Un Parlament convertido en la gestoría de Puigdemont

En Cataluña hace mucho tiempo que hemos entrado en una especie de matrix político e institucional en el que la separación de poderes, la autonomía parlamentaria y los derechos de los representantes del pueblo catalán que no se alinean con el separatismo oficial, están siendo vulnerados para favorecer los objetivos del Govern de Puigdemont y de Junqueras.

Así ha sido denunciado por prácticamente toda la oposición democrática de Cataluña, plural y diversa, que representa además a más catalanes que los grupos políticos separatistas del Parlament, dato objetivo que estos intentan sistemáticamente ocultar porque saben que destroza su relato político.

También ha sido acreditado judicialmente al amparar el Tribunal Constitucional los derechos de diputados de la oposición del Parlament frente a decisiones arbitrarias de la Mesa, adoptadas todas ellas en contra de mi criterio.

Pero ese desprecio a las instituciones se ha intensificado enormemente en las últimas semanas y días. Y yo, como vicepresidente del Parlament, no puedo tampoco ahora permanecer impasible ante lo que creo que supone denigrar la institución más importante de Cataluña para ponerla al servicio exclusivo de los intereses de Puigdemont, de Junqueras, y de los grupos parlamentarios de Junts pel Si y de la CUP.

Hasta ahora, con justificaciones muy teatrales basadas precisamente en la autonomía e independencia parlamentaria, los miembros de la Mesa que pertenecen a formaciones separatistas se han negado a cumplir con las resoluciones del Tribunal Constitucional que nos requerían a todos para impedir la tramitación de las iniciativas ilegales encaminadas a la ruptura de la Constitución democrática.

Si se presentaba una iniciativa de este tipo, rápidamente era incluida por la Presidenta en el orden del día para ser tramitada, muchas veces por la vía de urgencia, aduciendo que el Tribunal Constitucional no era quién ni tenía legitimidad para entrometerse en la vida del Parlament ni decir de qué se podía debatir ni cuándo.

Pues bien, ahora, en relación con la denominada proposición de ley de referéndum, presentada hace un mes, la presidenta, con el apoyo del resto de miembros separatistas de la Mesa, se ha negado reiteradamente a someter la misma a la Mesa para que podamos cada uno de nosotros cumplir con nuestra obligación y votar libremente y en conciencia si debe admitirse a trámite o no.

Es evidente lo que yo votaría: esa proposición, que vulnera los derechos democráticos de los catalanes y propone una especie de votación sin garantía ninguna y contraria a la Constitución, no debe ser admitida.

Pero la presidenta no me deja votar. Administra arbitrariamente los tiempos del Parlament convirtiéndolo de facto en la gestoría del Gobierno de Puigdemont y Junqueras frente al que precisamente debemos defender nuestra autonomía como institución. Se consiente que el Parlament, que es de todos los catalanes, se convierta en una simple extensión más del aparato político separatista. Se juega con la institución y se pervierte su función, su importancia y su relevancia como representante de todo el pueblo de Cataluña. De todo. De los que son independentistas y de los que nos sentimos catalanes, españoles y europeos, a los que ahora la Mesa y su presidenta nos ignoran.

Se nos dice que esa proposición “se está valorando políticamente” y que se discutirá “cuando convenga”. Son expresiones literales pronunciadas en la Mesa. Y efectivamente no parece ser una cuestión jurídica la que mueva a la presidenta a impedir la discusión sobre el tema, porque se le ha pedido que solicite a los letrados un informe jurídico y expresamente se ha negado.

La Mesa del Parlament, como órgano de gobierno de la Cámara, debe por naturaleza permanecer al margen de las estrategias o intereses políticos de grupos concretos. Pero de la mano de su presidenta se ha alineado con los intereses no solo de los grupos de Junts pel Sí y de la CUP, sino de los del Govern al que el Parlament tiene la obligación de controlar.

En el Parlament no manda la señora Forcadell, ni su Mesa. Se ha demostrado -con mucha tristeza por lo que supone para la institución- que en el Parlament de Cataluña mandan Puigdemont y Junqueras y que funciona como una gestoría para sus trámites, y no como la Cámara que representa al pueblo de Cataluña.

José María Espejo es vicepresidente de la Mesa del Parlament de Cataluña.

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