El propósito de los trabajos de la Subcomisión de Educación es dar respuesta a una clara demanda política, social y educativa para alcanzar un pacto educativo. No obstante, esto no debe ser sinónimo de una renuncia a la defensa y a la aplicación de un programa político. El objetivo será hacer efectivo un acuerdo de esas políticas para que no rebasen los límites de consenso, pero evitando la pretensión de disolver los programas de cada partido para la educación. El acuerdo exige, lo primero, un diálogo honesto y leal entre fuerzas políticas sobre sus planteamientos, buscando la argumentación más convincente pero sin perder de vista que, más que cesiones, debemos buscar mínimos denominadores comunes y las líneas que definan el campo de juego. Cometen un error aquellas fuerzas políticas que quieren hacer un pacto evitando abordar asuntos de fondo porque son conflictivos.
Esta postura no es nueva para los socialistas, cuya gestión siempre ha estado vinculada a la búsqueda de acuerdos. En 2004, el Consejo Escolar del Estado trabajó intensamente en torno al documento Una educación de calidad para todos y entre todos, que el Gobierno socialista remitió como base de la LOE aprobada con un nivel alto de acuerdo, al tener exclusivamente en contra el voto del PP. La década 2000-2010 finalizó en un ambiente de búsqueda de pacto, alentado y liderado por el ministro Ángel Gabilondo y que fue rechazado por los sectores más duros del PP. El PSOE siempre va a apostar por el diálogo, porque sabemos por convicción y por experiencia que no hay otro camino para trazar una senda eficaz de mejora. Añadiré más, esta conclusión la compartimos cualquiera que nos dedicamos a la educación, ya que sabemos que sólo aunando voluntades y generando estabilidad los cambios deseados pueden ser efectivos.
Creo, honestamente, que las sucesivas comparecencias en la Subcomisión han contribuido decisivamente a ello. Es loable y muy gratificante el ejercicio de implicación y rigor con la que expertos y organizaciones educativas han colaborado para realizar un diagnóstico riguroso y plantear objetivos y soluciones para nuestro sistema educativo. Lo importante: extraer el grano de la paja y ser capaces de trabajar con estabilidad, pero sin paralización.
Lo verdaderamente importante es encontrar la mayor coincidencia en el diagnóstico, para que la visión de los políticos a la hora de priorizar posibles acuerdos se centre más en necesidades que en opiniones, más en la formación integral del alumnado que en los aspectos ideológicos, más en la equidad e igualdad –valores constitucionales– que en dar la razón a determinados grupos de presión.
Acertar en el diagnóstico compartido abre la posibilidad de dar pasos decisivos para la mejora de nuestro sistema educativo: si nos quedásemos anclados en la LOE, la Lomce o leyes anteriores, estaríamos perdiendo el tiempo y renunciando a modernizar el sistema, a homologarlo con el resto de los países de la UE, no estaríamos a la altura de las circunstancias de lo que se debe demandar en la actualidad, que es preparar para el futuro.
Necesitamos afianzar y reforzar el derecho a la educación y acordar una serie de valores que deben estar asociados a la educación, y ser compartidos por nuestra sociedad. La escuela debe ser el elemento primordial para que las desigualdades de procedencia sean compensadas mediante el entorno escolar.
La vida en sociedad conlleva que la ciudadanía comparta valores cívicos y sociales, por lo que es fundamental garantizar una educación en ciudadanía en la escuela y que sea el espacio donde se deben comenzar a integrar los valores constitucionales. La escuela debe ser un ejemplo para la igualdad de género y un espacio donde nunca se segregue a los jóvenes ni por sexo, ni por ideas, ni por procedencia, ni por creencias religiosas, ejerciendo la inclusión, la interculturalidad y la integración desde la escolarización más temprana.
Es preciso, además, fomentar la cultura de la formación y de la educación. Se trata de generar un modelo de participación social educativa que establezca el marco para empezar a hablar de la educación como una cuestión de Estado y no de partidos. La educación no debe ser una isla en la comunidad social, sino que debe estar insertada en ella y mantener relaciones con padres, entidades profesionales, culturales, laborales y administrativas.
En segundo lugar, hay que tener muy presente a la educación como recurso imprescindible de desarrollo para nuestro futuro en la sociedad del conocimiento. Hay que proporcionar al alumnado la formación que verdaderamente necesita para su futuro, primando el equilibrio entre cultura, valores, formación básica y cualificación profesional.
Algunos de los retos que debemos analizar pensando en el futuro abarcan la ordenación de la enseñanza obligatoria, principalmente en la Secundaria, que es donde generalmente se produce más debate: currículo en la ESO, organización de áreas y materias, autonomía de centros para dar respuesta a algunos de los grandes problemas que se generan por la diversidad del alumnado y la diferencia en la adquisición de competencias que demandan una oferta de programas para dar respuesta a las distintas necesidades, porque no todos los alumnos necesitan lo mismo, ni todas las asignaturas o áreas deben trabajarse del mismo modo. Por ello, han de utilizarse diferentes estrategias de enseñanza, combinando un mayor protagonismo en la construcción del conocimiento por el alumno junto a las estrategias expositivas en las que la información se presenta más estructurada.
La escolarización obligatoria también requiere la apertura del debate sobre la obtención del título, algo muy intrínseco en nuestra sociedad y cada vez menos en el entorno europeo, en el que se va optando más por certificar las competencias y su grado de adquisición. España es el país donde la repetición de curso es una práctica demasiado habitual: casi uno de cada tres estudiantes de 15 años en España (31%) ha repetido alguna vez antes de finalizar la ESO. Este debate abre otro importante y esencial para garantizar la formación a lo largo de la vida: el acceso a las vías formativas posteriores a la ESO, el abrir o cerrar oportunidades educativas y que nuestro sistema esté siempre abierto al retorno a la formación y a las posibilidades de cualificación profesional.
Modernizar el sistema educativo requiere un gran esfuerzo conjunto pero los más activos deben ser los docentes. Para ser profesor, hace falta vocación, pero también una sólida formación inicial y permanente. La formación debe ir más allá del conocimiento específico de la asignatura, incluyendo contenidos para que cualquier docente pueda ser facilitador del aprendizaje, a la vez orientador-tutor, potenciador del funcionamiento de los grupos, conocedor de estrategias de resolución pacífica de conflictos. También los docentes requieren formación para participar activamente en los órganos colegiados y unipersonales de dirección y coordinación educativa.
España en su conjunto debe afrontar algunos retos relacionados con indicadores internacionales que señalan y recomiendan tomar medidas; la reducción del abandono temprano, el aumento de las tasas de éxito y la reducción del fracaso son tres problemas asociados que requieren medidas sistémicas. La detección temprana, la atención individualizada y la orientación son algunas de las cuestiones que se deben reforzar para poder mejorar significativamente estos indicadores.
TIC y aprendizaje de lenguas extranjeras son dos retos que nuestro sistema debe tomar en serio. El nivel competencial en idiomas debe ser un objetivo de mejora, siendo preciso revisar la proliferación de programas bilingües existentes en toda España, hacer una evaluación rigurosa y definir un modelo.
Los socialistas no vamos a renunciar a contribuir a cualquier acuerdo que, de manera general o parcial, permita mejoras para el sistema educativo. Por ello, tanto en el marco de un Pacto por la Educación como desde las propuestas de mejora concretas con respaldo parlamentario suficiente, avanzaremos en este camino del diálogo y el acuerdo.
María Luz Martínez Seijo es la secretaria de Educación y Universidades del PSOE y portavoz de Educación en el GPS.