Un peligroso silencio

El goteo incesante de informaciones que desvelan irregularidades de grueso calibre en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), unido a la utilización partidaria de dossiers académicos de políticos relevantes, ha permitido construir debates que cumplen con todas las características de la cortina de humo.

De un lado, han servido para desviar la atención, incluso en sede parlamentaria, sobre las necesidades reales de los ciudadanos, la verdadera prioridad política. De otro malgastan una oportunidad para analizar y tratar de dar respuesta a los problemas de una institución sin la que no es posible ni el progreso ni el bienestar de ninguna sociedad, la Universidad. Salvo que pensemos, claro, que la Universidad española vive en el mejor de los mundos posibles. Puede que le parezca raro a algún lector, pero les aseguro que ese es el mensaje que las máximas autoridades universitarias repiten como un mantra. En estas páginas lo habrán leído de boca del ministro y del presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE). Todo se resuelve con dos recetas: se trata de incidentes aislados (echemos mano de la estadística) y, en todo caso, no nos toca, porque la autonomía universitaria nos prohíbe actuar: dejemos actuar a la propia Universidad (?) y/o a los Tribunales de Justicia.

Lo más llamativo en este asunto es precisamente esto, ese que es una omisión de responsabilidad, académica y política. Los universitarios, los ciudadanos, sufrimos desde hace meses el ruido, la indignación y el desánimo que producen los abrumadores indicios de colonización de una Universidad pública por intereses ajenos. Esa grosera instrumentación que sucede en la URJC y no solo desde el PP de Madrid que la ha usado y abusado de ella a su antojo, sino por parte de empresas y particulares, no es posible sin la complicidad, activa o por omisión, de las autoridades académicas y de sus instancias de control. Los viajes turísticos desde Italia para obtener títulos son solo el penúltimo detalle del escándalo.

El silencio de nuestras autoridades universitarias es una opción aparentemente avalada por el principio de autonomía universitaria. E incluso hay quien puede añadir que el ruido y la furia circunstanciales son el peor escenario para discutir a fondo problemas como los señalados, o los de la precarización del profesorado, la inadecuación y opacidad de las agencias encargadas de la selección del mismo y del control de la calidad de los títulos, el abandono de la investigación en las Universidades so pretexto de primar las verdaderas casas y semilleros de ciencia e investigación, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y los Organismos Públicos de Investigación (OPI).

Esa opción por el silencio contribuye a extender la sospecha ante preguntas legítimas que se hace la opinión pública: ¿solo son problemas de esa Universidad? ¿Es suficiente garantía la arquitectura de gobierno de las Universidades, con el Consejo Social como pieza destacada, para evitar esos riesgos, o los propicia? ¿En qué medida el diseño de grado y másteres, so pretexto de Bolonia, abocó a la transformación del mundo universitario en un microcosmos a la búsqueda desesperada de clientes y financiación, abandonando exigencias mínimas de su condición de servicio público?

Pues bien, sin entrar a fondo en la discusión de la interpretación constitucional del principio de autonomía universitaria enunciado en la Constitución, perfilado en sentencias del Tribunal Constitucional y sobre el que existe una amplia bibliografía académica incluida la que lo considera como un mito propio de otro contexto histórico, hay algo que me parece claro. Ese principio no puede servir en ningún caso para obstaculizar otro principio aún más básico, en la Universidad y en democracia. El de transparencia, el principio kantiano de publicidad reformulado por Habermas en un viejo ensayo que fue su disertación para la cátedra. La comunidad universitaria, la comunidad científica, no tiene sentido sino como comunidad abierta a la libre discusión. Y la democracia misma no puede existir sin la institucionalización de la publicidad de las decisiones públicas, como garantía básica del control por parte de los ciudadanos, los soberanos, del ejercicio del poder de los servidores públicos.

En ese sentido, el bloqueo en la Mesa del Congreso de una iniciativa para la comparecencia de los rectores y exrectores de la URJC, con pretextos propios de un reglamentismo más parecido a la piratería parlamentaria que a la voluntad de transparencia y abusando así de una pintoresca interpretación del principio de autonomía universitaria, señala el mal camino. Quizá se corrija parcialmente en la Asamblea de Madrid, con la creación de una comisión de investigación ad hoc. La tentación de bloquear o posponer la inmediata y transparente investigación y rendición de cuentas es la peor decisión posible si se quiere defender ese bien social, político y jurídico que es la Universidad pública. La CRUE no puede seguir ignorándolo.

Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y director del Instituto de DDHH de la Universitat de Valencia.

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