No hay futuro sin una escuela pública de calidad, y el futuro de nuestra escuela está amenazado por una supuesta “racionalización” de sus horarios. Les pongo en antecedentes: buena parte de las escuelas públicas están adoptando la jornada continua, lo cual supone trasladar las clases de la tarde a la mañana, posponiendo la comida. Desde los tres años, los niños tienen una jornada intensiva de nueve a dos de la tarde con un descanso de 30 minutos. La jornada continua nació hace más de 30 años, no como una propuesta pedagógica radical, sino porque la falta de colegios obligó a tener varios turnos. Aunque finalmente el problema se resolvió, la jornada continua permaneció y desde entonces se va extendiendo a golpe de referéndum en las escuelas públicas del país.
¿Y si por serendipia —y contradiciendo el segundo principio de la termodinámica— esta reforma, nacida de la necesidad, fuera también buena pedagógicamente? Los expertos académicos opinan que no. La física no falla y la intuición tampoco. Los niños necesitan los recreos —desconectar— para volver a recuperar la atención. Se cansan más con la jornada continua y aprenden menos, según los escasos datos que existen sobre rendimiento escolar. Tampoco los pediatras aconsejan a sus pequeños pacientes que almuercen por la tarde, cuando se levantan casi de madrugada. Además, con una jornada continua, la interacción de la comunidad escolar se reduce, los niños tienen menos tiempo para jugar entre ellos y los padres y profesores coinciden, charlan y se conocen menos. Tampoco la jornada continua nos acerca a Europa: en los países de nuestro entorno, la norma es la jornada partida, incluso con más espacios de distensión y haciendo la duración de la jornada creciente con la edad.
Se preguntarán entonces por qué, si la jornada continua se parece a las 12 plagas de Egipto, se impone “democráticamente” en referendos. Esto es así, por ejemplo, porque algunos padres prefieren recuperar a sus hijos a las dos de la tarde, porque piensan que ellos pueden alimentar mejor que la escuela su cuerpo y su espíritu. También existen otras razones más mundanas para apoyar el cambio, como el ahorro de los gastos de comedor. Pero sobre todo, la jornada continua se impone por desinformación. ¿Recuerdan el referéndum del Brexit? Muchos padres acuden a votar desinformados o siguiendo el consejo de algunos de sus profesores que pregonan las virtudes homeopáticas de la jornada continua.
Porque este modelo coloca a los profesores —lo que es muy relevante— en la difícil tesitura de tener que poner en una balanza sus intereses laborales y el bienestar de los niños. Ante tal diabólico conflicto de intereses, debería ser la Administración, y no los profesores, la que jugase el papel de árbitro del proceso, informando, evaluando y regulando. Pero las autoridades están ausentes: no se publican estudios, no se hacen evaluaciones, o si se hacen, no se dan a conocer; no hay capitán. Nuestro Estado de bienestar se “deconstruye”, como diría Adrià, como consecuencia de la improvisación.
Aunque la jornada continua se está implantando en todo el territorio, lo está haciendo en mayor medida en zonas con menor renta per capita y mayor tasa de desempleo. Por ejemplo, en Madrid, la jornada continua es el modelo dominante en el sur de la comunidad y el corredor del Henares, pero una excepción en los municipios ricos de la zona noroeste. Por ello, si la jornada continua es un experimento fallido, como sugieren los pocos datos que tenemos, las familias más frágiles serán las más perjudicadas y la brecha de la desigualdad se ampliará. En algunas zonas de EE UU se aplica la política opuesta: en las escuelas de las zonas más desfavorecidas se financian programas para extender la jornada escolar más que en el resto de los colegios. La lógica es clara: la renta está asociada al nivel educativo de las familias, por lo que son precisamente estos niños los que se benefician más del tiempo que pasan en la escuela.
Si gran parte de la clase media, con padres profesionales y nivel educativo alto, había abandonado ya la escuela pública, la jornada continua terminará por completar esa migración hacia centros concertados y privados. Existen múltiples razones por las que este proceso impactará negativamente en la calidad de la enseñanza pública; una menos evidente pero fundamental: cuanto menos clase media opte por la escuela pública, menos peso tendrá en el debate social y en la agenda política. ¿Es esto lo que queremos?
Juan José Ganuza es catedrático de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra.