Un país convaleciente

Hace unos meses conocí a quien, allá por los primeros tiempos de la democracia, fue alcalde socialista de un pequeño pueblo aragonés. Nos explicó que nada más asumir el puesto quitó todos los símbolos franquistas del municipio, sin contemplaciones y sin excepción alguna. Añadió que hubo –claro– alguna mínima queja por parte de los nostálgicos, pero que al poco tiempo se dejó de hablar del asunto. Hoy, enfatizó, tal empresa sería mucho más difícil, si no casi imposible.

Y es cierto. El PSOE, durante 13 años cómodamente instalado en el poder, debió cortar enseguida por lo sano y limpiar el país de cabo a rabo de monumentos, placas, nombres de calle y demás parafernalia evocadora y expresiva de los valores de la larga dictadura. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por timidez, por no ir demasiado de prisa, por no ofender a la oposición, por atender otros asuntos a su juicio más relevantes? Fuese la que fuese la razón –me imagino que sobre todo el deseo de no provocar al Ejército–, aquí estamos, más de 30 años después de la muerte del Caudillo, sin que el asunto se haya resuelto aún. Un ejemplo: según las recientes averiguaciones del diario Público, en los edificios y dependencias del Ministerio de Defensa quedan todavía 336 símbolos franquistas de distinta índole. Los responsables proponen que desaparezcan… ¡26! Se aducen motivos artísticos y técnicos para no retirar el resto. Y ello con la ley de la memoria histórica en la mano, ley que no satisface a ningún progresista, pese a las mejoras de última hora logradas por Izquierda Unida.

Pero si el asunto de la simbología franquista es llamativo –muchos extranjeros bien dispuestos hacia la España democrática se quedan atónitos ante la continuada presencia de tanto emblema de aquel régimen–, ¿qué decir del tema todavía pendiente de las fosas?

La de Federico García Lorca está centrando una vez más el debate. El desaparecido más célebre de la guerra civil sigue donde estaba, con sus tres compañeros de infortunio, en la cuneta de Alfacar. Bueno, se cree que está allí, pero todavía no nos han permitido tener la prueba científica. La titular del juzgado número 3 de Granada, encargada del asunto a consecuencia de la inhibición de Baltasar Garzón, acaba de declarar su incompetencia en la materia, pese a que la fiscalía la avala. Renuncia. Y ha devuelto la patata caliente, o envenenada, a la Audiencia Nacional.

Ahora le incumbe al Tribunal Supremo decir la última palabra. Dicha instancia ha demostrado su talante actual aceptando a trámite la querella interpuesta contra Garzón por el seudosindicato ultraderechista Manos Limpias, que le acusa de prevaricación (por haberse atrevido a culpar a Franco y a 44 de sus ministros de delitos contra altos organismos de la nación y de la forma de Gobierno, así como de la desaparición forzada de personas en el marco de crímenes contra la humanidad). Gesto intolerable el del juez andaluz, no solo para la extrema derecha, sino para la derecha en general. Y ahora resulta que el ponente de la admisión de la querella contra Garzón en el Supremo, Adolfo Prego, es presidente de honor de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, próxima a Manos Limpias.

Garzón ha recurrido la admisión, naturalmente. Pero no es seguro que se salga con la suya. La derecha quiere evitar que se localicen los restos del poeta español más traducido y más amado de todos los tiempos, del poeta en quien se resumen el horror de la represión fascista y el llanto de todas las familias empeñadas en buscar a sus seres queridos antes de que sea demasiado tarde. Si se encuentra a Lorca, la publicidad mundial será masiva. Mejor impedirlo como sea.

¿Un país enfermo? Nunca me lo había planteado, de modo que me quedé helado cuando alguien sí lo hizo en mi presencia hace poco. Luego, reflexionando, llegué a la conclusión de que sería más apropiado el término convaleciente. Reponerse después de una dictadura tan larga no es tarea fácil, sobre todo cuando ha habido un pacto de silencio y casi una ley de punto final.

¿La derecha española seguirá hasta el fin del mundo sin confrontar la criminalidad del anterior régimen? Necesito creer que poco a poco avanzaremos. Además hay una buena noticia: como es bien sabido, el PP de Alicante ha venido imposibilitando desde hace años la instalación en el puerto de aquella ciudad de un monumento recordando la tragedia allí ocurrida al final de la guerra, así como de otro en lo que queda del Campo de los Almendros, calvario para miles de presos rojos. Ahora, la nueva alcaldesa popular, la joven Sonia Castedo, ha decidido que es hora de rectificar. Acaba de apoyar la moción de los socialistas para quitar los títulos honoríficos otorgados a Franco en 1940. Es un detalle muy importante. Además, está al habla con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica local, y parece ser que por fin puede haber una decisión favorable sobre los monumentos. Si es así, el PP de Alicante ganará respeto en España y fuera sin perder nada a cambio, y la alcaldesa Castedo tendrá su lugar de honor en la historia de la reconciliación. Reconciliación, me parece a mí, que es el tema más urgente que todavía tiene pendiente este país.

Ian Gibson, escritor.