el triunfo electoral de mi partido provocaría cambios sustanciales en el manoseado plan Ibarretxe. Pero en su intervención estival no varió un ápice su habitual discurso político y no lo hará en un futuro próximo, como adivina Pasqual Maragall, por fundamentales razones estratégicas y por algunas más coyunturales. Las dos primeras son:
-La probable derrota de ETA indica a los nacionalistas la necesidad de modificar sus apuestas políticas de los últimos 25 años. Sin caer en juicios morales -en el País Vasco los curas hacen política y los políticos se refugian en una bien intencionada moralina que encubre a veces la falta de ideas- es evidente que el PNV se ha visto obligado a tomar la iniciativa política en el mundo nacionalista ante la debilidad y el descrédito de ETA.
-Para los nacionalistas, el Estatuto de Gernika ha finalizado su recorrido político. Sólo la creencia voluntarista y bobalicona de que el Estatuto significa lo mismo para los nacionalistas que para los autonomistas puede impedir que se aprecie esta realidad, repetidamente expresada por los nacionalistas desde la firma del documento de Estella.
Las razones de carácter temporal son:
-El Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero no tiene mayoría suficiente para gobernar, y los próximos Presupuestos parece que serán aprobados con la ayuda de los nacionalistas y de IU. Esta situación es inmejorable para el PNV y no aconseja una retirada apresurada de su plan.
-Nadie en su sano juicio se apea de sus posiciones iniciales en los primeros escarceos del debate. Aún menos quienes lo han originado si además no se impone como condición previa que el diálogo se desarrolle dentro del ámbito constitucional.
-En el País Vasco, excepto el Partido Popular, todos consideran insuficiente el Estatuto tal y como hasta hoy se ha desarrollado.Así lo demuestran tanto la propuesta de Ibarretxe como la reforma o nueva interpretación del Estatuto de Gernika que está elaborando Emilio Guevara y que será presentada en breve por el PSE-EE.A la vista del panorama me pregunto: ¿qué motivos existen para que los nacionalistas cambien su actual apuesta soberanista? Ninguno.
Aún más interesante que la intervención de Ibarretxe me ha parecido la poliédrica conferencia de Pasqual Maragall difundida íntegramente por un diario de tirada nacional para evitar -es suposición mía- interpretaciones torticeras. El encomiable esfuerzo del diario me ha permitido, sin intermediarios mal intencionados, preocuparme con la lectura minuciosa de la propuesta política del presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
La clave de su posición radica en la necesidad de que la Constitución recoja de forma concreta y específica la diferente naturaleza de algunas comunidades autónomas. A mi juicio, la Constitución de 1978 define los rasgos fundamentales de lo que nos une, del proyecto común. Este espíritu, esencial en todas las constituciones democráticas, es compatible con la firme voluntad no sólo de respetar, sino de fortalecer los signos de pluralidad existentes en España, siendo los instrumentos constitucionales creados para tal fin los estatutos de Autonomía.
Maragall, demostrando una capacidad de iniciativa política que trasciende las fronteras de su Comunidad, hace una breve y confusa referencia al País Vasco -seguramente porque ya había sufrido algún contratiempo con ocasión de su visita a Juan José Ibarretxe- y lanza una OPA a la comunidad autónoma andaluza; dice: «Andalucía tiene razones para postular un tratamiento diferenciado entre las comunidades autónomas, puesto que posee, si no lengua propia, sí una cultura robusta y singular, y porque entró en la autonomía por la vía rápida del artículo 151 de la Constitución». No dudo de la singularidad de la cultura andaluza ni de la apuesta que hizo la sociedad andaluza en su día para acceder al Estatuto por la vía del artículo 151. Pero, ¿qué dirán los valencianos, quienes además de ser dueños de una cultura robusta, también lo son de una lengua propia? ¿Su derecho es menor? ¿Y Aragón? ¿Su Historia es insuficiente para que su nombre reluzca en el frontispicio constitucional con el mismo esplendor que Andalucía o Cataluña? ¿Y Castilla y León? ¿Merece algún comentario? ¿Para qué seguir?
La responsabilidad me impide terminar el artículo en este punto.Corriendo el riesgo de hacerlo extenso, quiero dar un paso más y terciar con una clara voluntad constructiva en la encrucijada planteada, porque banalizar o ignorar los problemas que se plantean sería tan grave como resolverlos equivocadamente.
La Legislatura pasada, fecunda en acontecimientos de naturaleza e importancia dispar, se recordará como la del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. El Pacto, suscrito por los dos grandes partidos nacionales y el Gobierno de Aznar, fue propuesto por el actual presidente del Gobierno y por ello éste fue muy duramente criticado por algunos extraños y no por pocos cercanos.Sin embargo, a día de hoy, podemos afirmar que la difícil situación de ETA se debe en gran medida a esa voluntad para luchar solidariamente contra el terrorismo de inspiración nacionalista de las dos grandes fuerzas nacionales.
Pues bien, tan complicados y sensibles son estos procesos anunciados que un acuerdo por la Constitución me parece imprescindible si queremos terminar bien el camino todavía no iniciado.
El acuerdo reconocería la posibilidad de cambios constitucionales, pero sometiéndolos a tiempos y procedimientos adecuados para que se produzcan ordenadamente e impedir que se nos vayan de las manos. El acuerdo por la Constitución debe impedir que se consoliden iniciativas de cambio desde trincheras ideológicas, políticas o territoriales y debe evitar también las tendencias impositivas que, con demasiada frecuencia, aparecen en la política española. El sectarismo y la imposición, causa y consecuencia, son enemigos de los planteamientos de modificación constitucional.Por ello, iniciativas tan importantes deben nacer del consenso entre las dos grandes fuerzas nacionales, PSOE y PP. La voluntaria e imprescindible coincidencia inicial entre PSOE y PP no debe suponer un obstáculo para buscar apoyo en las fuerzas nacionalistas.Si los primeros garantizan la unidad del proyecto, los segundos aportarían fortaleza al mismo e incrementarían la pluralidad del consenso, siempre necesario en reformas de esta naturaleza.
Por otro lado, el impulso inicial de toda reforma debe estar inspirado en los principios de igualdad y solidaridad entre los ciudadanos españoles y entre las diferentes comunidades autónomas, sean históricas o no.
Este gran consenso debe dotar de un dinamismo mayor a las relaciones entre la Administración central y las comunidades autónomas: desde el final de la Transición sólo ha sido posible ver reclamaciones de más competencias de éstas a aquélla, hasta el punto de que durante estos últimos 25 años ha parecido que lo único bueno, lo progresista de verdad, era un camino de un único sentido.Y creo que ha llegado la hora de acostumbrarnos a que la Administración central pueda reclamar competencias en manos de las comunidades autónomas por una gestión deficiente, por hechos sobrevenidos o por una utilización de las mismas en contra del interés general.
Encrucijadas parecidas a las que se nos presentan esta Legislatura han fracasado en nuestra azarosa Historia. Los verbalismos fundamentalistas, la falta de previsión, la desconfianza mutua, la incapacidad para lograr acuerdos, el ensimismamiento paralizante y una profunda falta de confianza en el proyecto común fueron los motivos. Pero también tenemos ejemplos de lo contrario: la Transición española con la Constitución de 1978 como máximo exponente, nos enseñó a ponernos de acuerdo en lo fundamental, a superar las siglas políticas a la hora de interpretar los intereses generales y a comprender al adversario. Este es el camino a seguir para culminar el recorrido con éxito.