Un presupuesto para una Unión más competitiva

El pasado 29 de junio, la Comisión Europea presentó sus propuestas para establecer un marco financiero plurianual de la Unión Europea, dando así el pistoletazo de salida a unas negociaciones con el Consejo, el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales, que serán, sin duda, difíciles, pero que deberían permitirnos tener unos presupuestos de la Unión estables y equilibrados a partir del 1 de enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2020, haciendo posible así que Europa, y por lo tanto España, estén preparadas para cumplir con los objetivos de empleo, I+D, educación, reducción de la pobreza y energía establecidos para 2020 y que nos ayudarán a salir de la crisis.

Estas propuestas reflejan nuestro deseo compartido de mantener un estricto control del gasto en estos tiempos de austeridad, con unos pagos en los siete años que abarca el presupuesto equivalentes al uno por ciento de la Renta Nacional Bruta de la Unión Europea.

El presupuesto de la UE no pretende hacer lo que puede y debe hacerse a nivel nacional. Se concentra en áreas que son importantes, pero en las que los gobiernos nacionales no pueden financiarse con sus propios recursos, ya sea por la escasez de fondos o por la necesidad de una coordinación entre varios Estados miembros. Nuestro objetivo es favorecer la sinergia de la UE con los Estados miembros y de estos entre sí.

Por ello, nuestras propuestas presupuestarias tendrán un impacto real y positivo en la vida diaria de los europeos. Un excelente ejemplo de ello es el nuevo mecanismo «Conectar Europa», que contará con 40.000 millones de euros para financiar grandes proyectos paneuropeos de infraestructuras en energía, transporte y tecnologías de la información, como el Corredor Mediterráneo, que mejorará las conexiones ferroviarias desde Valencia, el sur de Francia y el norte de Italia hasta la capital eslovena, Liubliana. Otro buen ejemplo son las nuevas interconexiones eléctricas entre España y el resto de Europa, que favorecerán el desarrollo del mercado de las energías renovables, un sector en el que España es líder.

Existen otras propuestas, dentro del paquete aprobado por la Comisión, que consolidarán los esfuerzos de los españoles para volver a un crecimiento sostenido y a la creación de empleo. Una de ellas es la inversión en conocimiento. La Comisión propone dar un gran impulso a la investigación y a la financiación de la innovación en la UE, capítulos a los que se destinarán 80.000 millones de euros durante el período 2014-2020, con el objetivo de incentivar la investigación científica europea. Existen muchos y excelentes centros de investigación en España, tanto públicos como privados, que tendrán acceso a una mayor financiación para impulsar la innovación en sectores punta y mejorar así la competitividad.

Se trata también de conseguir un nivel ambicioso para los presupuestos de esos años, con la pretensión de luchar contra el paro y combatir la pobreza, prioridades indiscutibles para España. Al aumentar la dotación del Fondo Social Europeo hasta los 84.000 millones de euros, dispondremos de más dinero para invertir en educación, formación profesional y otros programas específicos para ayudar a los desempleados a encontrar trabajo.

Al mismo tiempo, nuestro objetivo es mejorar la eficacia de la política de cohesión de Europa, manteniendo en poco más de un tercio del gasto total la proporción del presupuesto que se dedica a este capítulo esencial. Es cierto que España ha efectuado tan enormes progresos que las condiciones para beneficiarse de fondos procedentes de la Política de Cohesión serán más estrictas y menos «automáticas». Ello es en sí mismo la prueba del éxito de las políticas de la solidaridad en Europa y del salto cualitativo efectuado por España. Pero hay que dejar bien sentado que un buen número de comunidades autónomas, muchas de las cuales han disfrutado hasta ahora de los beneficios de la convergencia de las rentas que ha registrado la economía española en los últimos veinticinco años, seguirán beneficiándose de los fondos de cohesión que se invertirán en fuentes de crecimiento inteligente y sostenible.

Por último, los agricultores españoles y de otros países de la UE pueden seguir confiando en una política agrícola fuerte. El treinta por ciento de las ayudas directas quedará condicionado al uso de prácticas de agricultura ecológica. Y habrá una distribución más equitativa de las ayudas, con un límite en los pagos a grandes explotaciones agrícolas.

El presupuesto de la UE solo producirá resultados adecuados si se acompaña de reformas estructurales que proporcionen las bases para que el mercado pueda generar un crecimiento con una creación de empleo elevada. De ahí la importancia de las medidas nacionales para mejorar el funcionamiento de los mercados laborales y de productos y para fomentar la inversión en capital humano y conocimiento.

En este contexto, y dentro del proceso de coordinación económica de la UE, los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE aprobaron el mes pasado recomendaciones específicas para los 27 Estados miembros, formuladas por la Comisión. En ellas se establecen las acciones prioritarias que, en base a nuestro análisis, cada país deberá poner en práctica en los próximos doce a dieciocho meses para hacer frente a sus carencias económicas más significativas. Muchos de ellos, por ejemplo, necesitarán esfuerzos adicionales para mejorar el entorno empresarial y aumentar la competencia, especialmente en el sector de los servicios; o para aumentar la participación de los trabajadores, especialmente de las mujeres y de los trabajadores de mayor edad, para combatir el paro de larga duración y reducir el desempleo entre los jóvenes.

La importancia de estos objetivos en la actual coyuntura de la economía española es evidente. El objetivo de estas medidas es proteger a los más vulnerables y mantener la inversión en aquellas áreas que más favorecen el crecimiento: investigación e innovación, educación y energías renovables.

Estos son los principios que nos han guiado en la elaboración del presupuesto para nuestra Unión. Abrigamos la firme esperanza de que el debate con los gobiernos y el Parlamento Europeo dé lugar a una propuesta final con idénticos y, si cabe aún, reforzados objetivos.

En este sentido, queremos recordar la importancia de respetar el calendario de negociación. Todos los actores implicados tenemos que ser conscientes de nuestra «obligación de resultado» frente a los ciudadanos europeos. Si queremos tener un marco financiero plurianual para el 1 de enero de 2014, debemos alcanzar un acuerdo político sobre el paquete presupuestario al final de la presidencia chipriota en diciembre de 2012. Ello nos dará espacio de tiempo suficiente para que los textos legislativos se adopten formalmente a principios de 2013 y puedan entrar en vigor antes del 1 de enero de 2014. En efecto, no hay que olvidar que, en lo que se refiere a los recursos propios de la Unión, la decisión del Consejo deberá ser aprobada a continuación por todos los Estados miembros de acuerdo con sus respectivas normas constitucionales, lo que implica su aprobación y aceptación expresa por los 27 Parlamentos nacionales.

José Manuel Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea y Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia.

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