Un pacto entre generaciones

El largo plazo conspira contra la política. Europa, el llamado Viejo Continente, lo es en sentido literal: no solo por antiguo, sino también por su progresivo envejecimiento; algo tan obvio como a menudo invisible para el debate público. Hace años que la edad media de la población europea y española se situó por encima de los 40 años mientras disminuye sin pausa la proporción de jóvenes y aumenta el grupo de los mayores de 55 años y el de quienes afortunadamente sobrepasaron los 80 años de edad.

En la primera década de este siglo la fuerte avenida de inmigrantes a España sirvió para refrescar nuestra población activa y para amortiguar los efectos del envejecimiento sobre el mercado de trabajo y sobre la financiación de nuestro sistema de Seguridad Social. Provocó también una ruptura de las previsiones que se habían hecho sobre la evolución de nuestra población, aunque no consiguió, sin embargo, contener la tendencia al envejecimiento. Su moderación fue tan coyuntural como lo es el fenómeno de la inmigración. Sirvió, eso sí, para que las reflexiones sobre nuestra evolución demográfica casi desaparecieran. Mirábamos, entonces, las cifras de población convencidos de que los aumentos constantes nos habían alejado del riesgo del envejecimiento y contemplábamos la EPA con la alegría de poder sumar aumentos de la tasa de actividad y de la ocupación y reducciones también constantes del desempleo. Las cosas tampoco han cambiado mucho por lo que se refiere a la EPA. Ahora la miramos con ganas de sacar pecho y anunciar que el túnel está quedando atrás. Pero la EPA, entonces y ahora, nos decía otras cosas que se silencian en el análisis político. Los datos del tercer trimestre de este año, por ceñirnos al último conocido, nos hacen ver otra realidad distinta a la oficial. La reducción del paro ha sido, sobre todo, la consecuencia de una disminución de la población activa, de inmigrantes en su mayoría, de la misma forma que, en trimestres anteriores, el aumento del paro había sido inferior a la destrucción de puestos de trabajo por esa misma reducción de activos.

Hace un año el INE hizo públicas unas proyecciones de la población a medio y largo plazo. Nos alertaba de que se iban a producir de forma continuada saldos migratorios negativos (es decir, más salidas que entradas); nos avisaba también de que, a partir de 2018, el número de defunciones superaría a los nacimientos, algo bastante fácil de prever si se tiene en cuenta que el número de mujeres entre 0 y 20 años es hoy inferior en dos millones al de las comprendidas entre 21 y 40. Y, por último, Estadística nos señalaba un fortísimo aumento en los próximos años de la tasa de dependencia: dentro de 20 la población menor de 65 años se reducirá en más de seis millones de personas y la de 65 años en adelante crecerá en casi cuatro millones.

La pregunta es qué ha de hacer la política ante esta realidad; y creo que la respuesta ya está escrita. Hace 18 años, las fuerzas parlamentarias presentes en el Congreso de los Diputados suscribieron un gran acuerdo sobre el futuro del sistema público de pensiones que se conoce como Pacto de Toledo. No fue, como algunos pretendieron, un pacto de silencio para sacar a las pensiones del debate político. Todo lo contrario: fue un compromiso de la política para mantener una vigilancia permanente sobre las variables que inciden en el sistema y a partir de ellas, bien sean demográficas, normativas o económicas, tomar, entre todos, decisiones de preservación del sistema público. En su sentido más profundo aquel consenso fue un pacto entre generaciones.

Nuestro sistema de pensiones se basa en el reparto y, aunque los parámetros que se utilizan para calcular sus cuantías guardan correspondencia con la vida laboral de los pensionistas, son las cotizaciones de los activos las que pagan las pensiones de hoy. Hay, pues, una solidaridad intergeneracional que es, precisamente, la que el Pacto de Toledo quiso hacer explícita y comprometer a todos los políticos para que cualquier decisión sobre las pensiones de hoy mida su impacto sobre las pensiones del futuro. Eso es a lo que obliga el pacto entre generaciones: a poner voz a las generaciones más alejadas de la edad de jubilación y a las que la única dialéctica que les llega en la actualidad se refiere a los pensionistas actuales.

Hace 20 años la población entre 20 y 44 años superaba a la de 45 años en adelante. Hoy esta última aventaja a aquella en casi cuatro millones. Nuestra población ha aumentado, pero sobre todo lo ha hecho la población que tiene, dicho sea en términos estadísticos, más años a sus espaldas que por delante. La media de edad del Gobierno es de 57 años; la de los diputados en el Congreso, 53. Pero los posibles efectos de los problemas demográficos van a vivirlos generaciones posteriores, escasamente representadas en el Ejecutivo y en el Legislativo, que han de exigir a sus mayores que no contemplen el sistema desde la certidumbre de su propia biografía; que alcen la mirada y sean conscientes de que con un mercado laboral que ha reducido la capacidad contributiva y ha hecho más inestable e insegura la carrera profesional, que ha descartado la investigación y la innovación y ha optado por la depresión de los costes laborales como vía de incremento de la productividad, el futuro del sistema de reparto corre peligro. Pero que también estén atentos a las amenazas demográficas que existen y se agravan con el abandono de la Ley de Dependencia, la falta de financiación de las escuelas infantiles, el transporte o los comedores escolares. Y, sobre todo, que les exijan no apartarse ni un milímetro del Pacto de Toledo. Porque el error más grave del Gobierno actual no ha sido innovar una nueva fórmula de revalorización de las pensiones, sino su desprecio a la negociación y al entendimiento en el seno del Pacto de Toledo. Las reformas del sistema de pensiones han de ser siempre fruto de un pacto intergeneracional lo suficientemente explícito y explicado. Porque ese, y no otro, fue el acuerdo de 1995. No se trataba de cerrar la boca ni de encogerse de hombros, sino de abrir los ojos y no ocultar la realidad para, sobre un análisis profundo y desinteresado de la misma, abrir grandes espacios de diálogo y de entendimiento.

José A. Griñán Martínez es presidente del PSOE y senador. Era ministro de Trabajo y Seguridad Social cuando se acordó el Pacto de Toledo.

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