En las circunstancias políticas que estamos viviendo en España después de las elecciones del 20D, los asuntos de Seguridad y Defensa pasan desapercibidos y no parece que ocupen lugares preferentes en las negociaciones de investidura y Gobierno. Sin embargo, son ámbitos públicos de verdadera relevancia que no pueden quedar sin una reflexión política profunda y sin que la ciudadanía conozca qué posición tienen al respecto los principales partidos políticos.
Las políticas de Seguridad y Defensa no pueden improvisarse. Es cierto. Pero también lo es que son precisos, necesarios y urgentes cambios profundos en la forma de afrontar los retos que un país como España tiene para preservar su Defensa. La seguridad es un elemento sustancial e imprescindible para avanzar en más derechos y de mejor calidad y en un marco socio económico que garantice las políticas públicas de igualdad, educación, sanidad y servicios sociales, que no se olvide de los más desfavorecidos.
Estos días se habla de transversalidad, de pacto, de diálogo, de sentido de Estado y de bien común. Son, sin duda, elementos a tener en cuenta para lograr la modernización de la Defensa y la Seguridad. Cuatro son lo ámbitos que considero deben abordarse en los próximos meses y años. El primero, que considero el más importante, es el marco de la gestión de las personas que integran las Fuerzas Armadas, en muchas ocasiones abandonadas a su suerte, sin que la sociedad ni los actores políticos sean capaces de fijar su mirada en ellos y ellas, de forma que no se buscan soluciones definitivas a problemas que sí están identificados y cuya solución es posible acometer si hay verdadera voluntad para ello.
La carrera profesional de los militares requiere un gran pacto, nacido de la escucha de todos los que tienen conocimiento y opinión sobre los problemas y sus soluciones. No se puede hablar de política de Seguridad y Defensa eficaz si no se prioriza a las personas que integran las Fuerzas Armadas y se atiende a sus familias. El fracaso de reformas parciales, cosméticas y generadas artificiosamente en despachos alejados de la realidad es un hecho que por notorio no puede repetirse. No hay que tener miedo a abrir las puertas y ventanas del Ministerio de Defensa a nuevas realidades y a sus agentes. El militar debe tener certeza de cuál va a ser su proyección profesional, de cómo y en qué ha de priorizar su esfuerzo de servicio y formación si desea mejorar su trayectoria laboral.
Una política de personal que no se olvide de los militares temporales, a los que se promete y exige todo, y de los que nadie se ocupa, ha de ser una prioridad máxima. Las acciones para favorecer la plena igualdad en las Fuerzas Armadas requieren constancia, decisión y presupuesto. Las personas cuentan y son la principal capacidad de nuestra Seguridad y Defensa.
El segundo ámbito es el de la financiación de la Seguridad y Defensa, que por su propia naturaleza exige acuerdos políticos amplios que generen certeza y se correspondan con las verdaderas necesidades de nuestro país, en un entorno europeo y global muy exigente. La transparencia, una mayor y más comprensible información de la configuración presupuestaria, junto con el incremento del control parlamentario, son los pasos previos ineludibles para resolver una cuestión de la que se viene hablando desde hace años. Esta forma de proceder se ha de extender a la toma de decisiones sobre la participación de las Fuerzas Armadas en misiones de carácter internacional.
En tercer lugar, la mayor participación de la sociedad civil en los aspectos más sustanciales de las políticas de seguridad y defensa es absolutamente imprescindible. Hay que establecer cauces permanentes para ello, que superen viejas e ineficaces concepciones de lo que se ha venido a denominar cultura de Seguridad y Defensa, pensada para retroalimentar iniciativas endogámicas que no conectan con la ciudadanía.
Por último, debe afrontarse el ajuste definitivo de la jurisdicción militar para que se integre en la Justicia sin más calificativos y excepciones, con la desaparición de privilegios y aforamientos que son rechazados por la sociedad española. Los militares deben tener una justicia plenamente homologada con la que tienen otros servidores públicos y la ciudadanía en general.
Para poner en práctica y hacer realidad todo ello parece imprescindible que las paredes del Ministerio de Defensa sean permeables y se instale la voluntad de diálogo y de búsqueda de acuerdo en los equipos políticos, como elementos de gestión cotidiana. Se trata, pues, de compartir la seguridad y la defensa. Atrás deben quedar los tiempos en que se identificaban ambas políticas como cotos exclusivos de quienes visten uniforme o de determinadas élites económicas, políticas y sociales. De la capacidad para entender este cambio de paradigma dependerá que las decisiones que hayan de adoptarse sean ampliamente compartidas y obedezcan a la búsqueda del bien común, verdadero baluarte para la tranquilidad de todos.
Mariano Casado es miembro del Observatorio de la Vida Militar, dependiente del Parlamento.