Todo el mundo habla de deuda y se citan cifras nominales enormes que afectan en gran medida a los debates sobre las políticas públicas en todo el mundo, pero toda la deuda no se crea igual.
Para empezar, por lo que a la deuda pública se refiere, hay una gran diferencia entre las cifras brutas y las netas. Mientras que la deuda pública bruta del Japón, por ejemplo, asciende nada menos que a un 246 por ciento del PIB, la cifra neta, que tiene en cuenta las deudas intraestatales, es un 127 por ciento del PIB.
Además, lo que de verdad debe importar respecto de la carga de deuda pública de un país es el previsto costo anual de los intereses. Como ha señalado recientemente Daniel Gros, la deuda que se puede refinanciar indefinidamente con un tipo de cero interés en modo alguno es una deuda. Se trata de un ejemplo extremo, pero cuanto más cerca de cero esté un tipo de interés fijo y cuanto más largo llegue a ser el vencimiento, menor será la carga del volumen de deuda.
Aunque la deuda pública de Grecia asciende al 175 por ciento, aproximadamente, del PIB, gracias a los tipos de interés bajos, que son fijos en una gran proporción de ella, y los vencimientos largos, puede ser más viable de lo que parece. La relación del servicio de la deuda pública griega con el PIB es similar a la de Portugal o incluso a la de Italia. De hecho, ésa es la razón por la que el último acuerdo con Grecia, que entraña incluso más fondos para el rescate, podría dar resultado, siempre y cuando se conceda a este país la reconfiguración de la deuda que necesita para corregir el descenso del PIB y, además, reduzca sus superávits primarios y aplique reformas que fortalezcan el balance general.
Semejantes consideraciones subrayan por qué es un error centrarse sólo en los presupuestos anuales, sin prestar la atención debida a las repercusiones en el balance general a largo plazo de la forma en que se utilice el dinero tomado en préstamo. Esa atención estrecha y a corto plazo difiere de la adoptada en el caso de las empresas cotizadas en bolsas de valores, en cuyo caso se insiste en la solidez del balance general y del potencial de la economía, junto con los estados de ingresos anuales.
Imaginemos, por ejemplo, que Alemania se endeudara con un tipo de interés fijo del uno por ciento y un vencimiento de diez años e invirtiera esa cantidad en reparar la infraestructura nacional de transporte. Esas inversiones rinden un tipo financiero de rédito real de un cuatro por ciento mediante tasas, peajes y, a largo plazo, ingresos por impuestos (debidos a un PIB en aumento). Semejantes inversiones fortalecerían directamente el balance general del sector público de Alemania, por no hablar de los beneficios sociales acumulados gracias a la reducción de la congestión del tráfico y una atmósfera más limpia.
Además de las infraestructuras, el gasto para mejorar la educación –concretamente, para velar por que se impartan a la próxima generación las aptitudes que necesita para contribuir a la economía del siglo XXI– daría como resultado también un crecimiento más rápido del PIB y, además, rendiría probablemente importantes beneficios sociales.
En el caso de los gobiernos con acceso a los extraordinariamente bajos –y con frecuencia negativos– tipos de interés reales actuales, puede parecer más que evidente la ventaja de endeudarse e invertir más en proyectos con beneficios a largo plazo. Hacerlo fortalecería sus balances generales, atraería la inversión del sector privado y propiciaría la creación de empleo, pero el debate político raras veces se centra en los cálculos de los balances generales.
Desde luego, se están logrando algunos avances con miras a hacer intervenir las consideraciones a largo plazo en las reglas presupuestarias anuales. Órganos como la Comisión Europea distinguen cada vez más entre los componentes estructurales y los cíclicos de un déficit presupuestario y, por tanto, tienen en cuenta en sus cálculos la producción potencial, que aumenta con la inversión, pero se trata de un pequeño paso en la dirección correcta.
Para que el planteamiento basado en los balances generales a largo plazo cobre impulso, los políticos tendrán que abandonar los sesgos ideológicos que están distorsionando la política fiscal. Los partidarios de la austeridad utilizan actualmente las cifras nominales de la deuda para asustar a los votantes, incluso en países con unos bajos tipos de interés sin precedentes y grandes beneficios del sector privado, que no se están encauzando hacia la inversión. Para contrarrestar sus argumentos, los creadores de opinión deben subrayar los esperados beneficios a largo plazo del incremento de la inversión pública, no con argumentos ideológicos, sino con ejemplos concretos de los diversos sectores que en el pasado reciente han tenido una tasa de rédito bastante positiva.
Naturalmente, como ha explicado el economista Charles Wyplosz, el análisis de la sostenibilidad de la deuda es por naturaleza incierto, pero se pueden prever algunas necesidades con bastante seguridad. En medio de una inmensa demanda no satisfecha de nuevas infraestructuras compatibles con el clima y de trabajadores con aptitudes modernas, cualquier gobierno semicompetente debería poder demostrar la probabilidad de los importantes réditos reeales que resultarían del incremento de la inversión.
En muchos países, se podría esperar con realismo un rédito medio del cuatro por ciento por al menos un punto porcentual del valor en el PIB del incremento de la inversión. Si el tipo de interés real marginal es el uno por ciento, un aumento de la inversión pública reduciría en realidad el endeudamiento futuro. Naturalmente, es posible que un aumento demasiado grande presionara los tipos de interés reales, con lo que desplazaría la posible inversión privada. Si existe un riesgo importante en materia de tipos de cambio, como, por ejemplo, en los países que no tienen una divisa de reserva, se debería tenerlo en cuenta también.
Los debates actuales sobre la política fiscal no deberían centrarse en cifras simplistas propias de titulares de periódicos. Para fortalecer las cuentas públicas, tanto los conservadores como los progresistas deberían comenzar a promover un planteamiento de la adopción de políticas basado en los balances generales a largo plazo para velar por que los debates se basen en datos pertinentes. De lo contrario, seguirán prevaleciendo políticas erróneas y, con ellas, un crecimiento anémico del PIB y una creación de empleo muy lenta.
Kemal Derviş, former Minister of Economic Affairs of Turkey and former Administrator for the United Nations Development Program (UNDP), is a vice president of the Brookings Institution. Traducido del inglés por Carlos Manzano.