España afronta el próximo ciclo electoral en un momento muy delicado: tensiones territoriales, (in)sostenibilidad del actual sistema de pensiones, problemas estructurales en cuanto a modelo productivo, educación, sanidad… Sin olvidar la situación geopolítica global, compleja y competitiva como nunca, en el que se vislumbran ciertos síntomas de una nueva crisis económica.
En este sentido, es oportuno recordar que en los países civilizados la forma de resolver los problemas estructurales es recurrir a Pactos de Estado, donde los partidos con voluntad de gobierno sacrifican sus intereses partidistas cortoplacistas para impulsar importantes transformaciones que, generalmente, implican sacrificios a corto plazo que se verán recompensados en un futuro a medio/largo plazo. Por ejemplo, Finlandia a partir de 1992 alcanzó diferentes pactos de estado que permitieron complementar un modelo productivo basado en la exportación de materias primas con una industria tecnológica intensiva. Por su parte, Israel ha desarrollado un modelo económico de alto valor añadido y emprendimiento a partir de su visión de Start-up Nation, indiscutible en el país pese a todos los cambios políticos que han tenido lugar.
En el actual contexto político español, pedir esta altura de miras puede parecer imposible, pero permítanme soñar y que les hable de un Pacto de Estado por las Infraestructuras, que viene pidiéndose en los ámbitos profesionales desde hace bastante tiempo y que, aunque aparezca en los programas electorales, nunca llegue a tomar forma: al final, las inversiones en infraestructuras suelen ser una buena moneda de cambio para conseguir apoyos parlamentarios puntuales, tal y como hemos podido comprobar en las recientes negociaciones sobre el Presupuesto General del Estado.
Un Pacto de Estado por las Infraestructuras requiere una visión estratégica y realista del modelo de país. Las infraestructuras ferroviarias, viarias, portuarias, aeroportuarias, hidráulicas, sociales… son un elemento clave de la conformación del país, de su sostenibilidad medioambiental, económica y social y por eso su planificación debe gravitar alrededor de los niveles de prestación de servicios a los ciudadanos. De hecho, un acuerdo de estas características debería fijar los criterios estratégicos de planificación de las infraestructuras, ya que desde el punto de vista de construcción, mantenimiento y gestión son inversiones asociadas a periodos de tiempo que van más allá de la «unidad temporal política»: la legislatura.
Una vez alcanzado este Pacto, la ejecución de las directrices estratégicas recogidas se deberían concretar a través de un Plan Integral de Infraestructuras, donde se incluirían las necesarias inversiones y actuaciones a desarrollar para alcanzar los objetivos establecidos sobre aquellos indicadores específicos «de valor público», que englobarían los criterios fijados inicialmente.
Este aspecto de visión integral de la planificación es crucial, ya que en la actualidad los planes de inversión en infraestructura se acometen de forma independiente por tipología (plan de carreteras, plan de vías ferroviarias…), cuando realmente deberíamos tener presente que no podemos tener AVE, aeropuerto y autovía/autopista en todas y cada una de las capitales de provincia. Precisamente, esta visión holística de la planificación conllevaría la participación de las Administraciones implicadas para buscar la solución más eficiente para los ciudadanos en cada caso.
Por tanto, y de acuerdo con el marco legal y competencial vigente, para cada uno de los capítulos de infraestructuras se debería establecer el Ministerio o Administración líder, así como el resto de administraciones y grupos de interés a coordinar en su elaboración. A su vez, en mi opinión (y sigo soñando), para evitar potenciales tentaciones partidistas, la supervisión de las inversiones y el modelo de gestión y financiación empleados en cada caso debería llevarse a cabo por una agencia independiente, que velase no sólo por la prioridad de las infraestructuras a incluir en el Plan si no que, además, realizase un control expost de la ejecución y gestión de las mismas.
En síntesis, este necesario Pacto de Estado por las Infraestructuras requeriría un consenso mínimo y realista sobre el modelo de España que queremos, sobre los niveles mínimos de servicio a los ciudadanos y sobre la propia manera de desarrollar e implantar las directrices estratégicas. Este gran acuerdo se materializaría en un Plan Integral de Infraestructuras estable, ajeno a los vaivenes políticos y que estuviera centrado en las necesidades de los ciudadanos.
En consecuencia, siendo realistas, hasta que no tengamos un consenso mínimo sobre el modelo de país a construir difícilmente podremos conseguir este Pacto o cualquier otro. Y es una pena, porque España, entre otras cosas, necesita una política eficiente de infraestructuras, no que se haga política con las infraestructuras.
Antonio Rodríguez Furones es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y profesor asociado de estrategia del Instituto de Empresa (IE Business School).