Un pacto global por los desplazados

La crisis de los refugiados ha llamado con fuerza a las puertas de Europa, poniendo a prueba sus valores fundamentales. La reacción de muchos países, especialmente los más ricos, fue rápida y en muchos casos consistió en restringir el acceso, endurecer los controles fronterizos y levantar alambradas. Una muestra de su reticencia frente a la obligación de proteger y buscar soluciones para los refugiados contraída con el derecho internacional, la solidaridad entre estados y la consideración moral de ayudar a otros seres humanos en necesidad de protección.

Para muchas personas, la llegada de un millón de refugiados e inmigrantes a las costas europeas en el 2015 puede resultar un número elevado, pero esa visión no tiene en cuenta la magnitud global del reto. Cada minuto, 24 personas huyen de sus hogares en alguna parte del mundo a causa de conflictos armados, persecución o violaciones de derechos humanos. La noción de que Europa es el principal foco de llegadas es errónea: el 86% de los desplazados viven en países en vías de desarrollo, muchos de ellos fronterizos con estados en conflicto.

Es difícil, probablemente imposible, cuantificar el sufrimiento humano, pero baste como aproximación que 65 millones de personas -y subiendo- han dejado sus hogares por temor a perder la vida. Los seis años de guerra en Siria han provocado una catástrofe que suma ya cinco millones de refugiados, mayoritariamente acogidos en países limítrofes como Turquía, el Líbano, Jordania o Irak, desbordados por la situación y la falta de apoyo de la comunidad internacional.

Somos testigos cada día en los medios de que el peligro no cesa cuando los refugiados abandonan sus países, sino que incluso se multiplica. Solo en el Mediterráneo, más de 10.000 personas han perdido la vida desde el 2014 en busca de una vida sin amenazas. Ya en tierra, hallan su camino bloqueado por fronteras cerradas, y se ven expuestas a redes de tráfico y de trata, a abusos sexuales y al rechazo irracional e inhumano -e incluso a la violencia- de grupos racistas, xenófobos o islamófobos.

Es necesario que todos los países contribuyan a la responsabilidad colectiva y habiliten vías legales para la llegada de refugiados, asumiendo un mayor compromiso sobre el reasentamiento y la reunificación familiar con programas ágiles y flexibles, y ofreciendo visados humanitarios para personas con necesidad de atención médica urgente, y visados para los estudiantes que un día reconstruirán su país. Estos mecanismos evitarían que los refugiados caigan en manos de traficantes sin escrúpulos, que son quienes mayor provecho sacan de la tímida respuesta de los países industrializados ante la crisis.

España, segundo país con mayor superficie de la UE y quinto por población, cuenta con las condiciones para aumentar su implicación en cuestiones de protección internacional. Hoy recibe apenas el 1% de las solicitudes de asilo de toda la UE, con unas 15.000 peticiones registradas en el 2015. Sin embargo, tiene capacidad para convertirse en un verdadero país de acogida y protección, y en una referencia para otros estados. En este sentido, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y, por supuesto, la sociedad civil han manifestado reiteradamente su solidaridad y su interés por apoyar el proceso de acogida e integración de refugiados. Pero para ello se hace necesario reforzar la coordinación entre las distintas administraciones.

La reunión que celebrará la Asamblea General de la ONU el 19 de septiembre para abordar los movimientos a gran escala de refugiados y migrantes es una oportunidad importante de avanzar hacia un pacto global de corresponsabilidad. Es el momento de concretar un refuerzo determinado y decidido del sistema internacional de protección. Este pacto no requiere nuevas normas; lo que precisa es el compromiso decidido y la voluntad política de los estados para alcanzar soluciones a través de una respuesta cooperativa. Desde ACNUR confiamos en que España esté a la altura de este desafío sin precedentes y acuda a la cita con liderazgo positivo e iniciativas sustanciales que reflejen su compromiso con la obligación colectiva de proteger a los refugiados.

Cara a esta cita, en ACNUR hemos puesto en marcha la campaña internacional #ConLosRefugiados para recabar un millón de firmas, que serán entregadas al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, previamente a la asamblea del 19 de septiembre. Queremos mostrar que las sociedades de todo el mundo están comprometidas.

El mundo debe contar con un mecanismo sólido y predecible para compartir efectivamente la responsabilidad colectiva sobre la protección internacional de los refugiados. Estamos ante un reto global que es preciso gestionar ya si queremos un futuro próspero y seguro para todos. No podemos esperar.

Francesca Friz-Prguda, representante de ACNUR en España.

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