Cada día son más las decisiones políticas y normativas que nos afectan y que se toman por las instituciones de la UE. En ellas, nuestros ministros en el Consejo y nuestros representantes en el Parlamento Europeo las discuten, las negocian y las aprueban junto con nuestros socios de los demás países de la UE.
Y, sin embargo, en la mayoría de los casos, estos debates no están presentes en la agenda política española mientras se están discutiendo y decidiendo. No se habla de ellos en el Parlamento nacional, ni en los autonómicos; y tampoco se informa ni se opina en los medios de comunicación. “Esos son temas de Europa (¿?) que aquí no tienen interés”, se dice.
Y claro, cuando las decisiones ya han sido tomadas –por nuestros gobernantes y representantes junto al resto de los europeos– frecuentemente ni se saben explicar ni se saben aplicar. Y se permiten interpretaciones interesadas y a menudo falseadas por los gobernantes de turno, que no han sabido defender adecuadamente los intereses españoles, o que simplemente tergiversan la información imputando sus propias decisiones o mal gobierno a decisiones que vienen de fuera, “que nos impone Europa”.
Uno de los elementos que contribuye a esta situación es la peculiar manera en la que el Parlamento español participa –o, mejor dicho, no participa– en el proceso de debate y decisión de la legislación comunitaria.
En mis primeras reuniones del grupo de trabajo del Consejo de la UE, representando a España en las negociaciones del paquete legislativo del Programa Marco de Investigación, como consejera del ministerio español responsable de la Ciencia, me sorprendía que algunos de mis colegas presentaban “reserva parlamentaria” respecto a ciertos aspectos de la propuesta legislativa de la Comisión Europea (CE). Cuando pregunté por el significado de tal reserva me explicaron que tenían que mantener su reserva hasta que su Parlamento nacional se pronunciara sobre tales aspectos.
Pero en España la situación es diferente. La posición española en la negociación y aprobación final de la legislación comunitaria la define el Gobierno y no precisa de la opinión del Parlamento nacional.
En otros países europeos –desde luego en los más influyentes– el Parlamento nacional discute y emite opinión sobre cada propuesta legislativa de la Comisión Europea (aunque sea no vinculante), y esos debates se realizan en la comisión sectorial correspondiente donde están los expertos en el tema, e incluso llegan al pleno del Parlamento si la importancia política del asunto lo requiere.
En el Parlamento español, la Comisión Mixta para la UE es la encargada de que “las Cortes Generales tengan la participación adecuada en las actividades de la UE”. Por tanto, recibe las iniciativas legislativas de la CE y toda la información relevante, incluidos los informes sobre sus consultas, y a su vez las remite a los Parlamentos autonómicos, pero no las envía para su debate a la comisión sectorial correspondiente en función del asunto del que se trate.
Los miembros de la Comisión Mixta no son –no pueden ser– expertos al mismo tiempo en economía, agricultura, energía o sanidad. Y, por tanto, no pueden tener los conocimientos y la sensibilidad política necesaria para valorar la problemática o el interés de los diferentes aspectos de cada propuesta legislativa. Esa valoración deberían hacerla los diputados pertenecientes a la comisión parlamentaria específica del área política correspondiente, que serán especialistas en el tema en cuestión.
Y en esos debates los distintos partidos políticos podrían expresar sus posiciones sobre, por ejemplo, y por utilizar temas de mi especialidad, las siguientes disyuntivas: ¿en el presupuesto europeo tiene que haber más dinero para el PM de Investigación o para los fondos estructurales o la PAC (donde España obtiene más retornos)? ¿El presupuesto del PM de Investigación tiene que dedicar más a la investigación de frontera en el Consejo Europeo de investigación o a las becas de movilidad de investigadores? ¿A las iniciativas tecnológicas conjuntas lideradas por las grandes industrias europeas o a la investigación en las pymes? ¿Nos conviene aumentar los fondos europeos donde nuestros investigadores colaboran y compiten con sus colegas del resto de Europa o es mejor utilizar ese dinero para nuestros programas nacionales de investigación? ¿Nos interesa un programa sobre colaboración con terceros países del Mediterráneo o más fondos para investigación en el Espacio?
El Gobierno puede tener la prerrogativa de definir la posición española en las decisiones de la legislación europea, pero como ciudadana a mi me gustaría saber qué piensan los partidos de la oposición al respecto, y que harían si gobernaran ellos. Al menos eso.
Pero, hoy por hoy, la participación del Parlamento español en los asuntos que nuestro país decide conjuntamente con nuestros socios europeos es tan lamentable que el presidente del Gobierno no ha tenido a bien informar de los resultados de las dos últimas sesiones del Consejo Europeo, como tiene la obligación de hacer aunque sea a posteriori, y no hemos escuchado a uno solo de los partidos de la oposición que haya protestado por ello.
Si queremos profundizar en la integración europea y que los ciudadanos valoremos la importancia de ésta para nuestro progreso y bienestar, tiene que haber una mayor implicación de los Parlamentos nacionales en el proceso de debate y decisión de las normas comunes que adoptamos conjuntamente con nuestros socios, los demás países de la UE.
Milagros Candela ha sido profesora titular de Genética en la UCM y Consejera de Investigación en la REPER española ante la UE (2004-2014).