Un pacto con la realidad

El Gobierno no explota sus propias fortalezas. No creo que existan muchos Gobiernos en el mundo que cuenten en sus filas con un catedrático de Filosofía que ha enseñado materias como metafísica, retórica y hasta teodicea. En todas esas cosas es experto Ángel Gabilondo, que, además, se explica con mucha eficacia. Por eso no se comprende, no ya que no se le haya asignado la portavocía del Gobierno -no es preciso ser Walter Cronkite para hacerlo mejor que la actual ocupante del cargo-, sino, y es a lo que voy, que no se le haya encargado una tutoría de urgencia sobre sus colegas de Gobierno (presidente incluido) para poder enfrentarse a la crisis desde las bases lógicas adecuadas.

Porque lo que sucede en el tratamiento de la crisis es que el Gobierno se niega a hacer un pacto -siquiera sea un pacto de mínimos- con la realidad. Ese pacto es previo a cualquier otro que se pretenda abordar con interlocutores políticos, sociales, económicos y, sobre todo, con la ciudadanía.

¿En qué consiste ese pacto con la realidad? Muy sencillo. Comienza por ofrecer un relato de la crisis en los términos en los que aquélla cursa y no, como lo está haciendo, bajo la forma de un cuento moral, que ni siquiera es como los de Eric Rohmer, elíptico y elegante, sino más bien tosco y maniqueo.

La cuestión decisiva no es quiénes sean los culpables de la crisis y quiénes tengan que pagarla. La cuestión es cómo se ponen las condiciones para superarla, y a partir de una narrativa precisa de esas condiciones se puede entrar a discutir el trade-off social para repartir los costes.

El Gobierno, en cambio, se ha instalado en el cuento de que los más débiles no deben pagar las consecuencias de una crisis de la que no son responsables, pues aquélla se debe únicamente a la codicia de banqueros y especuladores. En consecuencia, prohibido hablar de temas que se perciben socialmente como costosos para las capas menos favorecidas de la sociedad: no a una reforma laboral exigente, no a la congelación de los sueldos en el sector público, mucha cobertura social (mientras aguante) y nada de decretazos.

Al margen de la simpleza del argumento sobre los responsables -la sociedad es más madura que sus dirigentes: la gente entiende perfectamente que ha vivido por encima de sus posibilidades y sabe que las consecuencias de la resaca le afectan-, lo fundamental es que ese relato no lleva a parte alguna. En la medida en que la cláusula de salvaguarda social enerva la toma de decisiones imprescindibles (tales como una reforma laboral en serio o como un pacto de rentas sensible en el sector público), que servirían para contener, entre otras cosas, la sangría del desempleo, produce resultados literalmente opuestosa los que dice pretender. Esa cláusula funciona en los mítines pero no en la realidad, puesto que nada hay más destructivo para quien la sufre que una espiral de desempleo como la que se ha creado.

La fantasía no da más de sí. Ya, a trancas y barrancas, se empieza a hablar de iniciativas como el aumento de la edad de jubilación o la ampliación de los años que sirven para el cómputo de la pensión o la congelación del sueldo de los funcionarios. Iniciativas, como los corazones de Jardiel, con freno y marcha atrás.

Pero aunque, por exigencias del guión, se cambie algo la letra, se sigue tocando la melodía equivocada. El Gobierno, ha abordado así el Acuerdo Político para la Recuperación del Crecimiento Económico y la Creación de Empleo, o sea, lo que los medios han llamado el Pacto de Estado, aunque esté a años luz de merecer tal denominación, sin haber abordado antes el imprescindible pacto con la realidad.

El pacto con la realidad hubiera supuesto de entrada reconocer la condición castiza de nuestra crisis y dejar ya el discurso exculpatorio de la crisis ajena. Por inverosímil que parezca, todavía el Gobierno sigue hablando en su documento de las “características y consecuencias de la crisis económica internacional y de su impacto singular en la economía española”, es decir, que lo que pasa en España es la consecuencia de los vientos que vienen de fuera. Equivocando el mal es imposible acertar el remedio. La crisis financiera internacional no ha venido más que a agravar nuestra propia crisis económica (burbuja inmobiliaria y pérdida de competitividad) y financiera (sobreendeudamiento de familias y empresas). Por eso, por lo que tiene de castiza, nuestra crisis es más costosa socialmente (la tasa de paro dobla la media de la UE) y de peor pronóstico temporal (única de las grandes economías con retroceso del PIB en este año) que la de quienes nos rodean.

La segunda exigencia del pacto con la realidad es tan importante como la anterior y atañe a la condición socialmente onerosa de las soluciones.

De nuevo, el documento del Gobierno, la supuesta base para un acuerdo político, elude cualquier medida concreta que suponga sacrificios para los destinatarios: reformas del marco laboral, pactos de rentas a la baja, costes fiscales de la consolidación, posibles recortes en la gratuidad universal de las prestaciones sociales.

Y todos esos costes son ineludibles. Ni los créditos del ICO, ni el IVA reducido de la rehabilitación de viviendas (entre paréntesis: no estoy yo muy seguro de la eficacia de ese incentivo, toda vez que muchos aplicaban ya por su cuenta un “tipo superreducido” del 0%, bajo el socorrido expediente de no emitir ni requerir facturas), ni el coche eléctrico, ni la Ley de Organizaciones Profesionales Agroalimentarias (por poner un ejemplo entre tantos de parecido nivel como hay en el documento del Gobierno) nos los van a ahorrar.

En la mayor parte de las cosas que el Gobierno propone lo difícil no es llegar a un acuerdo, sino discrepar de él. Pero no es ése el problema. El problema es la irrelevancia o, en el mejor de los casos, la poquedad de esas medidas para enfrentar el reto que tenemos. El problema es que se propone un acuerdo sobre lo que no es problemático ni, en la mayor parte de los casos, lo requiere, y, en cambio, se soslayan aquellas cuestiones en que el acuerdo político sería imprescindible. Las que cuestan de verdad. Las que suponen repartir sacrificios y no caramelos.

En lo más recóndito de sus corazones, estoy seguro de que los responsables de los dos principales partidos saben cuáles son aquellas cuestiones. Pero, dado lo antipáticas que aquéllas son, están como los butroneros del chiste (“Pasa tú que a mí me da la risa”). Pero a cada uno le toca lo que le toca. Y, en esta situación, al Gobierno le toca justamente dar la cara primero, aun a riesgo de que, como en el chiste, se la puedan partir.

La cosa está clara: o le hablamos a la gente como a personas mayores que entienden que conseguir mejores bases para el bienestar de sus hijos exige que sacrifiquen ellos la parte menos sostenible de su propio bienestar, o seguimos enredados en el cuento moral que no nos lleva a ser felices ni, desde luego, a comer perdices, sino que nos puede dejar más bien como a la Bella Durmiente. Esto sólo lo arreglamos entre todos, sí, pero dando el callo, sacrificándonos, y llamando a las cosas por su nombre.

José Ignacio Wert, sociólogo y presidente de Inspire Consultores.