Un pacto ambicioso, justo y posible

La gran preocupación de la mayoría de nuestros ciudadanos hoy en día se centra en la crisis económica y en su situación laboral. En su capacidad para resistir a esta extraordinaria crisis sin perder lo que es esencial en sus vidas.

Un trabajo que les reporte unos ingresos dignos, suficientes como para mantener una vivienda y poder seguir haciendo la compra en el supermercado. Un cierto confort y desahogo en su vida. Y unos servicios públicos de calidad que no les generen más incertidumbres, si no que les den la seguridad de que sus hijos recibirán una educación de calidad, que sus familiares serán atendidos con todos los recursos disponibles si caen enfermos y que tendrán una segunda oportunidad si la vida les da un vuelco inesperado.

Reclamamos, también, que la distribución de los recursos públicos se produzca de forma justa. Que reciban nuestra atención tanto los que realmente los necesitan como quienes realmente los están pagando, fundamentalmente nuestras clases medias. Y que la contribución a su sostenimiento también sea equitativa.

Conviene aclarar que en nuestro país, como en muchos otros, la contribución se produce de dos formas; individualmente, quien más recursos tiene debe contribuir más; y territorialmente, si bien todos los ciudadanos pagan impuestos como individuos o empresas, los servicios del Estado del bienestar los acaban recibiendo en función del territorio donde viven.

Parece obvio, por tanto, que en esta situación de extraordinaria escasez económica reclamemos más que nunca un trato justo y equitativo. Tanto en términos individuales como territoriales. No podemos seguir permitiendo que unos pocos puedan evadir impuestos con total impunidad y que más de una quinta parte del PIB catalán, según algunas estimaciones, no contribuya al sostenimiento de nuestra sociedad. Pero tampoco debemos resignarnos a que la solidaridad territorial acabe perjudicando nuestras posibilidades de salir de la crisis.

Igualmente, para el PSC sigue siendo tan vigente como siempre nuestro compromiso con el avance del autogobierno, también en términos fiscales y financieros. Conscientes de que quizá sea este actualmente el denominador común de una gran mayoría de las fuerzas políticas catalanas en materia de autogobierno.

Estas razones hacían necesario que los socialistas catalanes pusiéramos en valor nuestra propuesta sobre el pacto fiscal que Catalunya necesita. He querido hacerlo personalmente y hacerlo al lado de uno de los grandes expertos en federalismo fiscal de nuestro país desde el punto de vista académico y padre del modelo actual, Antoni Castells. Un gran conocedor de las dificultades que entraña su diseño y posterior negociación.

Conscientes, en cualquier caso, de que el actual modelo ha supuesto un avance decisivo tanto en términos cuantitativos como cualitativos, pero resueltos a avanzar en cuestiones en las que creemos que todavía queda mucho recorrido, como, por ejemplo, nuestra autonomía tributaria o nuestra contribución a la solidaridad.

Conscientes de que las causas fundamentales de los déficits públicos de nuestras administraciones son la crisis económica y la extraordinaria caída de los ingresos que está produciendo. Y de que por lo tanto es necesario recuperar un cierto nivel de ingresos, y no solo recortar gastos, para salir del circulo vicioso de déficit, austeridad y recesión, y propiciar medidas de reactivación de nuestra economía si queremos volver a la senda de la creación de empleo. Por esta razón, no solo estamos comprometidos con aumentar los impuestos de forma estructural a los que más puedan aportar, si no también propiciar un trato justo en nuestras relaciones financieras con el resto de España. Un trato que no nos penalice por nuestra mayor capacidad económica o nuestro mayor esfuerzo fiscal.

Pensamos que es una propuesta ambiciosa, que apuesta por compartir la llave de la caja con la Administración central, pero garantizando la última palabra para la Generalitat. Una propuesta justa, que pretende limitar la solidaridad a aquello que es estructuralmente imprescindible y que aspira al mantenimiento de la ordinalidad una vez ejercida. Una propuesta posible que toma como referencia la principal garantía jurídica de nuestro autogobierno, el Estatut, y evoluciona a partir de ella; que apuesta por un camino transitable y no por llevarnos a un callejón sin salida.

Acojo con optimismo la reacción sosegadamente positiva del president Mas ante nuestra propuesta. Me propongo, no obstante, hacer partícipe de la misma al resto de fuerzas políticas catalanas. Con el convencimiento de que nos podemos llegar a entender, como en muchas otras ocasiones, con ICV-EUiA. Sin renunciar a convencer a ERC de las posibilidades de nuestro realismo. Resuelto a no volver a cometer el error de dejar de antemano al PP fuera de un posible pacto. Convencido de que en este tema, como en muchos otros de país, la acción unitaria de una gran mayoría de nuestras fuerzas políticas solo puede beneficiar al conjunto de los catalanes y las catalanas.

Por Pere Navarro, director general de Tráfico.

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